El camino en la búsqueda de justicia ante graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela
Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho.
La crisis venezolana ha sido una herida dolorosa en Latinoamérica y el mundo. Después de 22 años de deterioro, pérdida de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, Venezuela se encuentra inmersa en una crisis generalizada que ha producido un inmenso daño y sufrimiento a su población.
Tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el humanitario, el rol de la sociedad civil en la documentación y defensa de los derechos de la población ha sido clave y resiliente, especialmente, en lo referido a activar la respuesta de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Gracias a ese trabajo, hoy es reconocida internacionalmente la ocurrencia de graves violaciones y cómo estas se han constituido también en crímenes de lesa humanidad.
Ejemplo de esto es el seguimiento realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2002 hasta la fecha, donde se cuenta con tres informes sobre Venezuela, y además se incluye al país recurrentemente en el Capítulo IV de su Informe Anual. Se evidencian así dos décadas de deterioro de los derechos humanos a través de sus mecanismos de seguimiento y monitoreo. Este trabajo ha sido de vital importancia para dejar registro del debilitamiento institucional ocurrido en el país y para el señalamiento de las bases de la crisis ante la comunidad internacional.
Un momento relevante, que impactó en la dinámica de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con los organismos internacionales de protección, se configuró en el año 2013 con la denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual trajo como consecuencia que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, si bien no dejaron de seguir acudiendo al Sistema Interamericano, entendieran la importancia de ampliar las labores de incidencia ante el Sistema de Naciones Unidas.
En este camino, el contacto con la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos (ACNUDH) fue muy importante para el envío de información por las organizaciones y víctimas, y la documentación producida por la Oficina ha sido fundamental para el reconocimiento de la crisis venezolana. El ACNUDH planteó con contundencia en el 2016 la situación de erosión de la independencia de las instituciones y del dramático deterioro del disfrute de los derechos sociales y económicos, así como de la crisis humanitaria. Asimismo, jugó un papel fundamental en la documentación de las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas masivas en 2014 y 2017. En 2017 el organismo señaló claramente cómo estas acciones del Gobierno en contra de las manifestaciones “formaban parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste”. Ya para ese entonces, el ACNUDH recomendaba a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos la necesidad de establecer una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos. Asimismo, para ese momento, el Alto Comisionado indicaba la falta de capacidad y de voluntad del Estado venezolano de enjuiciar a los responsables, y expresamente habló de la existencia de sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional.
En este contexto, en febrero de 2018 la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el inicio de un examen preliminar que tendría como objeto de análisis los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017. En septiembre de 2018, seis Estados (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitieron conjuntamente la situación de Venezuela a la CPI sobre crímenes que se cometieron a partir del año 2014. Venezuela ha estado un poco más de 3 años en fase de examen preliminar y los venezolanos están a la espera de su avance próximamente, ya que el pasado diciembre la Fiscalía publicó su informe sobre actividades de Examen Preliminar durante el 2020, donde establece que finalizó el análisis de la competencia material y que luego de una evaluación detallada de la información disponible, concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte contra opositores al Gobierno. Asimismo, reiteró su objetivo de concluir su examen preliminar en la primera mitad de 2021 para determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación.
La misión independiente de determinación de los hechos de la ONU, una respuesta en el camino de la búsqueda de justicia
Después de varios informes del ACNUDH que registraron violaciones graves a los derechos humanos, presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, y de una visita a Venezuela en 2019 por parte de la Alta Comisionada en el marco de una labor constante de las organizaciones y las víctimas para documentar y enviar información, se visibilizó claramente que, más allá de una crisis de carácter político, esta tenía su base en graves violaciones a los derechos de los venezolanos y la comisión de crímenes atroces.
De allí que, ante el continuo avance de la crisis, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, promovieron una campaña internacional que expresaba la necesidad de tomar acciones más contundentes contra la comisión de estas graves violaciones, y en consecuencia se constituyó un mecanismo independiente de investigación, que diera una respuesta coherente y apropiada a la magnitud y profundidad de las violaciones planteadas en dichos informes. Esta solicitud se concretó en 2019, con una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos con resoluciones que establecieron la creación de la Misión Internacional de los Hechos, la cual produjo su primer informe en el 2020 y ha sido renovada en su mandato hasta el 2022.
En su primer informe, la misión determinó la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, así como la represión política selectiva a los principales líderes políticos y figuras públicas vinculadas a la oposición. Se determinó la ocurrencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de funcionarios de centros penitenciarios y agencias de inteligencia, exceso de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones y un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, a través de detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso asesinatos.
A pesar del poco tiempo con el que contó la Misión y las dificultades que presentó para la realización de su mandato por la pandemia, este informe representó una de las primeras muestras para las víctimas de lo que puede significar esta labor de documentación para lograr la justicia. Al leer el informe, una víctima cuyo familiar fue detenido arbitrariamente, torturado, sufrió otras graves violaciones y murió en custodia, me dijo: “La misión dijo algo que yo siempre supe, pero que lo diga hace justicia porque ahora todos saben lo que pasó”.
Justicia y rendición de cuentas en Venezuela
Otro elemento fundamental para la búsqueda de justicia y la generación de estos mecanismos internacionales está vinculado con el establecimiento de la responsabilidad del Estado, pero en especial con la responsabilidad penal individual en el marco del derecho penal nacional y/o internacional. Esto permitirá que los responsables individuales respondan ante los hechos que le conciernen y asuman las consecuencias penales. Esto también apunta a la lucha contra la impunidad de estos graves crímenes. Para este fin, es vital que la labor de los mecanismos de investigación y de justicia internacional actualmente activos para Venezuela, en el momento indicado sean también evaluados y conectados con la posibilidad de generar mecanismos internos que respondan a las víctimas.
La ruta que siguen transitando organizaciones y víctimas para evitar la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos tiene a prueba a las organizaciones internacionales, y tiene mucho que decirle a otras situaciones similares en la región y el mundo. En este sentido, es importante documentar los procesos y destacar la relevancia de la acción de la sociedad civil y el acompañamiento de las víctimas. En el caso de Venezuela, no es una ruta concluida, ni ha sido un camino corto ni sencillo, sin embargo, existe el convencimiento de que se ha recorrido con la convicción de lograr justicia y verdad para las víctimas.
Finalmente, en los actuales momentos pareciera verse lejano cualquier cambio o transición en Venezuela que permita a nivel interno lograr justicia y determinación de responsabilidades individuales, sumado a que ante un posible cambio político, se van a requerir medidas urgentes y prioritarias para atender a la población afectada por la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, no debe dejarse de lado la necesidad de que se produzcan los urgentes y necesarios procesos de reinstitucionalización para el logro de la justicia, verdad, reparación integral, memoria, y garantía de no repetición. De allí la crucial importancia de transitar en este momentos el camino ante los organismos internacionales de protección.
Cualquier proceso de democratización que viva el país debe estar articulado con los procesos de justicia transicional y reparación. Lo que se ha logrado y avanzado ante las instancias internacionales de protección e investigación de responsables será la base fundamental de arranque para hacer justicia a este período tan oscuro en la historia de Venezuela.
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