Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), participó en la audiencia “Situación de la institucionalidad democrática en Venezuela”, realizada durante el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta audiencia, Borges presentó el informe “Estocada a la democracia”, que analiza la ruptura de la institucionalidad en el país, a través de la identificación de los hitos que marcaron el progresivo deterioro del sistema democrático en Venezuela.
“El punto de inflexión de este declive llegó con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales, y que desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el objeto de orientar la habilitación del Ejecutivo para poder legislar sin contar con el aval del Legislativo”, relata el informe.
Durante su presentación, la directora de Cepaz destacó que la institucionalidad democrática fue socavada por el gobierno venezolano, siendo la estocada final la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que no fue solicitada por el pueblo, sino por el presidente Nicolás Maduro, con la finalidad de mantenerse en el poder.
Borges aseguró que “en Venezuela actualmente no se cumplen los elementos fundamentales y esenciales de una democracia, consagrados en la Carta Democrática Interamericana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Denunció que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como el Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen graves cuestionamientos en cuanto a su legitimidad de origen. Recalcó que con la ayuda de estas instancias, la ANC se convirtió en un poder fraudulento paralelo, que usurpa las funciones de la Asamblea Nacional, entre otros poderes.
En el informe se explica que las sentencias del TSJ “son el producto de la ausencia de todo raciocinio y lógica constitucional”.
Además, destacó que en el país se vive una dramática profundización de la crisis humanitaria y que “la población no cuenta con las respuestas adecuadas del Estado y no se permite la ayuda internacional para brindar protección a los más vulnerables que evite la pérdida de vidas”.
