Considerando las competencias y responsabilidades de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, con la protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y, en el caso específico de Venezuela, al haber recibido mandato especial para informar y actuar para que se ponga fin a las graves violaciones que sufre la población venezolana y a la impunidad con la que se cometen, a continuación se presentan observaciones ante afirmaciones formuladas por la ACNUDH en rueda de prensa realizada el día 9 de diciembre, que han generado preocupación en las organizaciones de derechos humanos de Venezuela.
- «Más allá de lo que cada cual piense sobre las elecciones…».
No es asunto de “pensar”, como si se tratara de opiniones personales sin sustento, sino de contrastar el evento de votación con los estándares internacionales existentes en la materia. La Oficina de la Alta Comisionada recibió suficiente información enviada por diversas organizaciones de derechos humanos1, además de la información de carácter público que fue reseñada ampliamente por los medios de comunicación antes del proceso[1] y durante el evento electoral, sobre las numerosas irregularidades e ilegalidades que rodearon el evento convocado para el 6 de
Los siguientes informes fueron oportunamente enviados por organizaciones de la sociedad civil al ACNUDH1
Acceso a la Justicia
https://accesoalajusticia.org/el–nuevo–sistema–electoral–venezolano–para–las–parlamentarias–2020/, https://www.accesoalajusticia.org/razia–de–partidos–politicos–en–venezuela/,
https://www.accesoalajusticia.org/elecciones–a–la–medida/, https://accesoalajusticia.org/parlamentarias–
2020–a–la–medida–del–gobierno–de–maduro/, https://accesoalajusticia.org/el–tablero–partidista–para–las–parlamentarias–2020/ y https://accesoalajusticia.org/designacion–del–cne–una–ruta–torpedeada–por–el–tsj/.
Rueda de prensa de la Red Electoral Ciudadana Elecciones parlamentarias Venezuela 2020, informe preelectoral: https://www.youtube.com/watch?v=G3tVPLC_y4Q
Informe preelectoral Parlamentarias 2020 documenta las principales irregularidades en el proceso del 6 de diciembre: https://cepaz.org/staging/noticias/informe–preelectoral–parlamentarias–2020–documenta–las–principalesirregularidades–en–el–proceso–parlamentario–2020/
Mapa de incidencias Documenta Venezuela – Elecciones parlamentarias 6 de diciembre https://venezueladocumenta.org/index.php/2020/08/31/mapa/
diciembre desde su convocatoria y que impiden calificarlo como una “elección”, libre, justa y verificable. [2]
Esta afirmación sorprende, además, debido a que se contradice con respecto a lo afirmado por la misma Alta Comisionada el pasado 25 de septiembre en su actualización oral ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, cuando afirmó estar preocupada por “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”[3].
Ni la Oficina de la Alta Comisionada, ni ningún otro órgano del sistema de las Naciones Unidas, ni del sistema interamericano, ni de la Unión Europea enviaron observadores a este evento. Además, la observación independiente prevista en la legislación electoral venezolana fue sustituida desde 2010 por el “acompañamiento”, que no es más que una fórmula inventada por el órgano electoral para evitar el escrutinio nacional e internacional en los eventos electorales. En tal sentido, las afirmaciones de la Alta Comisionada no están sustentadas en la metodología de observación y monitoreo que debe mantener su oficina, lo que resta credibilidad a sus apreciaciones.
- «Fueron bastante pacíficas. No hubo muchos problemas de seguridad».
La violencia no solo se traduce en sangre. Existe en Venezuela una violencia de carácter estructural que le niega los más básicos derechos a la población. Amenazar a los ciudadanos con negarles el acceso a una bolsa de comida si no votan (“el que no vota no come” de Diosdado Cabello) es un acto de violencia inaceptable que debió se repudiado por la Alta Comisionada en términos enérgicos.
3. Los periodistas tuvieron «ciertas situaciones de intimidación, yo diría ¿no?»
Hubo vehículos de medios de comunicación a los que se les impidió cargar combustible. También hubo periodistas obligados a borrar el material que habían grabado, mientras otros fueron amenazados o se les impidió el acceso a los centros de votación. La afirmación de la Alta Comisionada parece ligera, de tal manera que podría ser tomada como una opinión y, en consecuencia, descalificada por no ser presentada con el suficiente sustento ni contundencia.
4. «Nos preocupó (sic) ciertos comentarios, digamos…»
Parece ligero calificar de “comentario” una coacción para forzar a las personas a acudir al evento de votación, especialmente cuando una de dichas coacciones provino del funcionario que encabeza la Asamblea Nacional Constituyente y que tiene un historial de amenazas que luego se convierten en retaliaciones por vía judicial o por acciones de violencia contra los afectados.
