Durante su intervención en el VII Seminario Internacional La trata de personas: Más allá de nuestras fronteras, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV), la defensora de derechos humanos y directora de Cepaz, Beatriz Borges, advirtió sobre los graves peligros de trata de personas y explotación que enfrentan las mujeres, niñas y poblaciones vulnerables tras los recientes sismos que sacudieron al país. Enfatizó que la catástrofe no afectó a un país en condiciones normales, sino a una población que ya sufría las consecuencias de una emergencia humanitaria compleja «y profundamente desigual en clave de género».

La emergencia estructural previa al 24 de junio

El desastre desatado por los terremotos golpeó directamente a una población en condiciones precarias. Los datos del sexto informe anual de HumVenezuela exponen que de un total de 28,5 millones de habitantes, 18,2 millones experimentaban antes de los sismos necesidades derivadas de privaciones múltiples, mientras que 12,4 millones se encontraban en situación crítica. «Una cifra similar a toda la población de Ecuador, viviendo con un ingreso promedio de 7,9 dólares diarios por hogar, frente a una canasta básica de 1.100 dólares mensuales».

Impacto diferenciado en mujeres, niñas y adolescentes

Registros del Boletín Nº15 de HumVenezuela (2025) señalan que el 60,5% de las mujeres, niñas y adolescentes padecían dificultades severas de acceso a la salud, y el 39,2% de los hogares destinaban casi todos sus recursos a la alimentación. El informe revela cifras alarmantes de estrategias de sobrevivencia extrema: 262.713 mujeres y niñas reportaron realizar actividades sexuales a cambio de ingresos o comida, y 54.179 menores fueron dadas en matrimonio precoz por falta de alimentos, una práctica que viola sus derechos humanos, interrumpe su desarrollo, e incrementa su vulnerabilidad ante agresiones físicas y psicológicas.

Borges destacó que no se trata de casos aislados, sino de dinámicas extendidas en los 24 estados del país antes de la ocurrencia de los sismos. Para que esa cifra no se quede en abstracto, explicó que 262.713 personas es aproximadamente la población de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. «Una madre que decide que su hija de 14 años se case con un vecino con más recursos porque no hay qué comer; una adolescente a la que un conocido le ofrece ayuda a cambio de algo que nadie llama por su nombre. Eso es lo que hay detrás del 1,8%.que reporta esa estrategia de supervivencia», recalcó la directora de Cepaz.

Vulnerabilidad interseccional en personas mayores y población LGBTIQ+

La exposición al riesgo adquiere matices interseccionales profundos en otros sectores poblacionales. En el caso de los adultos mayores de 60 años, el 60,1% sufre barreras de acceso a la salud, y el 64% de quienes reciben algún tipo de asistencia depende de familiares, correspondiendo casi uno de cada cuatro auxilios económicos a remesas enviadas desde el exterior.

El agravamiento provocado por el terremoto

Esta compleja situación humanitaria se vio fuertemente agudizada por los sismos. Antes del 24 de junio el 60% de los hospitales, el 80% de las clínicas especializadas y el 90% de los centros de atención primaria operaban de forma precaria o ya no brindaban atención a la población. Dos hospitales más cerraron a consecuencia del desastre natural.

Tras los temblores, que afectaron zonas en las que habitaban cerca de 2 millones de mujeres menores de 50 años y un millón de niñas, se sumaron más de 15.000 personas con necesidades de asistencia, que quedaron sin hogar y se encuentran albergadas en campamentos improvisados, donde los canales de protección y denuncia tienden a colapsar. Una mujer damnificada que ya cargaba con el cuidado de familiares y carecía de servicios básicos, y que de un día para otro perdió su hogar y no puede acudir al centro de salud más cercano, no inicia su recuperación desde cero, sino desde un déficit estructural crítico donde el riesgo de explotación se dispara.

Acciones y respuesta

Frente a este panorama, Cepaz articula su labor humanitaria y de defensa sobre cuatro ejes fundamentales:

Levantamiento rápido de información, impulsado a través de redes comunitarias.

Enfoque de género transversal, incorporado desde el diseño de los instrumentos de respuesta y no como un mero anexo.

Articulación de redes, con organizaciones de derechos humanos y actores humanitarios.

Una realidad imposible de ignorar

La defensora de derechos humanos reiteró que la trata y la explotación no emergen de la nada tras un sismo, sino de grietas socioeconómicas previas. «El terremoto no inventó la vulnerabilidad de las mujeres y niñas venezolanas: la sacó a la superficie».

«Reconstruir Venezuela no va a significar solo levantar viviendas y hospitales. Va a significar reconstruir redes de protección y confianza comunitaria, con datos desagregados por sexo y edad, vigilancia activa de las estrategias de sobrevivencia extremas, y rutas de denuncia que no colapsen cuando más se necesitan. Para las mujeres y niñas de este país, la emergencia nunca fue solo el 24 de junio. El terremoto solo la hizo imposible de seguir ignorando», concluyó Borges.

Foto: RFI