Cuando ocurre una emergencia como la que atraviesa hoy Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, existe el riesgo de mirar la situación como si comenzara en el momento del desastre. Pero la realidad es otra: la población venezolana, y en particular las mujeres, niñas y adolescentes, ya enfrentaba una crisis humanitaria compleja, sostenida y profundamente desigual. Entender esa línea de base es indispensable para que la respuesta a la emergencia actual no repita los mismos vacíos, sino que incorpore, desde el inicio, una perspectiva de género.

Una crisis previa, medida y documentada

Los datos más recientes de HumVenezuela, recogidos a través de su Encuesta de Hogares en los 24 estados del país (con información aportada por más de 16.000 mujeres, niñas y adolescentes tanto en 2024 como en 2025) muestran una situación que, si bien registra algunas mejoras interanuales en ciertos indicadores, sigue siendo alarmante en su magnitud.

En alimentación:

En 2025, el 39,2% de las mujeres, niñas y adolescentes vivía en hogares que debían destinar casi todo su presupuesto a comida, y un 15,6% no contaba con presupuesto disponible para alimentarse. El 87% recurría a comprar alimentos más baratos y menos preferidos, y más de la mitad (57,1%) debía pedir prestada comida o ayuda a terceros, mientras que en el 43,1% de los hogares se compraba comida día a día porque el dinero no alcanzaba, y el 26,1% de mujeres, niñas y adolescentes se quedaba con hambre.

Persistían estrategias de sobrevivencia extremas: 262.713 mujeres, niñas y adolescentes (1,8%) reportaron realizar actividades sexuales a cambio de ingresos o comida, y 54.179 niñas fueron dadas en matrimonio por falta de alimentos en el hogar.

En salud:

El 60,5% enfrentaba dificultades para acceder a servicios de salud, con las mayores barreras en los centros de Barrio Adentro (72,7%) y los Centros de Diagnóstico Integral (65,7%). De quienes tenían problemas de salud agudos, el 27,8% no recibió atención médica y el 26,9% no consiguió medicinas. Entre quienes vivían con condiciones crónicas, uno de cada cuatro no tuvo atención ni tratamiento.

Los servicios de salud mental llegaron apenas al 7,3% de quienes los necesitaban, y los de planificación familiar y métodos anticonceptivos no alcanzaron ni al 4% de la demanda. La hipertensión (15,7%), las infecciones respiratorias (11,3%) y la diarrea (9,8%) fueron los problemas de salud más prevalentes, en un contexto donde la atención oportuna es la excepción, no la norma.

Estos números no son abstractos: describen la vida cotidiana de millones de mujeres y niñas venezolanas antes de que los terremotos añadieran una capa adicional de urgencia. Cualquier respuesta humanitaria que no parta de este punto corre el riesgo de subestimar la profundidad del daño y de invisibilizar a quienes ya estaban en mayor desventaja.

Una emergencia que sigue creciendo sobre esa base ya crítica

Mientras escribimos esto, el balance oficial del terremoto continúa en aumento: de 2.595 fallecidos la mañana del 3 de julio se pasó a 3.342 fallecidos y más de 16.700 heridos para la noche del domingo 5 de julio, con 15.050 personas sin vivienda, 885 edificios afectados —189 de ellos totalmente colapsados— y cerca de 890 réplicas registradas. El gobierno no ha publicado una cifra oficial de personas desaparecidas, pero organismos internacionales han citado estimaciones que van de 40.000 (ACAPS) a 50.000 (ONU), mientras la OIM calcula que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas de alguna forma.

Algunos datos de este panorama tienen una relación directa con lo que ya sabíamos sobre las brechas de género:

