En una audiencia pública ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos, un panel de expertas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, analizó la situación institucional, humanitaria y política de Venezuela, agravada por los recientes terremotos del 24 de junio. Los testimonios coincidieron en que, más allá de la emergencia natural, el país enfrenta una crisis derivada de años de desmantelamiento democrático, corrupción sistémica y una estrategia estatal deliberada de represión, documentada por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. La sesión dejó claro que la respuesta a esta emergencia multidimensional requiere un enfoque integral, que incluya la participación activa de la sociedad civil.

Crisis de larga data

Durante las intervenciones, se enfatizó que la crisis venezolana es un fenómeno de larga data. James McGovern, copresidente de la Comisión, abrió la sesión recordando que, tras nueve años de privaciones constantes, millones de venezolanos han sido forzados al exilio, mientras que los que permanecen en el territorio enfrentan una difícil realidad. Esta perspectiva fue profundizada por Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien advirtió que los terremotos del 24 de junio no hicieron más que mostrar la magnitud de un fracaso institucional acumulado. Borges afirmó: «los terremotos no crearon la crisis de Venezuela, la expusieron». Según su testimonio, el desastre natural reveló el costo humano que ha causado un Estado que prioriza el control político sobre la protección de su propia gente, dejando hospitales sin equipamiento, servicios públicos inoperantes y capacidades de rescate diezmadas por décadas de desmantelamiento institucional.

Aparato represivo intacto

Uno de los ejes más contundentes de la audiencia fue la naturaleza de la represión política, que las expertas definieron como una estrategia de Estado y no como eventos aislados. Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, señaló que, si bien la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 rompió parte del estancamiento político, el aparato represivo sigue intacto. Dib destacó que figuras clave vinculadas a violaciones de derechos humanos han sido rotadas dentro de la misma estructura, lo que no representa una transición genuina hacia la democracia.

En este sentido, Isabel Roby, del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, advirtió sobre la peligrosidad de la continuidad de estos cuadros de mando, que tienen responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. Esta percepción de que los cambios gubernamentales han sido meramente cosméticos fue compartida por Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, quien subrayó además que la Ley de Amnistía ha funcionado, en la práctica, como «una medida marcada por la revictimización y la discrecionalidad», diseñada para aliviar la presión internacional sin saldar la deuda de justicia que el Estado tiene con las víctimas.

Violación al debido proceso

La situación de los presos políticos ocupó gran parte de las deliberaciones. Tineo denunció que, aunque casi 800 personas han salido de los centros de reclusión, la mayoría mantiene libertades condicionadas bajo procesos judiciales que violan el debido proceso, y al menos 518 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, enfrentando un deterioro físico alarmante y, en muchos casos, condiciones de salud críticas. La defensora fue especialmente enfática al recordar el impacto psicológico de la desaparición forzada. Citó el caso de Carmen Teresa Navas, quien buscó a su hijo Víctor Quero Navas durante 16 meses, solo para descubrir que las autoridades habían ocultado su muerte. Carmen falleció 9 días después de enterrar a su hijo.

Restricciones al espacio cívico

Un punto recurrente fue el papel crucial de la sociedad civil y, en particular, de las mujeres en la exigencia de justicia y verdad. Borges destacó que las venezolanas han sido las principales responsables de liderar la búsqueda de familiares, documentar necesidades urgentes y gestionar la escasa asistencia humanitaria, asumiendo una carga desproporcionada de la crisis. Destacó que «la sociedad civil venezolana representa uno de los mayores activos democráticos del país. Una infraestructura cívica y social única construida sobre la confianza, el conocimiento local, la coordinación y la presencia comunitaria».

Las panelistas advirtieron que esta infraestructura está en grave riesgo debido a leyes represivas como la llamada «Ley Anti-ONG». Esta normativa legal criminaliza la labor de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil, limitando el acceso a financiamiento internacional.

Opacidad en la rendición de cuentas

La falta de transparencia en la rendición de cuentas fue otro de los temas abordados. Se argumentó que la ausencia de justificación del uso que se le da a los ingresos petroleros y a los desembolsos que recibe el Estado venezolano fomenta la corrupción sistémica. Dib recalcó que «la democracia no es un favor a cambio de petróleo o beneficio». Advirtió además sobre el riesgo de que la ayuda destinada a la recuperación post-terremotos sea capturada para fortalecer el control político.

Protección legal

La representante Debbie Wasserman aseveró que la situación sobre el terreno en Venezuela «no ha mejorado ni remotamente. Represento a una de las comunidades venezolanas más grandes de los Estados Unidos. Muchos de mis electores huyeron de la brutal represión». Al respecto, Borges afirmó que las personas venezolanas siguen enfrentándose a graves obstáculos para regresar al país. «Creemos que es importante que la política de los Estados Unidos tenga en cuenta esas condiciones y garantice el acceso a una protección legal adecuada para las personas que no pueden regresar de forma segura».

Elecciones y transición

Borges subrayó que las elecciones deben ser la fuente de legitimidad para la transición, pero recalcó «que es importante entender que la legitimidad requiere más que establecer una fecha. Es importante tener los componentes políticos y también los técnicos. Todos los actores democráticos deben poder organizarse, hacer campaña libremente y participar sin persecución». Afirmó que también debe existir un acuerdo para respetar los resultados y resolver las disputas que puedan presentarse de manera pacífica. Entre los componentes técnicos destacó la independencia de la autoridad electoral, un registro auditado de votantes, y la garantía de participación de las personas venezolanas en el extranjero. Así como un conteo de votos transparente, la publicación de los resultados de las mesas de votación, y una observación internacional creíble. Añadió que la ruta de transición debe ser clara.

Recomendaciones estratégicas

Como cierre, los participantes presentaron algunas recomendaciones estratégicas, entre ellas apoyar la asistencia humanitaria a través de socios locales creíbles y asegurar que iniciativas como la Ley PANA reconstruyan no solo la infraestructura, sino también las instituciones de justicia, el estado de derecho y la confianza pública. Borges insistió en que cualquier transición debe medirse a través de indicadores técnicos verificables.

Las expertas hicieron un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos y a la comunidad internacional para que no abandonen los mecanismos de justicia global, argumentando que la Corte Penal Internacional es el único recurso posible para las víctimas, dada la falta de independencia del sistema judicial interno.

En su intervención final, Tineo insistió en que el respaldo internacional debe estar estrictamente ligado a la protección irrestricta de los derechos humanos y al desmantelamiento estructural de los aparatos de persecución. Por su parte, la directora de Cepaz hizo un llamado «a promover una visión de recuperación que vaya más allá de la reconstrucción de la infraestructura física. Venezuela también debe reconstruir las instituciones de justicia, fortalecer el estado de derecho, restaurar la confianza pública y colocar a las víctimas en el centro a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».