En una decisión hecha pública el 8 de mayo, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición hecha por el gobierno de Venezuela para responder al informe con observaciones de las víctimas. En este informe, 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones presentaron sus opiniones a través de 1.875 solicitudes.

Además de sus observaciones, las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad enumerados en la remisión de los Estados Parte sobre la Situación de Venezuela, reportaron las afectaciones sufridas y mencionaron su preocupación por su seguridad y la de sus familiares, así como la de sus representantes legales y las organizaciones que las asisten.

Tras respaldar que continúe la investigación de la fiscalía de la CPI en el caso de Venezuela, en las remisiones de información también se solicitó el establecimiento de una oficina de la Corte en Caracas, para facilitar su participación en los posibles procedimientos judiciales que se lleven a cabo.

En su petición, Venezuela señaló que el informe de observaciones de las víctimas planteaba nuevas cuestiones que no pudieron ser anticipadas razonablemente. A juicio del Estado venezolano el informe presentaba hechos que pudieron haber sido objeto de investigaciones internas, o que nunca fueron informados al sistema judicial, y que incluso los perpetradores pudieron haber sido ya sancionados. En tal sentido, Venezuela aseveró que era necesario responder en detalle cada uno de los alegatos presentados en el informe de observaciones de las víctimas.

Respuesta de los jueces

En su argumentación para negar la solicitud hecha por el gobierno de Nicolás Maduro, los jueces de la CPI señalaron que “una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas”. Agrega que solamente  «se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas”.

“Venezuela se limita a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”, indica el documento.

“Esta presentación, en sí misma, no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la Sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar”, agrega la respuesta emitida por los jueces de la CPI.

La Sala de Cuestiones Preliminares I añadió que ya ha recibido todas las presentaciones que había establecido y previsto sobre el desarrollo del procedimiento, incluyendo el informe de observaciones de las víctimas. Por lo tanto, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela, o cualquier otro participante en este procedimiento. Ahora esta instancia procederá con su análisis e informará acerca de su decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación sobre Venezuela.