En los últimos años Venezuela ha estado bajo observación de la comunidad internacional, que agrupada en diversos organismos internacionales, ha intentado buscar y dar respuesta a los ciudadanos venezolanos ante diversos hechos que han socavado el disfrute de sus derechos humanos, inclusive llegándose a señalar la existencia de la comisión de crímenes internacionales. Ante esta situación, el 8 de febrero de 2018, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda anunció el inicio de un examen preliminar que tendría como objeto de análisis los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril del 2017, en “el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.  El marco normativo para esta investigación será el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como el Estatuto de Roma.

En este sentido, la Fiscalía de la Corte señaló que “En particular, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado usaron con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o aparentes de la oposición, algunos de los cuales habrían sido supuestamente sometidos a graves abusos y malos tratos. -Tratamiento en detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos o muertos.”

Por su parte, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados parte al Estatuto de Roma (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay Perú) remitieron la situación de Venezuela, solicitando inclusive la extensión del tiempo bajo investigación partiendo desde el año  2014.

Más recientemente la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina para Derechos Humanos, emitió su más reciente “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, en donde se realizaron una serie de afirmaciones que comprometen aún más la responsabilidad internacional del Estado pero sin dejar de lado que el mismo fortalecerá la idea de la necesaria determinación de responsabilidades individuales. Se estima que el informe será un nuevo elemento a ser considerado por la Fiscalía de la CPI, con base al artículo 15.2 del Estatuto de Roma,

Los hechos hasta ahora acá descritos han levantado una serie de dudas e interés en la ciudadanía sobre el alcance de las labores de la CPI y su impacto en Venezuela. Es por ello que CEPAZ comenzará con una serie de breves artículos que permitirán a  la opinión pública mantenerse informada sobre temas relacionados a la CPI, esto debido a que estamos consciente de que los ciudadanos deben conocer sus derechos y empoderarse de la información relativa a cómo se inicia la activación de los mecanismos internacionales para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos o la comisión de crímenes internacionales.

Igualmente, a través de esta serie de artículos, se busca brindar a la ciudadanía de un conocimiento claro sobre el alcance de las acciones judiciales de la CPI y de la importancia de los trabajos de esta corte cuando en la jurisdicción nacional no existe una institucionalidad independiente que garantice la justicia, verdad y reparación de las víctimas. Cabe resaltar que, igualmente, se pretende dejar claro que la finalidad de la CPI es luchar contra la impunidad a través de la investigación y enjuiciamiento de  particulares, mediante el establecimiento de responsabilidades individuales por la comisión de crímenes internacionales; y que por lo tanto, la CPI no está abocada a resolver los problemas políticos de un Estado.

La publicación de los artículos se harán de la mano de dos especialistas en el área internacional: Thairi Moya Sanchez[1] y Simón Goméz Guaimara[2].

[1] Thairi Moya Sánchez es Doctora en Derecho con enfoque en Derecho Internacional Penal, mención excelente y honorífica, por la Universidad Central de Venezuela y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham.  Cuenta con estudios en la Universidad de Harvard, Academia de Derecho Internacional de la Haya, La Fundación René Cassin-Francia, entre otros. Ha escrito varios artículos académicos, enfocados en Derecho Internacional Penal y Derechos Humanos, más recientemente el libro “La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su  compatibilidad con la  Constitución de Venezuela”, (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019). Ganadora del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 2018. Consultora en Derecho Internacional Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional.

[2] Simón Gómez Guaimara es abogado summa cum laude por la Universidad de Carabobo y Magíster en Derecho Internacional Público con mérito por The London School of Economics and Political Science. Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello y consultor en temas de derechos humanos, justicia transicional y derecho internacional. Recientemente, ha sido investigador visitante en Abo Akademi University (Finlandia) y Bard College (EEUU).