ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), han solicitado formalmente que los planes de contingencia tras los movimientos sísmicos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, integren la perspectiva de género. Esta demanda se fundamenta en que las consecuencias de este tipo de desastres impacta de manera diferenciada a mujeres y niñas.

El organismo de Naciones Unidas enfatizó que «las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera. Mujeres y niñas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, atención, protección y medios de vida, además de un mayor riesgo de sufrir violencia». Añadió que es imperativo que «sus necesidades, derechos y prioridades sean considerados desde el inicio de la respuesta y durante todo el proceso de recuperación».

ONU Mujeres también puso de relieve el rol activo y transformador de las mujeres durante estas crisis, señalando que más allá del factor de vulnerabilidad, ellas lideran los esfuerzos de resiliencia y reconstrucción en sus entornos. «En sus familias, comunidades y organizaciones sostienen redes de apoyo, cuidan, organizan y contribuyen a la recuperación de los territorios. Reconocer su liderazgo y garantizar su participación en la toma de decisiones fortalece la respuesta humanitaria y favorece una reconstrucción más inclusiva y sostenible».

Alerta ante el incremento de las violencias

Paralelamente, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), adscrito a la OEA, instó a que los operativos de auxilio desplegados en el territorio caribeño vigilen y «garanticen la protección efectiva de las mujeres y las niñas».

El grupo de especialistas advirtió sobre los peligros tras los terremotos argumentando que «la experiencia internacional demuestra que, tras los desastres naturales, se intensifican y aumentan las distintas formas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la explotación y otras vulneraciones de derechos, al tiempo que se dificulta el acceso a servicios esenciales de protección, salud, justicia y apoyo psicosocial».

Las expertas recordaron que la Convención de Belém do Pará exige a los Estados evaluar las condiciones particulares de desprotección que acentúan los peligros de discriminación y maltrato hacia las mujeres, como las catástrofes de origen natural y las crisis climáticas, que obligan a transversalizar la perspectiva de género tanto en la fase de mitigación y como en la de reconstrucción, para «prevenir riesgos específicos y garantizar la protección integral de sus derechos»

Asistencia en salud sexual y reproductiva

Por su parte, el UNFPA informó sobre la movilización de recursos para salvaguardar la integridad y los requerimientos de salud reproductiva de las afectadas. Para esta agencia internacional, resulta prioritario garantizar la continuidad de prestaciones médicas como control materno, asistencia obstétrica de emergencia, métodos de planificación familiar, abordaje clínico en casos de abuso sexual y esquemas de prevención y mitigación de la violencia de género.

Según un reporte de la institución, ya se encuentra en marcha la distribución de material médico especializado y equipamiento logístico hacia los focos del desastre con el objetivo de preservar estos esquemas de protección y atención sanitaria.