El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, intervino ante el Consejo para presentar una actualización oral sobre la situación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En su informe, destacó que en el país persisten profundos retos en materia de derechos cívicos y reformas judiciales, así como una severa crisis socioeconómica. Si bien hay gestos de apertura, estos avances siguen siendo insuficientes, pues el patrón de control, impunidad y precariedad sigue intacto.

Alerta por detenciones arbitrarias

El Alto Comisionado confirmó que, desde el 1 de mayo de 2025, su oficina ha verificado la liberación de más de 1.200 personas, en su mayoría arrestadas durante las protestas poselectorales de julio de 2024, aunque acotó que muchas de ellas permanecen bajo regímenes de libertad condicional. Asimismo, tomó nota de los datos gubernamentales que indican que más de 8.000 ciudadanos se acogieron a la ley de amnistía promulgada en febrero de 2026, resultando en la excarcelación directa de 314 individuos.

A pesar de estas medidas, Türk denunció que durante 2025 se documentaron 40 nuevos casos de detenciones arbitrarias dirigidas contra líderes de la oposición política, defensores y activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y personal de asistencia humanitaria.

El informe también advierte sobre el incremento de las manifestaciones públicas. Si bien no se reportaron incidentes de gravedad, el organismo señaló que el despliegue intimidatorio de las fuerzas de seguridad colectivas genera un preocupante «clima de miedo». En el ámbito penitenciario, Türk calificó el cierre del centro de detención «El Helicoide» como un mensaje relevante, pero manifestó su preocupación por el traslado de prisioneros hacia instalaciones con condiciones aún más precarias, operativos que frecuentemente ocurren sin notificación previa a sus familiares o abogados.

Restricciones a la justicia e impunidad persistente

Durante la actualización oral, el Alto Comisionado subrayó que el acceso a la tutela judicial efectiva y la rendición de cuentas siguen bajo severas restricciones. Aunque consideró positiva la condena dictada contra ocho agentes policiales por homicidios en operativos de seguridad, lamentó el estancamiento de las investigaciones judiciales relativas a las muertes ocurridas en las oleadas de protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024.

De igual forma, criticó la ausencia de indagaciones oficiales sobre los presuntos abusos cometidos en la «Operación Zaraza 2024», donde resultaron muertas 30 personas, y la falta de información institucional en torno a la desaparición forzada y posterior fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas en enero de 2025, un caso que desató gran agitación social. Adicionalmente, denunció la violación sistemática del debido proceso, la falta de acceso a expedientes y la vigencia de la denominada ley antiodio como herramientas de restricción del espacio cívico.

Agudización de la emergencia humanitaria y económica

El informe detalla un empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población. Entre los indicadores económicos más críticos expuestos destacan:

Déficit de asistencia: Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos requieren apoyo humanitario de carácter urgente.

Hiperinflación de alimentos: El costo de la cesta familiar alimentaria registró un incremento superior al 700% en bolívares entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Colapso del salario: Los sueldos permanecen en niveles sumamente deprimidos; el nuevo costo fijado para el transporte urbano (140 bolívares) sobrepasa el ingreso mensual total de los trabajadores del sector público.

Acceso a la salud: La mayor parte de la población sufre limitaciones para acceder al sistema sanitario. La OACNUDH siguió recibiendo denuncias de pacientes o familiares a quienes se exigía llevar sus propios suministros a los hospitales, incluidos ropa de cama, alimentos e insumos médicos.

Recomendaciones para la reconstrucción institucional

Para consolidar un progreso sólido, Türk instó a las autoridades venezolanas a acometer reformas profundas y transparentes en el sistema de justicia y el sector de seguridad. Esto debe incluir la depuración del personal, evaluaciones de mérito transparentes para los jueces, consultas nacionales inclusivas y la supervisión rigurosa de los centros de reclusión por parte de entes independientes e imparciales.

En el plano económico, instó a situar los derechos humanos y la transparencia como pilares fundamentales de la gestión pública, exigiendo de forma categórica que los ingresos provenientes de sectores estratégicos, como el gas, el petróleo y los minerales, beneficien a la totalidad de la población. Asimismo, recordó el deber de consultar de buena fe a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento previo, libre e informado ante proyectos que se desarrollen en sus regiones.

Recalcó que «resulta fundamental establecer o determinar la verdad, encontrar reparación adecuada para aquellos que padecieron, garantías de no repetición de graves violaciones de derechos humanos y además crear condiciones propicias a la reconciliación. Ello requerirá medidas que reconstruyan la confianza en las instituciones del Estado mediante una consulta real con la sociedad civil, las víctimas y sus familias. La ampliación del espacio cívico también resulta fundamental. Un acceso regular y sin trabas a todos los lugares de detención por parte de entidades imparciales e independientes debe ser prioritario. Mi oficina está a disposición de Venezuela para ofrecer apoyo técnico hacia la mejora de las condiciones».

Finalmente, el Alto Comisionado exhortó al Estado a cooperar con instancias internacionales de supervisión como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Corte Penal Internacional (CPI). Concluyó agradeciendo la rápida movilización global en respuesta a los destructivos terremotos que sacudieron recientemente al país, pidiendo sostener la ayuda con un enfoque centrado en la dignidad de los damnificados.