El terremoto del 24 de junio como evidencia de las capacidades de autogestión desarrolladas por la sociedad venezolana y los límites de la respuesta ciudadana en contextos de fragilidad estatal.
Artículo de Mariana Vahlis*
En Venezuela, la sociedad civil lleva años operando bajo un esquema de autogestión, algo que se hizo aún más evidente tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026. En horas posteriores al desastre surgieron iniciativas ciudadanas para centralizar el registro de personas desaparecidas (una tarea especialmente compleja ante la ausencia de datos demográficos actualizados). Al mismo tiempo, se organizaron redes para canalizar donaciones, distribuir insumos hospitalarios, instalar carpas y literas, trasladar plantas eléctricas, coordinar el envío de bolsas para cadáveres y desarrollar aplicaciones que permitieran rastrear la ayuda humanitaria. También se conformaron equipos voluntarios para evaluar daños estructurales, brindar atención psicológica, rescatar y atender mascotas, así como movilizar alimentos, agua y medicamentos hacia las zonas afectadas. En paralelo, a cientos de kilómetros de distancia, la diáspora venezolana activó campañas de recolección de insumos y envío de ayuda desde al menos doce países.
La rapidez con la que estas iniciativas lograron articular recursos, información y trabajo voluntario pone de manifiesto capacidades organizativas construidas a lo largo de años de crisis económica, deterioro de los servicios públicos, emergencia humanitaria y debilitamiento institucional. En este sentido, la devastación ocasionada por el terremoto también permite analizar cómo la fragilidad estatal modifica las formas de organización social y favorece el desarrollo de mecanismos de cooperación que, en circunstancias normales, corresponderían mayoritariamente a instituciones del Estado.
La literatura sobre gestión de desastres en Estados frágiles ha documentado este fenómeno en distintos contextos. Cuando las instituciones estatales pierden capacidades para prevenir riesgos, coordinar recursos o responder a situaciones de emergencia, las comunidades desarrollan formas propias de organización sustentadas en relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación. Este conjunto de vínculos se entiende como un recurso que permite movilizar personas, información y capacidades con rapidez allí donde las estructuras estatales presentan limitaciones operativas o ausencias en las primeras horas posteriores al desastre, como en el caso del Estado venezolano.
Desde esta perspectiva, la respuesta de la sociedad civil en Venezuela resulta consistente con lo documentado por Haddad y Sakr (2026) en su análisis sobre la gobernanza de desastres en Estados frágiles. Las autoras sostienen que los actores no estatales suelen contar con redes locales consolidadas y experiencia territorial que les permiten responder con mayor rapidez durante las primeras fases de una emergencia.
Acá lo importante es que estas capacidades no surgieron con el terremoto del 24 de junio. Se fueron consolidando a medida que distintos sectores de la sociedad venezolana aprendieron a enfrentar de forma colectiva problemas asociados a la Emergencia Humanitaria Compleja, como los apagones, la escasez de combustible, el colapso del sistema sanitario, las fallas en los servicios públicos y la migración masiva desde hace al menos una década. En palabras simples: la autogestión desarrollada durante años de crisis terminó convirtiéndose en un recurso disponible para la sociedad civil cuando ocurrió el desastre.
La experiencia venezolana tampoco es un caso aislado. Después del terremoto de Haití de 2010, las organizaciones comunitarias y la diáspora desempeñaron un papel fundamental durante las primeras etapas de la emergencia, mientras las capacidades estatales e internacionales aún no lograban coordinar una respuesta efectiva. Algo similar fue documentado tras las inundaciones de Derna, en Libia, en 2023, donde los primeros rescates fueron realizados por voluntarios locales en un contexto marcado por la fragmentación institucional. De igual forma, después de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en 2020, numerosas organizaciones de la sociedad civil asumieron funciones relacionadas con la remoción de escombros, la distribución de alimentos, la asistencia psicosocial y la reconstrucción de viviendas ante la limitada capacidad de coordinación del Estado libanés. En conjunto, estos casos muestran un patrón en la literatura sobre fragilidad estatal: cuanto mayor es el deterioro institucional, mayor es la capacidad que desarrollan las redes sociales para responder durante la fase inicial de una emergencia.
