La directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, denunció nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el deterioro en materia de derechos políticos en Venezuela. Borges participó el el 170 periodo de audiencias junto a Sinergia y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana: Acceso a la Justicia, Provea, Foro Penal, Sin Mordaza, Transparencia Venezuela, Defiende Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad.

Durante su intervención Borges destacó que Cepaz ha consignado diversos informes, como «Estocada a democracia», entre otros, en los cuales han mostrado la inexistencia de la separación de poderes en el país, las actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la aplicación de patrones de persecución política a la disidencia y la verdadera naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente.

Intervención ante la CIDH

Desde la sociedad civil venimos advirtiendo el deterioro en materia de derechos políticos. En este espacio, y a través de la consignación de informes presentados ante esta distinguida Comisión, hemos tenido oportunidad  de hablar de los patrones de persecución política, apoyados en la inexistencia de una separación de poderes que ha permitido usar estos (el Judicial y Electoral ) como brazos operativos del Poder Ejecutivo.

Igualmente, alertamos sobre la verdadera naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente y su principal fin, con esto también subimos la bandera sobre cómo la manipulación de los procesos electorales ya no brindan las garantías a los derechos políticos de los venezolanos, y agradecemos la consideración de la CIDH y su pronunciamiento ante esto. Frente a esto lamentablemente no existe un mejor panorama

Para el 2019 el ejercicio de los derechos políticos está bajo persecución y amenaza. El riesgo de su ejercicio para muchos puede costarles su libertad, su integridad y su vida. Los derechos vinculados al ejercicio de los derechos políticos también están afectados ya que cómo ha sido descrito bien en los informes del Alto Comisionado, existe un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

No queremos detenernos en detalles que ya la Comisión conoce y que como hemos informado hoy también actualizamos. Queremos alertar sobre lo que seguirá siendo el adentrarnos a un círculo obscuro donde esperamos que los sistemas internacionales sean una luz. El 9 de enero se configurará el inicio del un mandato bajo una pretensión privada de legitimidad por parte del actual presidente de la República, sin contar con los elementos de legitimidad que garanticen no solo los derechos políticos sino los derechos humanos en Venezuela.

La CIDH tiene un reto complejo con Venezuela y un deber de dar respuesta a los venezolanos que hoy sufren y mueren por la emergencia humanitaria compleja producto de la ruptura del orden constitucional.

Un tema fundamental en el ámbito de los derechos politicos de los venezolanos es el que tiene que ver con la pluralidad de partidos politicos. El proceso de renovación de partidos políticos en Venezuela desde 2016 evidencia la intención deliberada de restringir la participación, supone una amenaza a la existencia del pluralismo político y atenta directamente contra el derecho a la asociación establecido en la Constitución.

A través de acciones sistemáticas, en Venezuela ha existido un proceso continuado de “debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición”. El sistema político del país ha perdido casi el 90%  hasta (el 88,6%) de sus partidos en los últimos 8 años, entre los años 2010 y 2018.

A finales de 2010 existían un total de 325 partidos políticos, entre nacionales y regionales. Para las elecciones parlamentarias del 2015 esta cifra se redujo a 96 organizaciones habilitadas para participar. Para los comicios de gobernadores en 2017 la cifra siguió disminuyendo con 76 organizaciones habilitadas, hasta llegar a solo 37 partidos validados actualmente para participar en los próximos comicios a celebrarse este diciembre de 2018.

Esto es solo un factor entre las múltiples irregularidades documentadas y denunciadas por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos políticos en los procesos electorales en Venezuela. Y estos patrones de violación de los derechos políticos siguen vigentes: prácticas de ventajismo electoral, acortamiento de plazos, incumplimiento de requisitos de ley,  lo cual genera en la población una escasa confianza en la autoridad electoral y en el voto como poderosa herramienta de transformación de las realidades políticas. 

Como fue dicho por esta Comisión, el Consejo Nacional Electoral venezolano no es un órgano independiente e imparcial, capaz de garantizar la aplicación igualitaria de la ley y de los derechos políticos de los venezolanos. Igualmente como fue dicho por esta honorable Comisión. El evento electoral del 20 de mayo, tanto por como por el origen de su convocatoria como por las múltiples irregularidades  documentadas, no contó con las condiciones mínimas necesarias para ser considerada una elección libre, justa y confiable mediante un sistema electoral independiente y con las garantías al principio de la universidad y pluralidad electoral.  Por lo cual la pretensión del actual presidente Nicolás Maduro de seguir gobernando al país -luego del 10 de enero de 2019- carece de total  legitimidad. Y los tiempos futuros en Venezuela estarán marcados por esta pretensión.

Finalmente, en Venezuela el régimen de represión y persecución politica en ascendencia se ha acelerado y agravado. La persecución es una política de Estado en Venezuela, y en este contexto, las detenciones arbitrarias vienen acompañadas de otras múltiples violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzosas, la ejecuciones extrajudiciales, las muertes en custodia, así como reiteradas violaciones al debido proceso, del derecho a la defensa y acceso a la justicia. Como lo ha sido en el caso de Fernando Albán, que será presentado en testimonio en esta audiencia.