Un comunicado firmado por más de 200 organizaciones e individualidades, alerta sobre el ejercicio en Venezuela de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres. En el escrito se señala que «las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país».

«Esta situación se mantiene en la actualidad afectando al liderazgo femenino, hoy subrepresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones. Uno de los factores que impacta directamente en la participación del liderazgo femenino es la violencia política por razones de género, un fenómeno creciente que mina los derechos fundamentales y la participación activa de las mujeres en la vida política y pública del país», agrega el comunicado.

Las organizaciones y personas firmantes exigen al Gobierno venezolano, y a sus operadores políticos, el cese de cualquier tipo de persecución política contra las mujeres, así como garantizar su protección en el ámbito político». Incluyendo a las candidatas en la contienda preelectoral, funcionarias y activistas, «sin importar su tolda política, asegurando que puedan ejercer sus derechos políticos sin temor».

También se insta a los actores y partidos políticos a comprometerse públicamente a promover y respetar los derechos de las mujeres a participar en la vida política, sin discriminación ni violencia. Además a adoptar códigos de conducta que prohíban explícitamente la violencia y la discriminación por razones de género.

En los últimos meses se ha evidenciado una escalada de ataques contra mujeres que ocupan cargos políticos, así como contra aquellas con aspiraciones políticas y contra activistas por los derechos de las mujeres. Además de un incremento de la violencia digital basada en el género, que afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos.

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