- «Los presos políticos tienen conversaciones con sus familiares vía zoom dos veces al día, y puedan ir a misa una vez a la semana»
Los presos políticos son personas arbitrariamente privadas de su libertad. Celebrar las supuestas mejoras de las condiciones de detención de una persona que no debería estar arbitrariamente privada de su libertad sugiere una flexibilización inaceptable de los estándares que debe mantener la Oficina de la Alta Comisionada en la evaluación de la situación de los derechos humanos en esta materia. [4]
- «Creo que ese es el objetivo de la oposición, organizarse para las elecciones del próximo año. Mantenemos contactos con personas de la oposición y eso es lo que ellos nos han informado, querer transformarse en una oposición de verdad y trabajar para que en las próximas elecciones les vaya bien».
No es papel de la Oficina de la Alta Comisionada emitir opiniones sobre el papel de los actores políticos. No se entiende, desde la perspectiva de la máxima instancia mundial en derechos humanos, qué significa una “oposición de verdad”. Independientemente de la existencia de debilidades y diferencias en los partidos de oposición, no le corresponde a la Alta Comisionada valorar a la oposición, pues no existe un estándar que permita sustentar lo que pretende valorar.
Tampoco presenta la Alta Comisionada una revisión crítica sobre las condiciones electorales en Venezuela, como para adelantar opinión sobre la posibilidad de que a un actor político “le vaya bien”. Su papel no es esperar que un actor político tenga éxito o fracaso, pues eso depende de la voluntad de la población. Lo que sí es su competencia es vigilar por el respeto al derecho a la participación política, en los términos establecidos en la Observación General No. 25, del Comité de los Derechos Humanos, sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto. Además, la Alta Comisionada no repara en el hecho de que la “oposición de verdad” no puede participar en un proceso electoral en Venezuela, aunque lo desee, porque no está inscrita con sus directivos “de verdad” ante el árbitro electoral por decisión del propio CNE o del TSJ. También omitió referirse a las elecciones de los representantes de los indígenas, tratados como ciudadanos de segunda con un derecho al voto indirecto.
En síntesis, las afirmaciones formuladas por la Alta Comisionada en la rueda de prensa del 9 de diciembre se acercan más a la opinión personal que al análisis objetivo con base en evidencias que puedan ser contrastadas con los estándares internacionales pertinentes para cada caso. Anteponer opiniones sobre el análisis objetivo de los hechos no solo es contrario a la metodología que tan celosamente defiende la Oficina de la Alta Comisionada, sino que es una posición riesgosa, en la medida en que puede socavar la credibilidad tanto de la Oficina como de su máxima vocera.
Preocupa además que exista en estas opiniones un cálculo destinado a evitar confrontaciones con quienes detentan el poder en Venezuela, con el fin de mantener una presencia en el país y, eventualmente, establecer una oficina. La presencia de ACNUDH en Venezuela no puede ser negociada a expensas de una merma en el tono sobre la realidad de la situación de los derechos humanos en el país, sustituyendo los parámetros objetivos de monitoreo y evaluación por opiniones personales.
Las preocupaciones antes expresadas son compartidas por las siguientes organizaciones:
AC Banco del Libro
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para los Defensores y la Justicia
Civilis Derechos Humanos
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela-Mérida
Convite Asociación Civil
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
FundaRedes
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Organización StopVIH
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
[1] Como, por ejemplo, el anuncio sobre el acompañamiento de los votantes por personal militar https://www.abc.es/internacional/abci–maduro–quiere–militares–vayan–buscar–votantes–viviendaselecciones–202009160259_noticia.html, la coacción social realizada por la candidata y ex ministra Iris Varela amenazando con despido a quienes no votaran: https://soundcloud.com/user20968064/iris–varela–a–funcionarios–del–min–penitenciario y otros mensajes de coacción https://soundcloud.com/user–20968064/2020–12–06audio–voz–femenina–se–identifica–como–jefade–comunidad–por–siempre–unidos ; https://soundcloud.com/user–20968064/2020–12–06audioanonimovoz–masculina–amenaza–a–quien–no–vote–con–quitar–bomo
[2] En la plataforma Venezuela Documenta, el 74% de las irregularidades reportadas estaban relacionadas con puntos de control partidistas https://www.instagram.com/p/CIflu_AHunO/
[3] Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. En:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26295&LangID=S
[4] Omite que lo que corresponde es la liberación inmediata de todos los presos por razones políticas, incluyendo aquellos quienes son beneficiarios de decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, como por ejemplo el caso de Juan Pablo Saavedra. https://cepaz.org/staging/noticias/grupo-de-trabajosobre-la-detencion-arbitraria-de-la-onu-declara-que-la-detencion-del-coronel-juan-pablo-saavedra-esarbitraria-y-pidio-su-liberacion-inmediata/
Observations on the statement given by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, on December 9, 2020, on the occasion of the December 6 voting event in Venezuela
Considering the mandate and responsibilities of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Michelle Bachelet, regarding the protection of human rights throughout the world and, in the specific case of Venezuela, having received a special mandate to provide information and act to put an end to the serious violations suffered by the Venezuelan population and the impunity with which they are committed, the following are observations regarding the statements made by the OHCHR at a press conference held on the December 9, which have generated concern in human rights organizations in Venezuela.
