- Los recientes anuncios oficiales son cambios superficiales que ocultan un aparato represivo intacto y una asfixia persistente del espacio cívico.
En una audiencia pública celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana que integran la plataforma Justicia y Verdad, presentó formalmente el “Termómetro de Justicia, Verdad y el Estado de Derecho”.
Esta herramienta, construida a partir de un riguroso seguimiento del grado de cumplimiento las recomendaciones hechas por organismos internacionales al Estado venezolano, surge como una hoja de ruta técnica y política para discernir si las recientes medidas anunciadas en el país constituyen el inicio de una recuperación democrática o, por el contrario, forman parte de una estrategia para mantenerse en el poder.
La transición democrática: entre la expectativa y la realidad institucional
El punto central de la audiencia fue la fragilidad del momento político actual. Los representantes de la sociedad civil señalaron que, aunque después del 3 de enero se han observado cambios en el discurso gubernamental, estos no pueden confundirse con una transformación institucional real. «Venezuela se encuentra ante un momento que puede definirse durante los próximos meses: avanzar hacia una transición democrática real o perder nuevamente una oportunidad histórica», advirtió Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) durante su intervención.
Lejos de un escenario de democratización, enfatizaron que el aparato represivo del Estado permanece intacto, por lo que solicitaron a la comunidad internacional mantener una vigilancia rigurosa sobre los anuncios gubernamentales. Borges reiteró que «ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada. No existen investigaciones independientes ni rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas, y las víctimas continúan esperando verdad y justicia«.
Una transición hacia la democracia exige pasos concretos que el Estado venezolano aún se niega a dar: el cese definitivo de la criminalización, la liberación de las personas detenidas por razones políticas, la reforma independiente de las instituciones judiciales y una hoja de ruta electoral con garantías claras que permita la restitución de la soberanía popular y el respeto a la Constitución, son algunos de ellos.
El asedio al espacio cívico: una arquitectura legal intacta
Uno de los ejes más críticos abordados fue la persistencia de la arquitectura legal de la represión. Faisal Yamil, integrante de Justicia y Verdad alertó que al menos 38 instrumentos legales, son «usados desde 2002 para criminalizar y perseguir a la disidencia y concentrar el poder», incluyendo la Ley Contra el Odio, la Ley de Fiscalización de ONG y la Ley de Seguridad de la Nación.
Es urgente derogar este conjunto de leyes que «imponen penas de cárcel desproporcionadas, inhabilitaciones políticas, bloqueos de medios, restricciones a la información, control de financiamiento y la imposición de registros que hacen inviable la labor de las ONG», señaló David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta.
«Nosotros en Civilis hicimos una encuesta sobre el impacto de la ley de fiscalización y regularización para organizaciones no gubernamentales. Concretamente, encuestamos a 101 organizaciones que nos dejan los siguientes datos: El 58% decidió no iniciar un nuevo registro por temor a represalias, el 20,8% suspendió sus actividades de manera parcial, solo el 17% de las que intentaron registrarse lograron completarlo», ejemplificó Mario D’Andrea, director de Civilis Derechos Humanos.
Estructura de control
Esta estructura legal no solo asfixia financieramente a las organizaciones no gubernamentales, sino que sostiene un patrón estructural de control. Se documentó el bloqueo de al menos 43 medios de comunicación independientes y una política sistemática de hostigamiento contra periodistas, que se extiende a personas defensoras de derechos humanos e incluso a los centros de acopio humanitario establecidos tras los terremotos del pasado 24 de junio.
«En este momento, todavía hay periodistas de Venezuela con causas judiciales que no están cerradas. Pueden decir que los liberaron, que los excarcelaron, pero la realidad es que los mantienen con medidas cautelares, presentación, y restricciones de país«, explicó Luis Carlos Díaz, periodista e integrante de Justicia y Verdad.
Por su parte, Laura Louza, codirectora de Acceso a la Justicia, advirtió que en Venezuela no se han registrado cambios estructurales en el sistema judicial. Recordó que el pasado mes de junio se dictó una resolución para un proceso de concurso público de credenciales y oposición para los fiscales. Sin embargo es parcial y se ha paralizado a raíz de los terremotos. La renovación del TSJ también quedó paralizada.
