La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y las comunidades afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Lamentaron la pérdida de vidas humanas, las lesiones sufridas y los graves daños materiales generalizados, advirtiendo que sus consecuencias han impactado severamente el goce de los derechos humanos en el país.
Balance de víctimas e impacto material
Según las cifras oficiales recopiladas al 29 de junio de 2026, los movimientos telúricos han causado al menos 1.719 muertes y 5.034 personas heridas, manteniéndose además diversos reportes de personas con paradero desconocido. El impacto de la catástrofe ha sido particularmente grave en las localidades de La Guaira y el área metropolitana de Caracas. Debido a que las operaciones de búsqueda, rescate y respuesta de emergencia continúan en desarrollo, las autoridades y organismos aún no determinan el alcance total del impacto humano.
La emergencia ha provocado la interrupción de servicios esenciales de salud, transporte, electricidad, agua potable y telecomunicaciones, además de severos daños a viviendas e infraestructura, afectando directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de la población. Ante esto, la CIDH y REDESCA subrayaron que el acceso oportuno a información pública confiable y a los medios de comunicación es un elemento esencial para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos en estas circunstancias.
Evaluación de las medidas estatales y protección a vulnerables
Los organismos reconocieron el trabajo de los equipos de rescate, los servicios de emergencia, la población civil y la comunidad internacional. Asimismo, tomaron nota de las acciones gubernamentales activadas, tales como la declaración del estado de emergencia y la suspensión de actividades escolares y tareas no esenciales.
No obstante, instaron al Estado venezolano a continuar con estos esfuerzos bajo un enfoque no discriminatorio, garantizando el acceso inmediato a atención médica, refugio seguro, agua, alimentos y saneamiento, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.
El comunicado advierte que las mujeres embarazadas y personas con afecciones crónicas enfrentan mayores riesgos para acceder a la asistencia. De igual forma, los niños, niñas y adolescentes corren el peligro de sufrir daños psicosociales o separación familiar, mientras que las personas mayores y con discapacidad experimentan mayores obstáculos para evacuar y recibir apoyo.
Situación de personas privadas de libertad y libertad de expresión
La CIDH y REDESCA recordaron al Estado su posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad. En este sentido, exigieron la adopción de planes de contingencia, la evaluación de la seguridad en los centros de detención y la garantía de acceso a servicios básicos y comunicación con familiares o representantes legales. Bajo este contexto, urgieron además la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Por otra parte, se instó a la adopción de medidas urgentes para restablecer la infraestructura de telecomunicaciones. De manera específica, hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para restablecer plenamente y de forma inmediata el acceso a las redes sociales y medios de comunicación digital, cuyos bloqueos persistían desde antes de la ocurrencia de los terremotos.
Llamado a la cooperación internacional
Dada la magnitud de la tragedia, la CIDH y REDESCA hicieron un llamado urgente a los Estados de la región, a las organizaciones internacionales y a los socios de cooperación para movilizar recursos financieros, técnicos y de asistencia humanitaria inmediata. Solicitaron que dicha ayuda sea suficiente, coordinada y apegada a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, instando simultáneamente al Estado venezolano a facilitar el acceso y la respectiva coordinación de estos recursos en el territorio.
