La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela calificó como un «avance judicial internacional clave» la reciente tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante las protestas del año 2014.

El proceso, impulsado por un tribunal federal de la República Argentina hacia las autoridades de España, pesa sobre el excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, por la muerte de la estudiante Geraldine Moreno, que fue asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado Carabobo. Verdú Torrelles forma parte de una lista de 14 mandos militares denunciados formalmente en 2023 por la organización internacional Inter-Just.

A través de un pronunciamiento oficial, los expertos de la ONU respaldaron firmemente el uso del principio de jurisdicción universal para romper los muros de la impunidad local.«La Misión saluda este avance procesal como un paso importante hacia el fin de la impunidad, reafirmando que las fronteras geográficas no servirán de refugio para quienes han diseñado y ejecutado crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano».

Un patrón planificado de violencia estatal

La Misión recordó que las masivas protestas de 2014 marcaron un punto de quiebre en el desmantelamiento institucional de Venezuela. Tras una exhaustiva recolección de evidencia, el órgano de investigación de las Naciones Unidas reiteró que los abusos perpetrados por los cuerpos de seguridad respondieron a una estrategia coordinada desde las altas esferas del poder.

En el texto, la ONU enfatiza de manera contundente que “las investigaciones desarrolladas por la Misión concluyeron que la respuesta estatal frente a estas manifestaciones masivas no puede explicarse como actos incidentales o aislados de brutalidad policial, sino como la ejecución de un patrón sistemático y planificado de violencia de Estado”.

Entre los pilares represivos documentados por la Misión durante ese periodo destacan:

Uso desproporcionado de la fuerza: Empleo sistemático de armas letales y munición real contra manifestantes desarmados.

Complicidad con «colectivos»: Tolerancia y actuación conjunta entre la GNB y grupos civiles armados para amedrentar a la ciudadanía.

Detenciones masivas y tortura: Cientos de estudiantes detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, incluyendo graves casos de violencia sexual.

Próximo informe de la Misión

Siguiendo lo establecido en el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante la resolución 57/36, este mecanismo continuará recopilando pruebas sobre la crisis de derechos humanos en el país y presentará su próximo informe detallado en septiembre de 2026.