El acto cívico de expresión popular denominado “Primarias”, fue una lección de ciudadanía y cultura democrática de los y las venezolanas, por lo que defender sus resultados es defender la esperanza de democracia en Venezuela.

Hacemos un reconocimiento al proceso de movilización, organización y celebración ciudadana de la Primaria del pasado 22 de octubre. Un evento que más allá de elegir una candidatura unitaria para el 2024, quedará en la memoria de los venezolanos como el día en que demostraron al mundo y a sí mismos, su determinación por producir un cambio democrático.

La Primaria se convirtió en un hito cívico para la ruta de la reinstitucionalización democrática en Venezuela que demostró tanto las capacidades de movilización y organización de las fuerzas cívicas y democráticas, como el compromiso de los millones de venezolanos y venezolanas que dijeron en voz alta y fuerte que el camino es pacífico, es electoral y es constitucional.

Reconocemos la labor de la Comisión Nacional de Primarias; de los miles de personas que ejercieron su voluntariado en esa jornada cívica; de los ciudadanos y ciudadanas que más allá de ideologías y militancias decidieron enfrentar las amenazas y las difíciles condiciones para ejercer su derecho; y de comunicadores sociales que a pesar de las limitaciones cumplieron con su misión de informar y dejaron registro de la Primaria como un acto de reafirmación de la autonomía frente al poder.

Las amenazas, la criminalización y la judicialización acechan la ruta democrática en Venezuela y con ello la esperanza por un cambio pacífico y una vida digna para los y las venezolanas. Hoy elevamos nuestra voz para exigir el respeto a la expresión popular y la voluntad de cambio manifestada el 22 de octubre pasado, y para exigir se cumplan los recientes acuerdos alcanzados por los actores en pro de la dignidad de los y las venezolanos.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra la elección Primarias ratifica la capacidad de adaptación de un gobierno no democrático para intentar silenciar la crítica, mediante el uso de métodos duros y blandos, expresado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.

La reciente decisión del tribunal Supremo de Justicia contra las elecciones primarias realizadas el pasado 22 de octubre ratifica lo denunciado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela: Las juezas, jueces y fiscales, desempeñan un papel importante en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en nuestro país. Y que en su conjunto, el sistema de administración de justicia se ha convertido en un instrumento de persecución por razones políticas, colocándose de espaldas a las obligaciones constitucionales y los estándares internacionales sobre el derecho de acceder a una justicia justa por parte de la ciudadanía. Recordemos que esto motivó a que la Misión de la ONU realizara, en octubre de 2021, un extenso informe de más de 200 páginas sobre la responsabilidad de juezas, jueces y fiscales en la denegación de justicia y en su complicidad, estímulo y tolerancia a casos de tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias ocurridas en el país.

La decisión de suspender los efectos de las primarias por vía judicial, además, corrobora el diagnóstico realizado por la Misión de la ONU en su más reciente informe: La capacidad de adaptación de un gobierno no democrático para intentar silenciar la crítica, mediante el uso de métodos duros y blandos. Citamos las palabras de la Misión: “Las formas de violencia y coacción desplegadas por el Estado venezolano han variado en las distintas fases de la crisis actual, en función de la percepción sobre la naturaleza y la intensidad de las acciones de disidencia”. La Misión ha denunciado el uso alternado de métodos duros y blandos, además de los castigos ejemplarizantes, que son alternados dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social. Esto demuestra que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado y el Gobierno continúa intensificado sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático de Venezuela.

Sin embargo, estas acciones represivas contra la sociedad democrática tienen un techo, como lo demostró la valiente demostración de participación popular evidenciada en las primarias, de personas de todos los estratos sociales que buscaron información a pesar de la férrea censura que caracterizó el proceso electoral, y desafiaron las amenazas veladas o explícitas de las autoridades si mostraban su descontento. Cualquier acuerdo para superar la crisis debe ser acompañado por organizaciones sociales y gremiales fortalecidas y por una comunidad internacional que continúe desempeñando el papel de muro de contención contra el abuso de poder. Por nuestra parte seguimos comprometidos en acompañar a la población en el ejercicio de su ciudadanía y continuar alimentando los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos, entre otros, cuyo trabajo de disuasión ha logrado que la precaria situación de los venezolanos no sea más difícil de lo que ya es.

La judicialización del proceso de Primarias viola derechos fundamentales y confirma el uso del sistema de justicia venezolano como medio represión y persecución.

La judicialización del proceso de primarias confirma el uso del sistema de justicia como medio represión y persecución. Realizar esto días antes de la audiencia ante la Sala de Apelaciones de la CPI evidencia que no se han realizado cambios en el sistema de justicia y que por el contrario se sigue utilizando el mismo en violación de los derechos fundamentales de los venezolanos.

La actuación del sistema de justicia contra el proceso de Primarias se hace en violación de los derechos humanos:

a) respecto del proceso en sí viola el derecho participación en los asuntos públicos,

b) en tanto el proceso de primarias nace del ejercicio de la libertad de asociación para escoger un candidato o candidata a la presidencia de la República, se viola este derecho al imponer obligaciones ajenas a los estándares internacionales que dan libertad a los asociados de elegir libremente a quienes los representen, y

c) en relación con los miembros de las CNdP y sus representantes locales: el derecho a la presunción de inocencia al exigírseles que demuestren la misma, cuando en realidad quien tiene la carga de la prueba es el estado; el derecho al debido proceso al citárseles de manera irregular bajo una denominación de investigados que no tiene asidero legal, entre otras irregularidades; el derecho a la privacidad de su información personal al exponerse en las redes sociales sus direcciones personales; el derecho al honor y a la reputación al considerárseles culpables antes de un pronunciamiento judicial definitivamente firme.

Pese a lo anterior, hemos de señalar que la decisión de la Sala Electoral no anula las Primarias sino que suspende sus efectos, lo que tiene otras connotaciones.

Por último, la Sala Electoral se refiere a María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano como ciudadanos inhabilitados “de manera firme”, con lo cual parece confirmar sin debido proceso una sanción administrativa, aun no siendo de su competencia, pues declarar la validez o no de un acto del Contralor General de la República dicha potestad corresponde a la Sala Político Administrativa. Es importante resaltar que tales inhabilitaciones fueron impuestas inconstitucionalmente por la Contraloría General de la República en contra de los tratados internacionales de derechos humanos en la materia suscritos por Venezuela, así como en contra la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A toda la ciudadanía dentro y fuera del país nos toca mantenernos firmes para sortear los múltiples intentos que existen y vendrán, con la intención de minar la ruta hacia unas elecciones libres en 2024 y en 2025. Tal como expresara el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas: “Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos, donde se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”. Es el momento del ejercicio de la política pensando en el bien común, el momento para cuidar esperanza, para la generación de consensos que garanticen el respeto a los ddhh, justicia independiente, institucionalidad y gobernabilidad democrática.