Este 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, fue escogido por la ONG de derechos humanos Cepaz (Centro de Justicia y Paz) para presentar una evaluación del estado de la democracia en Venezuela, cónsono con el espíritu para el cual fue creada la efeméride por Naciones Unidas. En un informe minucioso, titulado “Estocada a la democracia”, se desglosa el análisis en siete temas.

Beatriz Borges, directora de la organización, precisa que entre octubre de 2016 y agosto de 2017 una serie de hitos antidemocráticos acabaron con la deteriorada democracia y el casi inexistente Estado de Derecho en el país. El informe está dirigido a la sociedad civil y a la comunidad internacional.

—¿De qué se trata el informe, por qué titularlo “Estocada a la Democracia”?

—“Estocada a la Democracia” es un reporte que realizamos en Cepaz con el que se pretende evidenciar el deterioro vertiginoso de la democracia en Venezuela.  Este análisis lo presentamos en el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, fecha seleccionada por las Naciones Unidas como una oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo, y con él mostramos a la sociedad venezolana y al mundo que en Venezuela no existe una democracia.  Para hacer el estudio y poder hacer esa afirmación no solo aplicamos los instrumentos de las Naciones Unidas, sino los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Partimos de evaluar los elementos  fundamentales que deben existir para que un gobierno se pueda llamar democrático.

—¿Qué período evaluaron?

—Hacemos referencia a los últimos 18 años y cómo la democracia se ha ido debilitando y deteriorando de manera paulatina, pero el enfoque principal lo hacemos en los últimos 10 meses, de octubre de 2016 a agosto de 2017, cuando una serie de hechos antidemocráticos que terminaron con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente le dieron esa “estocada a la democracia”. El punto de inflexión de ese declive se dio con las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales, desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional con el objeto en orientar la habilitación del Ejecutivo Nacional para legislar en aspectos clave sin contar con el aval del legislativo. Esas sentencias carecieron de toda racionalidad legal en la ya deteriorada democracia y el casi inexistente Estado de Derecho en Venezuela.

—¿Qué motivó a hacer el estudio?

—El deseo y la necesidad de generar conciencia tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional de que en estos 10 meses fueron muchas las cosas que le ocurrieron a los venezolanos. Hemos tenido poca capacidad de procesar que no existe una democracia en Venezuela y muestra de ello fueron las manifestaciones ciudadanas masivas ocurridas entre abril y agosto, esa fue la reacción de la sociedad para defender la democracia, fue lo que movilizó a miles de venezolanos. Ante eso nuestra intención y mayor motivación es dar esa labor pedagógica de comprensión de qué es lo que ocurre en Venezuela, y de que haya conciencia plena de que no hay vestigios de democracia en el país.

—¿Quiénes trabajaron en el informe?

—Principalmente participó el equipo de investigación de Cepaz; sin embargo, los insumos los recibimos de nuestras redes, en especial de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Durante todo este proceso de lucha por la recuperación de la democracia se ha hecho un monitoreo permanente de todas las situaciones que han estado ocurriendo  en Venezuela.

—¿A qué conclusiones llegaron?

—A que fueron diferentes hitos antidemocráticos pero con una intención política deliberada los que configuraron esa estocada a la democracia en Venezuela: la suspensión del referendo revocatorio en 2016 con el cual se anuló el derecho y el ejercicio a la participación política; la suspensión de las elecciones regionales y la reprogramación en un proceso tan adverso y sin garantías; la represión, tortura y violación de derechos humanos en las manifestaciones de abril a agosto; la agudización de la persecución política; el quiebre de la institucionalidad democrática con el Poder Judicial protegiendo al propio poder; y la instalación de la Asamblea Constituyente que con sus primeras decisiones lo que ha buscado es perseguir políticamente a la disidencia y quebrantar el Estado de Derecho. Todos esos hechos le han dado muerte a la democracia en Venezuela.

—¿Qué hacer con esos resultados?

—Nos toca seguir luchando por la recuperación de la democracia, que la comunidad internacional apoye a los venezolanos en este proceso. El hecho de que en estos momentos no haya manifestaciones masivas y que se anunciaron unas elecciones regionales no significa que estamos en democracia porque los elementos sustanciales de la  democracia no están presentes. Este tipo de estudios como el que ahora presentamos son muy importantes porque permiten hacer un diagnóstico claro de la situación para que la ciudadanía comprenda claramente por qué el gobierno no puede llamarse democrático, eso es fundamental. Y por eso nuestra organización, veladora de los derechos humanos, va a seguir llevando registro de las violaciones por parte del Estado y haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en Venezuela.

—¿Enviarán este estudio a organismos internacionales?

—Lo estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a embajadas, misiones y a órganos de protección de Naciones Unidas, entre otros.