(Caracas, 13.12.2018) Las organizaciones de derechos humanos venezolanas firmantes rechazamos la criminalización de la sociedad civil nicaragüense, a través del hostigamiento judicial, la persecución y detención arbitraria de sus miembros, y más recientemente, la cancelación de la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la ONG Hagamos Democracia, concretada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, este 12 de diciembre de 2018.

Condenamos la represalia sistemática contra las asociaciones que actúan en legítima defensa de la dignidad e integridad de las y los nicaragüenses frente al gobierno no democrático de Daniel Ortega; en clara violación de sus obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos.

Desde hace casi ocho meses se inició una ola de protestas ciudadanas a nivel nacional que son reprimidas a través del uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración manifiesta con grupos parapoliciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó más de 300 personas asesinadas, entre ellos 24 niños(as), así como centenares de detenciones arbitrarias y de trabajadores públicos despedidos.

La pretendida desarticulación de las organizaciones civiles, fundamentales para la documentación y registro de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, demuestra de nuevo el carácter abiertamente autoritario y dictatorial del gobierno de Nicaragua. Estas acciones no silencian las voces críticas que reclaman institucionalidad y estado de derecho, por lo contrario, engrosan la lista de delitos que son de conocimiento regional y mundial, cuya responsabilidad recae por acción u omisión sobre el Estado y sus agentes.

Recordamos que las violaciones a los derechos humanos, a las que se suma la desarticulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) al condenar el derecho a la asociación, no prescriben, y la debida obediencia no exime a los funcionarios, ni a altos mandos gubernamentales, de responder ante dichas acciones, cuya gravedad se eleva ante la creciente represión.

Rechazamos que el Estado de Nicaragua criminalice a la población sometida a persecución por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Ni la expulsión de la CIDH ni la desarticulación de las OSC eximen al Estado de su compromiso legal e internacional de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Estas acciones aumentan su responsabilidad dentro del conjunto de graves violaciones cometidas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Ante la sistemática represión que violenta la libre expresión, asociación y protesta pacífica  que cercenó la institucionalidad democrática al privar a la ciudadanía de sus derechos:

Mantenemos nuestro exhorto a la comunidad internacional para que sigan atentos(as); a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Secretaria General de la Organización de Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado, para que redoblen los esfuerzos en la denuncia y difusión de la situación, y adopten pronunciamientos y acciones inmediatas en el marco del Derecho Internacional que exijan una salida democrática, inmediata, pacífica y con justicia como garantía de paz.

Asimismo, reiteramos al Estado de Nicaragua:

1. Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo cual impone cesar la represión y restituir de inmediato las garantías de los derechos de las(os) nicaragüenses
2. Investigar de oficio y de forma expedita, seria e independiente las violaciones a los derechos humanos, y sancionar según corresponda, a funcionarios sin omisiones en la cadena de mando, así como a particulares involucrados en la comisión de delitos.
3. Reconocer públicamente la responsabilidad por los hechos ocurridos y cumplir con la obligación de reparación integral a víctimas y sus familiares, adoptando garantías de no repetición.
4. Desarticular los grupos armados, determinar las responsabilidades a que haya lugar y sancionar a los civiles armados, a fin de erradicar las conductas y prácticas de persecución y violencia, que ante la legitimación, por acción u omisión de autoridades públicas, comprometen la responsabilidad de agentes del Estado.
5. Adoptar las medidas necesarias para restablecer el Estado de Derecho y los principios democráticos de gobierno como respuesta institucional y urgente a la crisis que enfrenta el país.

Organizaciones firmantes: