La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. El organismo internacional hizo un llamado urgente a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad bajo estas circunstancias, al tiempo que condenó enérgicamente los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado.
Muertes bajo custodia y represión sistemática
La CIDH denunció que la privación de la libertad en Venezuela no es un hecho aislado, sino un mecanismo deliberado de control, censura y represalia. Según datos de la sociedad civil, hasta abril de 2026, al menos 454 personas permanecen detenidas por razones políticas.
La Comisión destacó con especial gravedad el fallecimiento de al menos 18 personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado. La CIDH destacó los casos de Víctor Hugo Quero Navas, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz.
El organismo reiteró que prácticas como la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica siguen siendo herramientas de represión utilizadas para perpetuarse en el poder.
El fracaso de la «Ley de Amnistía»
También señaló que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada en febrero de 2026, ha tenido un alcance limitado y una aplicación reducida. Mientras que el Estado venezolano alega haber beneficiado a más de 8.000 personas, las cifras contrastadas por organizaciones de derechos humanos revelan una realidad distinta: solo 186 personas obtuvieron libertad plena; 554 personas fueron excarceladas pero siguen sujetas a medidas cautelares restrictivas; de 777 solicitudes de amnistía, la gran mayoría han sido negadas o permanecen en espera de decisión.
Además, la CIDH calificó como una grave irregularidad constitucional el anuncio realizado el 23 de abril sobre el fin de la aplicación de dicha ley. Para la Comisión, esto ratifica que el Sistema de Justicia opera como un apéndice del Poder Ejecutivo, consolidando la ausencia del Estado de derecho.
Llamado a la comunidad internacional y elecciones libres
Ante el debilitamiento de los principios democráticos, la CIDH instó a Venezuela a cesar las detenciones arbitrarias y garantizar transparencia total sobre las listas de procesados, restaurar el orden constitucional y la independencia de poderes y fijar sin dilaciones la fecha de las elecciones presidenciales y demás cargos de elección popular bajo condiciones de transparencia y equidad.
La Comisión recordó que las liberaciones parciales no eximen al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y estándares interamericanos. «La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos constituye una de las expresiones más graves del debilitamiento del Estado de Derecho», sentenció el organismo. Finalmente, reiteró su disposición inquebrantable de realizar una visita in loco al país para verificar de primera mano la situación de derechos humanos en el territorio venezolano.
