Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio han generado una ola de preocupación a nivel internacional, reflejada en numerosos pronunciamientos y comunicados que subrayan la necesidad de transparencia, imparcialidad, respeto a los derechos humanos y restauración de las instituciones democráticas en el país.
La comunidad internacional ha manifestado una preocupación compartida por las irregularidades observadas durante y después del proceso electoral, destacando la necesidad de garantizar la voluntad del pueblo venezolano y la protección de los derechos fundamentales.
El 30 de julio, el Centro Carter[1], una organización con larga trayectoria y credibilidad en la observación electoral, declaró que las elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. Según su evaluación, el proceso estuvo marcado por restricciones a las libertades fundamentales y parcialidad de las autoridades electorales a favor del oficialismo en contra de los candidatos de la oposición, lo que desvirtúa cualquier pretensión de legitimidad democrática.
El 7 de agosto, en un llamado de acción urgente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony J. Blinken, y el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconocieron la victoria del candidato Edmundo González, condenaron la violencia política y la represión post electoral y expresaron su disposición de apoyar un proceso inclusivo, liderado por Venezuela, hacia la transición y el restablecimiento de las normas democráticas[2]. Entre tanto, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó la violencia política post electoral y aseguró que el mundo está observando esta situación a la que consideró “no es el camino sostenible, ni tampoco señal de fortaleza”.
El 12 de agosto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela[3] condenó la feroz represión que el gobierno venezolano ha desplegado desde la celebración de los comicios. La Misión documentó 23 muertes en el contexto de las protestas postelectorales y denunció detenciones arbitrarias en donde además se viola gravemente el debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante un sistema de justicia que responde a los intereses del gobierno. En ese sentido, hizo un llamado a “detener la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[4], VolkerTürk, hizo lo propio, y expresó su profunda preocupación por el creciente número de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela, lo cual ha generado un clima de miedo e intimidación entre la población.
Mientras tanto, fiscales de la Corte Penal Internacional, quienes ya llevan una investigación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, afirmaron el pasado 12 de agosto que están “monitoreando activamente los acontecimientos actuales y han recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela” [5].
Por su parte, en un informe preliminar publicado el 13 de agosto, el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas[6] señaló que las elecciones no cumplieron con los principios esenciales de transparencia e integridad, fundamentales para unos comicios creíbles. Aún más, aseguraron que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas.
Aún más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE)[7] también se pronunciaron el 15 de agosto, condenando las prácticas de violencia institucional y persecución política en el marco del proceso electoral, al que denominó “terrorismo de Estado” y el cual incluye el uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones judiciales, hostigamientos, censuras, restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y obstáculos a la labor de la defensa de derechos humanos. La CIDH advirtió que estas tácticas de represión no solo buscan silenciar a la ciudadanía, sino que también consolidan la negación del derecho a la participación política, en un contexto de vulnerabilidad y desprotección absoluta frente a los abusos del poder
Por último, y más recientemente, el 16 de agosto, veintidós países[8] y la Unión Europea, emitieron una declaración conjunta en Santo Domingo exigiendo la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones y la verificación “imparcial” e “independiente” de los resultados. Los firmantes expresaron también su profundo rechazo a la represión de manifestantes y a la violencia que ha costado la vida de personas venezolanas en el contexto postelectoral, instando al cese inmediato de la violencia y a la liberación de todos los detenidos, incluidos representantes de la oposición[9].
A este pronunciamiento, se le suma una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)[10] también del 16 de agosto, en el que subraya la urgencia de garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral. Por ello exigieron a las autoridades de Venezuela la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio, y que se “respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.
Estos pronunciamientos internacionales son un reflejo de la gravedad de la situación en Venezuela y la importancia de proteger los derechos humanos y recuperar la institucionalidad democrática en el país. La comunidad internacional ha dejado claro que no tolerará las violaciones a los derechos fundamentales y continuará presionando para asegurar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada.
Finalmente, en un contexto donde las instituciones nacionales han sido debilitadas y la confianza pública en los procesos electorales está gravemente erosionada, el papel de la comunidad internacional se vuelve esencial no solo como observadora, sino como garante de que los principios democráticos y los derechos humanos no sean ignorados ni violados impunemente, por ello, estos pronunciamientos son un recordatorio contundente de que la vigilancia internacional es crucial para asegurar que la voluntad expresada por la población el pasado 28 de julio sea respetada y que el país pueda reconstruir sus instituciones sobre bases sólidas y justas.
The international community demands transparency and respect for human rights after the results of the last electoral event in Venezuela
The presidential elections held in Venezuela on July 28 have generated a wave of concern at the international level, reflected in numerous statements and communiqués stressing the need for transparency, impartiality, respect for human rights and the restoration of democratic institutions in the country.
The international community has expressed a shared concern about the irregularities observed during and after the electoral process, stressing the need to guarantee the will of the Venezuelan people and the protection of fundamental rights.
On July 30, the Carter Center[1], an organization with a long history and credibility in electoral observation, declared that the elections in Venezuela did not meet international standards of electoral integrity. According to its evaluation, the process was marked by restrictions to fundamental freedoms and partiality of the electoral authorities in favor of the ruling party against opposition candidates, which undermines any pretense of democratic legitimacy.
On August 7, in a call for urgent action, the Secretary of State of the United States of America, Antony J. Blinken, and the Secretary General of the United Nations, António Guterres, recognized the victory of candidate Edmundo González, condemned political violence and post-electoral repression and expressed their willingness to support an inclusive process, led by Venezuela, towards transition and the reestablishment of democratic norms[2]. Meanwhile, the US Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs, Brian Nichols, condemned the post-electoral political violence and assured that the world is watching this situation which he considered “is not the sustainable path, nor is it a sign of strength”.