- «Beyond personal opinions about the elections …».
The events of December 6 are not a matter of mere thoughts, as if they were only subject to personal opinions without supporting criteria, but rather of contrasting the voting event with the existing international standards on the matter. The Office of the High Commissioner received sufficient information sent by various human rights organizations,1 in addition to publicly available information that was widely documented by the media before the process[1] and during the electoral event, on the numerous irregularities and illegalities that surrounded the December 6 event from the beginning and that prevent it from qualifying as a free, fair and verifiable “election”.[2]
Moreover, this statement is surprising because it contradicts what was stated by the High
Commissioner on September 25 in her oral update before the 45th Session of the Human Rights
1 The following reports were sent to the OHCHR by civil society organizations in a timely manner:
Acceso a la Justicia
https://accesoalajusticia.org/el–nuevo–sistema–electoral–venezolano–para–las–parlamentarias–2020/, https://www.accesoalajusticia.org/razia–de–partidos–politicos–en–venezuela/,
https://www.accesoalajusticia.org/elecciones–a–la–medida/, https://accesoalajusticia.org/parlamentarias–
2020–a–la–medida–del–gobierno–de–maduro/, https://accesoalajusticia.org/el–tablero–partidista–para–las–parlamentarias–2020/ and https://accesoalajusticia.org/designacion–del–cne–una–ruta–torpedeada–por–el–tsj/.
Press conference by the Citizen Electoral Network (Red Electoral Ciudadana) on the 2020 parliamentary elections, a pre-electoral report: https://www.youtube.com/watch?v=G3tVPLC_y4Q
Pre-electoral report on the 2020 parliamentary elections which document the main irregularities in the December 6 process: https://cepaz.org/staging/noticias/informe–preelectoral–parlamentarias–2020–documenta–lasprincipales–irregularidades–en–el–proceso–parlamentario–2020/
Map of events by Documenta Venezuela – December 6 parliamentary elections https://venezueladocumenta.org/index.php/2020/08/31/mapa/
Council, when she stated that concerned about “the decisions of the Supreme Court of Justice obstructing the freedom of seven political parties to select their representatives and the nonconsensual appointment of the members of the National Electoral Council, CNE. I am also concerned by the CNE’s modification of the mechanism for the selection of indigenous representatives to the National Assembly and the changes to the electoral system and to the composition of the National Assembly itself, without a prior inclusive consultation process.”[3]
Neither the Office of the High Commissioner, nor any other organ of the United Nations system, the Inter-American system, or the European Union sent observers to this event. Additionally, the independent observation provided for in Venezuelan electoral legislation was replaced in 2010 by the action of «accompaniment», which is nothing more than a formula invented by the electoral body to avoid national and international scrutiny in electoral events. In this sense, the statements of the High Commissioner are not supported by the observation and monitoring methodology that her office must maintain, undermining the credibility of her assessments.
- “They were quite peaceful. There weren’t many security problems.»
Blood is not the only sign of violence. There is structural violence in Venezuela that denies the population even the most basic rights. Threatening citizens with denying them access to food if they don’t vote (Diosdado Cabello’s “whoever doesn’t vote doesn’t eat”) is an unacceptable act of violence that should have been repudiated by the High Commissioner in strong terms.
- Journalists had “certain situations of intimidation, I would say, right?”
There were vehicles owned by media companies that were prevented from refueling. There were journalists forced to erase the material they had recorded, while others were threatened or denied access to voting centers. The High Commissioner’s affirmation seems light, in such a way that it could be taken as an opinion and, consequently, disqualified for not being presented with sufficient support or forcefulness.
