En una rueda de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional, comités de familiares y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la crisis humanitaria agravada por los sismos no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Bajo el lema «La libertad también salva vidas», los voceros exigieron la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, dio inicio a la sesión resaltando que es urgente que Venezuela supere la «tremenda tragedia que es tener a personas detenidas por pensar distinto». Asimismo, indicó que la organización ha pedido al Estado que los derechos humanos sean el centro de la respuesta a la inmensa tragedia ocasionada por los dos terremotos, lo cual implica que en el proceso de reconstrucción participe activamente la sociedad civil y que los la situación carcelaria, incluyendo el bienestar de los detenidos y los procesos judiciales sean atendidos.

Familiares no guardarán silencio

Posteriormente, Andreína Baduel del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció que en el país hay más de 500 presos políticos en diferentes centros de reclusión, como El Rodeo I, el INOF, las Crisálidas, Tocorón, comandos policiales y destacamentos militares. Baduel señaló que tras los sismos «no hubo una respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos». Especificó que recintos como Ramo Verde y El Rodeo I sufrieron graves daños estructurales que el régimen intentó invisibilizar mediante coacciones y arremetidas violentas. «También queremos denunciar que todavía hay más de 40 presos políticos en condiciones críticas de salud que si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión y eso es responsabilidad del Estado venezolano».

Por su parte, Hiovanka Ávila afirmó que «el Estado sigue cometiendo tratos crueles, sigue cometiendo torturas». Cuestionó los anuncios oficiales sobre liberaciones, manifestando que de los 300 casos prometidos en enero y los posteriores listados de 500, solo se ha cumplido con la mitad. Esta situación ha forzado a que los familiares se mantengan desde hace casi 200 días en un campamento a las afueras del penal a la espera de respuesta sobre la liberación de sus seres queridos. Recalcó que no dejarán de denunciar porque tienen un compromiso moral no solo con sus familiares, sino con el país. «Nosotros no podemos silenciar la tortura, no podemos silenciar los tratos crueles, porque como familiares también hemos sido víctimas nosotros de todo esto. No podemos acompañar al Estado en el silencio, si eso es lo que el Estado busca«.

El acompañamiento a las víctimas no puede ser criminalizado

En la misma línea, Ronnie Boquier, representante de Cofavic, expresó profunda preocupación por la falta de respuestas institucionales y la criminalización de las familias y organizaciones que acompañan la exigencia de verdad y reparación. Recordó que los familiares realizan una labor legítima amparada por la ONU y advirtió que «criminalizar, estigmatizar o someter a amedrentamiento a los familiares y a las organizaciones que acompañamos constituye una grave vulneración a la Constitución y a los pactos internacionales». Señaló que las organizaciones de derechos humanos han sido objeto de persecución y criminalización y de la aplicación de leyes creadas para impedir que puedan operar en el país. «Es momento de derogar estas leyes». Enfatizó que «el Estado solo podrá medir la calidad de una transición verdaderamente hacia la democracia en la medida en que las organizaciones de derechos humanos tengamos garantías de trabajo libre».

La reconstrucción de Venezuela debe ser profundamente democrática

Abordando el contexto político, Óscar Murillo, representante de Provea, subrayó que la crisis agravada por los terremotos del 24 de junio no puede abrir un paréntesis en la lucha democrática. Al respecto, enfatizó: «La reconstrucción de Venezuela debe ser técnica, debe ser profesional, pero profundamente democrática. Existe un clamor transversal en la sociedad venezolana por retomar el camino de la Constitución y restaurar el Estado de derecho como única vía para garantizar el respeto a la dignidad humana». Agregó que la libertad no solamente que salva vidas, sino que es una condición fundamental para poder tener democracia e instituciones que protejan y sirvan a los ciudadanos.

Por su parte Sairam Rivas de Clippve destacó que «no podemos iniciar un camino hacia la transición a la democracia mientras existan presos políticos» y personas sometidas a libertades vigiladas o restricciones arbitrarias que limitan su desarrollo y derecho a la identidad.

Exigencias

El comunicado oficial conjunto fue leído por Martha Tineo, de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. El documento exige formalmente al Estado venezolano la adopción inmediata de medidas de protección a la vida, la libertad plena e incondicional de los presos políticos, el cese de la represión, el cierre de los centros de tortura y la autorización para el ingreso de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la CIDH, oficiales de la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.

Situación de las mujeres

Al concluir la rueda de prensa, en declaraciones exclusivas para Cepaz, Tineo profundizó sobre la situación de las mujeres detenidas por razones políticas en el país. La representante de Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la organización tiene identificadas «al menos a 55 mujeres privadas de libertad por razones políticas en Venezuela», y advirtió que las condiciones de reclusión continúan siendo sumamente precarias, marcadas por la insalubridad y el hacinamiento. Destacó que en estos centros de reclusión no se garantizan de ninguna manera la higiene, la alimentación ni la atención médica adecuada, una situación que genera un impacto diferenciado debido a las necesidades de protección especial que amerita este grupo.

Asimismo, enfatizó que gran parte de estas mujeres son madres, lo que implica una dolorosa separación de sus hijos que se están criando sin su cuidado, provocando «unas secuelas en muchos casos irreparables». Ante la falta de respuesta a las solicitudes de liberación presentadas hasta ahora, Tineo reiteró el llamado a las autoridades a otorgarles la libertad inmediata y a prestarles una atención prioritaria y diferenciada desde un enfoque de derechos humanos.