On August 12, the International Independent Fact-Finding Mission on Venezuela[3] condemned the fierce repression that the Venezuelan government has deployed since the elections. The Mission documented 23 deaths in the context of the post-electoral protests and denounced arbitrary detentions in which due process is seriously violated, leaving people unprotected before a justice system that responds to the interests of the government. In this sense, he made a call to “stop the growing repression that is shaking the country since the presidential election of July 28, and to thoroughly investigate the avalanche of serious human rights violations that are occurring”.
The United Nations High Commissioner for Human Rights[4], VolkerTürk, followed suit, expressing his deep concern over the increasing number of arbitrary arrests and the disproportionate use of force in Venezuela, which has generated a climate of fear and intimidation among the population.
Meanwhile, prosecutors from the International Criminal Court, who are already conducting an investigation in Venezuela for possible crimes against humanity, stated on August 12 that they are “actively monitoring current events and have received multiple reports of cases of violence and other allegations following the July 28 presidential elections in Venezuela” [5].
For its part, in a preliminary report published on August 13, the United Nations Panel of Electoral Experts[6] pointed out that the elections did not comply with the essential principles of transparency and integrity, fundamental for credible elections. Moreover, they asserted that the lack of detailed results was unprecedented in contemporary elections.
Furthermore, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its Special Rapporteur for Freedom of Expression (RELE)[7] also issued a statement on August 15, condemning the practices of institutional violence and political persecution in the framework of the electoral process, which it called “State terrorism” and which includes the arbitrary use of force, arbitrary detentions, forced disappearances, judicial persecution, harassment, censorship, restrictions to the freedoms of expression, association and peaceful assembly, and obstacles to the work of the defense of human rights. The IACHR warned that these tactics of repression not only seek to silence the citizenry, but also consolidate the denial of the right to political participation, in a context of vulnerability and absolute lack of protection against abuses of power.
Finally, and most recently, on August 16, twenty-two countries[8] and the European Union issued a joint declaration in Santo Domingo demanding the “immediate publication of all original records” of the elections and the “impartial” and “independent” verification of the results. The signatories also expressed their profound rejection of the repression of demonstrators and the violence that has cost the lives of Venezuelans in the post-electoral context, urging the immediate cessation of violence and the release of all those detained, including representatives of the opposition[9].
In addition to this pronouncement, a resolution of the Permanent Council of the Organization of American States (OAS)[10], also dated August 16, underscored the urgency of guaranteeing the transparency and credibility of the electoral process. Therefore, they demanded that the Venezuelan authorities publish “in an expeditious manner” the minutes of the July 28 elections, and that “the fundamental principle of popular sovereignty be respected through an impartial verification of the results that guarantees the transparency, credibility and legitimacy of the electoral process”.
These international pronouncements are a reflection of the gravity of the situation in Venezuela and the importance of protecting human rights and recovering democratic institutionality in the country. The international community has made it clear that it will not tolerate violations of fundamental rights and will continue to press to ensure that the will of the Venezuelan people is respected.
Finally, in a context where national institutions have been weakened and public confidence in electoral processes is seriously eroded, the role of the international community becomes essential not only as an observer, but also as a guarantor that democratic principles and human rights are not ignored or violated with impunity. Therefore, these statements are a strong reminder that international vigilance is crucial to ensure that the will expressed by the people on July 28th is respected and that the country can rebuild its institutions on solid and fair foundations.
[1] Centro Carter. Carter Center Statement on Venezuela Election. Disponible en: https://www.cartercenter.org/news/pr/2024/venezuela-073024.html#spanish
[2] Secretary Blinken’s Call with UN Secretary General Guterres.Disponible en: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-un-secretary-general-guterres-6/
[3]Cepaz.La Misión de Determinación de los Hechos exige el cese de la represión y que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas de las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Disponible en: https://cepaz.org/la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-exige-el-cese-de-la-represion-y-que-se-lleven-a-cabo-investigaciones-exhaustivas-de-las-graves-violaciones-a-derechos-humanos-que-estan-ocurriendo-en-venezuela/
[4]Cepaz. Alto Comisionado para los DDHH advierte que las continuas detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza alimentan el clima de miedo en Venezuela. Disponible en:https://cepaz.org/alto-comisionado-para-los-ddhh-advierte-que-las-continuas-detenciones-arbitrarias-y-el-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-alimentan-el-clima-de-miedo-en-venezuela/
[5] AP. ICC rules that a probe into alleged crimes against humanity in Venezuela may proceed. Disponible en: https://apnews.com/article/venezuela-icc-maduro-investigation-crackdown-protests-ede95f672a8531add93d97956818a98a
[6]Cepaz. Panel de Expertos ONU: “el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”. Disponible en: https://cepaz.org/panel-de-expertos-onu-el-proceso-de-gestion-de-resultados-por-parte-del-cne-no-cumplio-con-las-medidas-basicas-de-transparencia-e-integridad-que-son-esenciales-para-la-realizacion-de-elecciones-cre/
[7]OEA.CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/184.asp
[8]Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea.
[9]La Vanguardia.
Veintidós países y la UE exigen la publicación inmediata de las actas electorales venezolanas. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20240816/9874614/veintidos-paises-ue-exigen-publicacion-inmediata-actas-electorales-venezolanas.html
[10] Cepaz. OEA: el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales debe ser “una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela” .Disponible en: https://cepaz.org/oea-el-respeto-de-los-derechos-humanos-y-las-libertades-fundamentales-debe-ser-una-prioridad-absoluta-y-una-obligacion-para-venezuela/