- «We were concerned (sic) by certain comments, let’s say …»
It seems light to qualify an act of coercion, seeking to force people into voting, as a «comment», especially when the statement came from the official who heads the National Constituent Assembly and who has a history of threats that later turn into retaliation through judicial means or by acts of violence against those affected.
- «Political prisoners have conversations with their relatives via Zoom twice a day, and they can go to mass once a week»
Political prisoners are people arbitrarily deprived of their liberty. Celebrating the supposed improvements in the conditions of detention of a person who should not be arbitrarily deprived of
their liberty suggests an unacceptable relaxation of the standards that the Office of the High Commissioner must maintain in the evaluation of the human rights situation in this matter.[4]
- “I think that is the objective of the opposition, to organize themselves for the elections next year. We maintain contacts with people from the opposition and that is what they have informed us, wanting to become a real opposition and working so that the next elections go well for them”.
It is not the role of the Office of the High Commissioner to express opinions on the role of political actors. It is incomprehensible, coming from the perspective of the highest global authority on human rights, what a “real opposition” is supposed to mean. Regardless of the existence of weaknesses and differences among the opposition parties, it is not the responsibility of the High
Commissioner to assess the opposition, since there is no standard to support what it seeks to assess.
Furthermore, the High Commissioner does not present a critical review of the electoral conditions in Venezuela as to present an opinion on the future possibility that a political actor may «do well.» The High Commissioner’s role is not to wait for a political actor to succeed or fail, since that depends on the will of the population. Instead, it is the OHCHR’s mandate to ensure respect for the right to political participation, in the terms established in General Comment No. 25 of the Human Rights Committee on the participation in public affairs and the right to vote. In addition, the High Commissioner does not pay attention to the fact that the «real opposition» cannot participate in an electoral process in Venezuela, even if it wishes to, because its political parties are not registered under the leadership of its “real” directors before the electoral referee by decision of the National Electoral Council (CNE) itself or the Supreme Court (TSJ). Bachelet also omitted references to the election of the representatives of indigenous peoples, treated as second-class citizens with the right to an indirect vote.
In summary, the statements made by the High Commissioner in the press conference on December 9 are closer to a personal opinion than to an objective analysis based on evidence that can be contrasted with the relevant international standards for each case. Putting these opinions above the objective analysis of the facts is not only contrary to the methodology that the Office of the High Commissioner so zealously defends, but is a risky position, insofar as it can undermine the credibility of both the Office and its spokeswoman.
It is also worrying that, in these opinions, there is a calculation aimed at avoiding confrontations with those who hold power in Venezuela in order to maintain a presence in the country and, eventually, establish an office. The presence of the OHCHR in Venezuela cannot be negotiated at the expense of reducing the tone of the reality of the human rights situation in the country, substituting the objective parameters of monitoring and evaluation for personal opinions.
The concerns expressed above are shared by the following organizations:
AC Banco del Libro
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para los Defensores y la Justicia
Civilis Derechos Humanos
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela-Mérida
Convite Asociación Civil
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
FundaRedes
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Organización StopVIH
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
[1] For example, the announcement of military officials accompanying voters https://www.abc.es/internacional/abci–maduro–quiere–militares–vayan–buscar–votantes–viviendaselecciones–202009160259_noticia.html, the coercion by the candidate and former Minister Iris Varela, threatening to fire those who did not vote: https://soundcloud.com/user–20968064/iris–varela–afuncionarios–del–min–penitenciario and other coercive messages https://soundcloud.com/user20968064/2020–12–06audio–voz–femenina–se–identifica–como–jefa–de–comunidad–por–siempre–unidos ; https://soundcloud.com/user–20968064/2020–12–06audio–anonimovoz–masculina–amenaza–a–quien–novote–con–quitar–bomo
[2] In the Venezuela Documenta platform, 74% of reported irregularities were related to party organized control points https://www.instagram.com/p/CIflu_AHunO
[3] Oral update on the situation of human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela. Michelle
Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights. 45th session of the Human Rights Council.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26295&LangID=E
[4] It omits that what corresponds is the immediate release of all political prisoners, including those who are beneficiaries of decisions of the Working Group on Arbitrary Detention, such as the case of Juan Pablo Saavedra https://cepaz.org/staging/noticias/grupo–de–trabajo–sobre–la–detencion–arbitraria–de–la–onu–declara–quela–detencion–del–coronel–juan–pablo–saavedra–es–arbitraria–y–pidio–su–liberacion–inmediata/
