Un grupo de 18 personas expertas de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que Venezuela enfrenta una catástrofe humanitaria a raíz de los terremotos del 24 de junio, situación que profundiza las vulnerabilidades de la población y agudiza la prolongada crisis de derechos humanos que padece el país.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, indicaron. Las organizaciones ya preexistentes, como las de derechos humanos, nuevas redes vecinales e instancias internacionales han volcado sus esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la provisión de servicios y suministros médicos vitales que de otro modo no llegarían a las comunidades. Un papel que «debe ser reconocido por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional».
Sin embargo, las personas expertas denunciaron que esta labor esencial se encuentra gravemente amenazada por barreras normativas. Entre ellas destacaron la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Dicha ley impone trámites de inscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN) que resultan imposibles de cumplir, poniendo en riesgo la viabilidad y congelando arbitrariamente la personalidad jurídica de las organizaciones. A esto se suman las normativas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), las cuales imponen una supervisión excesiva que obstaculiza la recepción y administración de recursos para asociaciones nacionales e internacionales.
Frente a este escenario, los expertos exigieron a las autoridades venezolanas poner fin a las restricciones y promover acciones que faciliten el trabajo de la sociedad civil en la reconstrucción, integrando a mujeres y grupos marginados, además de habilitar mecanismos como la transferencia de efectivo a los damnificados. Asimismo, señalaron que es imprescindible instruir a las fuerzas de seguridad para que protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda —como los centros de acopio— y eviten la repetición de patrones represivos.
“La provisión de alojamiento de emergencia, los planes reconstrucción y otras soluciones a largo plazo, deben contar con la participación significativa de las personas afectadas, incluidas las desplazadas internamente. La respuesta al desastre debe llevarse a cabo de conformidad con normas internacionales de derechos humanos».
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar que las organizaciones locales puedan operar sin trabas, subrayando que “la sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres”.
