Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos condenamos el allanamiento ilegal realizado el 15 de febrero de 2019 a la sede de Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid), organización sin fines de lucro fundada en el año 2003, dedicada a defender los derechos de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y la detención arbitraria e ilegal de los defensores Jhonatan Mendoza, tesorero, Wilmer Álvarez, vicepresidente fundador, y Manuel Armas, secretario de la organización, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Valencia, Estado Carabobo.

Su presidente, Eduardo Franco, informó que el allanamiento fue realizado sin orden judicial y que de forma arbitraria se llevaron los medicamentos antirretrovirales y las fórmulas lácteas para madres en gestación y niños con VIH/SIDA.

El CICPC irrumpió a la fuerza en la sede que se encontraba cerrada. 11 funcionarios entraron, registraron y se llevaron los medicamentos antirretrovirales y fórmulas lácteas provenientes de donaciones, así como equipos, materiales y documentos de la organización. Al conocer del allanamiento, se acercaron a la sede Jonathan Mendoza y Manuel Armas, a quienes los funcionarios les exigieron acompañarlos hasta la sede del CICPC para interrogarlos. Posteriormente, Wilmer Álvarez se trasladó al CICPC y los tres fueron retenidos durante 7 horas, violando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Reafirmamos el derecho humano a la asistencia humanitaria por parte de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Estos actos de allanamiento ilegal y de detenciones arbitrarias contra actores que defienden los derechos humanitarios sientan un grave precedente en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela que pueden constituir violaciones del derecho internacional.

Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a la labor de los actores humanitarios y de los defensores de derechos humanos en Venezuela, velar por su protección y exigir las garantías de su derecho a defender y atender a las poblaciones más vulnerables en el país.

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