Falsa normalidad y éxodo
La sociedad civil denunció que, mientras el Estado promociona una imagen de normalidad, y no reconoce su responsabilidad en la prolongada crisis que aqueja el país, la realidad en las regiones es de desatención, apagones prolongados y una asfixia presupuestaria deliberada contra las universidades, elementos diseñados para desmovilizar el pensamiento crítico y la participación ciudadana.
El Estado tampoco ha reconocido que casi 8 millones de personas venezolanas han sido forzadas a abandonar el país desde el 2015, incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, con particular énfasis tras las elecciones del 28 de julio del 24. Al menos 116 personas, defensoras, periodistas y testigos electorales se vieron obligadas a salir del país, sostuvo Natassja Rojas, de Amnistía Internacional.
La crisis humana tras las rejas: el rostro de las víctimas
Martha Tineo, co-directora de Justicia Encuentro y Perdón, expuso la situación de los presos políticos, calificándola como una «urgencia humanitaria que no admite esperas». La narrativa estatal de excarcelaciones se desmorona ante la realidad de los centros de detención, donde mujeres y hombres enfrentan un deterioro físico extremo debido a la desnutrición y la falta de atención médica básica.
«En los centros de reclusión se denuncian torturas y tratos crueles e inhumanos«, agregó Alfredo Romero, de Foro Penal, mientras que Tineo hizo especial mención al sufrimiento de los familiares de las personas privadas de libertad por motivos políticos. «Es aquí donde la dimensión humana cobra su verdadera magnitud: las familias no son espectadoras pasivas, sino el blanco de una estrategia de desgaste. Enfrentan una dinámica de alto desgaste económico y logístico. Ante la falta de provisión estatal de insumos básicos en los centros de reclusión, son los familiares quienes deben asumir a diario el suministro de comida, medicinas y productos de higiene».
La directora de Caleidoscopio Humano, Gabriela Buada, denunció que las esposas, madres e hijas de presos políticos mantienen una vigilia permanente en exigencia de libertad y justicia. «Desde el 9 de enero duermen en campamentos, sin condiciones aptas para el aseo personal y necesidades fisiológicas. Hay mujeres mayores con condiciones de salud crónicas y otras que están a cargo de niños, niñas y otros miembros de sus familias y hoy siguen siendo víctimas de amedrentamiento, seguimiento, extorsión, violencia institucional y retaliación».
El testimonio de Meudy Osío, viuda del exconcejal Fernando Albán, muerto bajo custodia del Estado, recordó a los comisionados que la impunidad ha sido la respuesta institucional a los familiares durante años. «Lo que ocurrió con Fernando no es un caso aislado. Es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad».
Sociedad civil y multilateralismo: un trabajo conjunto indispensable
La delegación subrayó que la continuación del monitoreo internacional es la única garantía ante la política de no cooperación que sigue vigente. Se denunció que el Estado venezolano mantiene su desvinculación con la Corte Penal Internacional (CPI) y continúa negando el acceso al territorio a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la CIDH.
El trabajo minucioso de la sociedad civil independiente, ha permitido «identificar una política de no cooperación y de instrumentalización de los mecanismos internacionales, que permanece vigente aún con los cambios que se producen en el país desde el 3 de enero», aseveró Deborah Van Berkel, en representación de Ideas por la Democracia.
La presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, destacó que «el acompañamiento de la comunidad internacional y la acción complementaria de los mecanismos internacionales de protección continúan siendo elementos fundamentales para fortalecer la protección de los derechos humanos en Venezuela», más aún en «momentos de transición e incertidumbre».
Finalmente, la sociedad civil solicitó a la comunidad internacional que su labor no se limite a observar, sino a ejercer una vigilancia efectiva. «Reiteramos la urgencia que Venezuela siga estando en las prioridades de la CIDH, tanto en el Sistema de Peticiones, como el Sistema de Casos», añadió Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
La plataforma reafirmó su compromiso propositivo, reiterando que la sociedad civil, a pesar de las dificultades para ejercer su labor, es el activo más valioso del país. «Sin embargo, sigue necesitando reconocimiento real y con propósito, así como protección y apoyo logístico y financiero».
El monitoreo constante, a través de instrumentos como el “Termómetro de Justicia y Verdad”, seguirá siendo el fundamental para garantizar que las víctimas, la verdad y la justicia se mantengan en el centro de cualquier debate sobre el futuro del país.
