El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó su grave preocupación ante el caso del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas, quien tras ser víctima de desaparición forzada, falleció bajo custodia del Estado. El organismo internacional instó de manera urgente al Estado venezolano a iniciar una investigación pronta, efectiva, independiente e imparcial sobre los hechos.

Ocultamiento deliberado y sufrimiento familiar

Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 3 de enero de 2025. Desde ese momento, sus familiares acudieron de forma reiterada y periódica ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su paradero, recibiendo únicamente silencio por respuesta.

No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026, más de un año después de la detención y meses después del deceso, que las autoridades venezolanas emitieron un comunicado público informando que Quero Navas había sido recluido en el Internado Judicial Rodeo I y que posteriormente, el 15 de julio de 2025, había fallecido en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo debido a una insuficiencia respiratoria aguda secundaria y un tromboembolismo pulmonar.

«Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del Sr. Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público», señalaron los expertos de la ONU, calificando el hecho como grave y doloroso.

Profundas contradicciones en la versión oficial

El Grupo de Trabajo de la ONU alertó sobre serias inconsistencias en la cronología oficial de los hechos. El organismo reveló que existe un «Acta de Comparecencia» suscrita por la propia Defensoría Pública de Venezuela con fecha del24 de octubre de 2025 (tres meses después de la supuesta fecha de muerte). En dicho documento se le aseguró a la familia que el detenido se encontraba con vida en el Centro de Detención Rodeo I. Sin embargo, cuando los familiares acudieron al centro, los guardias negaron su presencia y en ningún momento les informaron del fallecimiento.

«Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento», enfatizó el Grupo de Trabajo, manifestando asimismo su alarma por la evidente falta de independencia judicial y de autonomía de la Fiscalía en el país.

Exigencias de justicia y verdad

Las expertas de la ONU recordaron que este caso ilustra el profundo sufrimiento psicológico y la tortura de la incertidumbre que enfrentan las familias cuando el Estado oculta deliberadamente el paradero de una persona.

Ante esta situación, el Grupo de Trabajo exigió formalmente al Estado venezolano una investigación forense independiente e imparcial, para determinar las causas reales y la fecha exacta de la muerte. la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna e inmediata a sus familiares, y el cese inmediato de la práctica de las desapariciones forzadas en el país.

«El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas», concluyó el Grupo de Trabajo.