Ahora bien, reconocer la capacidad de movilización de la sociedad civil no implica asumir que esta pueda sustituir de manera permanente las funciones del Estado. La evidencia muestra que estas redes desempeñan un papel fundamental durante la respuesta inmediata a una emergencia, pero también enfrentan limitaciones estructurales que condicionan su sostenibilidad y alcance.
La primera limitación está relacionada con el tiempo. La movilización ciudadana suele concentrar una importante capacidad de respuesta durante los primeros días posteriores al desastre, cuando las necesidades más urgentes demandan acciones inmediatas y la participación voluntaria alcanza sus niveles más altos; lo vimos en Venezuela con la rápida respuesta de iniciativas para atender a la población damnificada y apoyar con insumos para los rescates ante la ausencia del Estado, al menos en las primeras 60 horas del desastre. Sin embargo, esa capacidad resulta difícil de sostener durante los meses que requiere un proceso de reconstrucción. La restitución de los servicios públicos, la rehabilitación de infraestructura o la reubicación de familias necesitan continuidad institucional, planificación y disponibilidad permanente de recursos, condiciones que exceden las posibilidades de las redes de voluntariado.
Una segunda limitación se relaciona con los mecanismos de coordinación. La ausencia de una autoridad con legitimidad, capacidad técnica y acceso a información consolidada favorece la fragmentación de los esfuerzos de asistencia. Durante la emergencia en Venezuela han coexistido distintas plataformas para el registro de personas desaparecidas, múltiples centros de acopio y diversas brigadas de voluntarios que, en muchos casos, operan sin mecanismos comunes de intercambio de información. Situaciones similares fueron documentadas tras la explosión del puerto de Beirut en 2020, donde numerosas organizaciones desarrollaron de manera independiente sus propios sistemas de registro, distribución de ayuda y atención a las personas afectadas. Haddad y Sakr (2026), investigadoras libanesas sobre sociedad civil, gobernanza, gestión de desastres y política pública, señalan que este tipo de respuestas evidencia una importante capacidad de organización social, pero también revelan las dificultades que surgen cuando no existe una instancia institucional capaz de integrar información, definir prioridades, coordinar recursos o trabajar en conjunto con las iniciativas de particulares. En una línea similar, el Forum of Federations (2026), al analizar la gestión del terremoto de Marruecos en 2023, sostiene que la ausencia de capacidades institucionales dificulta la consolidación de aprendizajes organizativos, ya que mucha de la información, la experiencia acumulada y la toma de decisiones permanecen fragmentadas.
Finalmente, existen limitaciones asociadas a la escala de la intervención. Las organizaciones comunitarias y las redes de voluntariado pueden desempeñar un papel decisivo en las labores de rescate, la distribución de ayuda y la atención inmediata de la población afectada, como ha sucedido en Venezuela en los últimos diez días. Sin embargo, la reconstrucción de infraestructura estratégica, el restablecimiento de los sistemas eléctricos, la recuperación de aeropuertos, puertos y hospitales, así como la coordinación de la ayuda internacional, requieren capacidades financieras, técnicas y administrativas que corresponden únicamente al Estado. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (ONU, 2015) reconoce expresamente que las fases de rehabilitación y reconstrucción constituyen responsabilidades centrales e indelegables de las instituciones públicas.
Por todo esto, el caso venezolano pone de relieve la paradoja característica de los contextos de fragilidad estatal: a medida que las capacidades institucionales se debilitan, la sociedad desarrolla mecanismos de cooperación que le permiten responder con rapidez frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, esa capacidad de autogestión no elimina la necesidad de instituciones públicas sólidas. Por el contrario, evidencia los costos acumulados en el tiempo de la desinstitucionalización, ya que la resiliencia social, por sí sola, no puede sustituir las funciones estatales necesarias para sostener la recuperación y la reconstrucción en el mediano y largo plazo. Quedará por verse si, en medio de la respuesta del Estado a esta tragedia, será posible iniciar un proceso de reinstitucionalización.
* Antropóloga, venezolana y migrante. Investigadora doctoral en Estudios Latinoamericanos | Política latinoamericana | Autoritarismos y resistencias