• 680.000 niños y niñas necesitan asistencia, según estima UNICEF, una cifra que obliga a pensar de inmediato en la situación de las niñas y adolescentes, que ya enfrentaban antes de los sismos mayores tasas de matrimonio infantil y trabajo de sobrevivencia ante la falta de alimentos.
• Dos hospitales de Caracas fueron declarados inutilizables y sus pacientes debieron ser reubicados, sumándose a una red de salud que ya era de difícil acceso para el 60,5% de las mujeres, niñas y adolescentes antes de los terremotos.
• La OMS advierte sobre un mayor riesgo de brotes de enfermedades por el hacinamiento de familias desplazadas en refugios improvisados, justo cuando comienzan las primeras ondas tropicales de la temporada, un riesgo que recae de forma directa sobre quienes ya tenían las mayores dificultades para acceder a atención médica y medicinas.
• 15.050 personas sin vivienda y decenas de campamentos transitorios (59 registrados) recrean escenarios de hacinamiento y desplazamiento en los que el riesgo de violencia de género tiende a incrementarse, mientras las rutas de protección y denuncia están, según reportes de la propia sociedad civil, colapsadas o inoperantes.
• El reconteo de las primeras 48 horas encontró que el sistema de protección civil sencillamente no funcionó, con familias excavando a mano y la ayuda internacional enfrentando trabas burocráticas, un dato que confirma por qué no basta con esperar que la respuesta institucional llegue a tiempo a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, y por qué el monitoreo independiente y la exigencia de un enfoque de género en la respuesta son hoy más urgentes que nunca.

Por qué no podemos perder de vista estos datos

Frente a una emergencia repentina, la atención inmediata suele concentrarse en lo visible: infraestructura dañada, personas desplazadas, necesidades urgentes de agua, techo y alimento. Todo esto es legítimo y necesario. Pero si la respuesta se diseña sin mirar quién estaba ya en situación de mayor vulnerabilidad, se corre el riesgo de profundizar las brechas en lugar de cerrarlas.

La pregunta que debemos hacernos, y que desde Cepaz insistimos en mantener sobre la mesa, es: ¿cómo afecta esta emergencia de manera diferenciada a las mujeres, niñas y adolescentes? No es una pregunta retórica. Las emergencias no impactan a todas las personas por igual, y quienes ya cargaban con desventajas estructurales —económicas, de acceso a salud, de protección frente a la violencia— suelen ser quienes menos capacidad tienen de resistir un nuevo choque.

Indicadores y temas que la respuesta humanitaria no debería dejar fuera

Para que el análisis y la ayuda humanitaria incorporen realmente una perspectiva de género, proponemos prestar atención a:

• Acceso a salud sexual y reproductiva: continuidad de controles prenatales, atención de partos, anticonceptivos y tratamiento de embarazos de riesgo en contextos de desplazamiento o colapso de servicios.
• Salud mental: el estrés agudo de una emergencia se suma a un terreno ya erosionado —solo 7,3% de la demanda de servicios de salud mental estaba cubierta antes del terremoto.
• Violencia basada en género: las emergencias tienden a incrementar el riesgo de violencia intrafamiliar y sexual, mientras que las rutas de denuncia, protección y justicia suelen colapsar o volverse inaccesibles.
• Estrategias de sobrevivencia extremas: vigilar si aumentan el matrimonio infantil, el trabajo sexual de sobrevivencia o el trabajo infantil como respuesta a la pérdida de ingresos.
• Carga de cuidados: las mujeres suelen absorber el cuidado de niños, personas mayores y enfermos en medio del caos, lo que limita su acceso a ayuda, empleo o descanso.
• Acceso económico diferenciado: la pérdida de ingresos y activos afecta de forma distinta a hogares liderados por mujeres, que ya mostraban mayores tasas de reducción de gastos en salud y educación para sobrevivir.
• Datos desagregados por sexo y edad: sin esta desagregación en los registros de daños, censos de afectados y padrones de ayuda, es imposible dirigir una respuesta con enfoque de género.

Lo que estamos viendo desde Cepaz

En estos días, desde Cepaz hemos podido documentar cómo mujeres que ya eran víctimas de violencia de género han visto agravada su situación de múltiples formas: interrupciones en tratamientos médicos y de salud mental que venían sosteniendo, mayor precariedad económica que las hace más dependientes de sus agresores, y un acceso aún más limitado a la justicia y a mecanismos de protección en un momento en que las instituciones están desbordadas atendiendo la emergencia. Son mujeres que enfrentan, al mismo tiempo, la crisis general y una crisis particular que la emergencia no crea, pero sí profundiza y hace más difícil de resolver.

Identificar estas necesidades específicas —de salud, económicas, de protección y acceso a justicia— no es un añadido opcional a la respuesta humanitaria: es una condición para que esa respuesta sea efectiva y no deje a nadie atrás. Nombrar estas realidades, documentarlas y exigir que sean atendidas es, también, una forma de justicia.