La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que «la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela».

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, leyó una declaración preparada por el presidente de la Comisión, Edgar Stuardo Ralón, en la cual advirtió que lo que ocurre en Venezuela «no es un exceso aislado, es política de Estado, sostenida y deliberada».

Cifras alarmantes

La CIDH otorgó, solo el año pasado, 36 medidas cautelares, en su mayoría a personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos, e incluso núcleos familiares completos.

Por su parte, el MESEVE, un mecanismo especial de seguimiento establecido por la CIDH para Venezuela, ha recogido más de 330 testimonios de víctimas. También se han celebrado cerca de 30 audiencias temáticas, una evidencia abrumadora de la gravedad de la situación.

Agregó que entre julio y diciembre de 2024, la sociedad civil documentó 2.062 detenciones por motivos políticos, de las cuales 1.794 seguían privadas de libertad, al finalizar el año 2025, incluidos tres menores de edad. Para abril de 2026, documentaron que 454 personas continuaban detenidas por razones políticas, «entre ellas 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 personas militares».

La desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica persisten en el país. Sobre la Ley de Amnistía recalcó que si bien excluye formalmente las graves violaciones a los derechos humanos, «la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas». Denunció que el mismo Poder Judicial que aplica esta ley es el que ha sostenido las detenciones arbitrarias. «No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación».

Si bien el Estado afirma que se han beneficial más de 8 mil personas con la aplicación de la Ley de Amnistía, «la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras 554 permanecen con medidas cautelares: prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad, es libertad vigilada».

La CIDH exigió la libertad plena de todas las personas presas políticas y el cese de las detenciones arbitrarias; el acceso pleno y verificable a las listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas; la «protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia». Por último reiteró la urgencia de una visita in loco a Venezuela, incluyendo el acceso irrestricto a los centros de detención.

Para la Comisión no puede considerarse como avance «lo que es apenas un gesto». Concluyó aseverando que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar la política de represión que se aplica en Venezuela.

Por su parte el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recalcó que es una preocupación del organismo la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Para Radmin es «una urgencia regional».

Solicitó garantías democráticas y afirmó que la «OEA está lista para apoyar el diálogo, las instituciones democráticas y un camino pacífico, liderado por los venezolanos, hacia la estabilidad, la reconciliación y la prosperidad».