El régimen venezolano ha propiciado el progresivo deterioro de las condiciones de salud en el país. En la actualidad los hospitales carecen de infraestructura básica, no cuentan con los equipos médicos e instrumentos de prevención, higiene y protección, y hay fallas recurrentes de los servicios públicos como el agua y la luz.

Expertos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertían en el 2018 la situación de los centros de salud en Venezuela. Al respecto, afirmaron: “El acceso a la salud, una responsabilidad fundamental del Estado, se encuentra en un estado de serio deterioro. Estamos impactados de que los propios hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo” ^[1]. Asimismo, instaron al régimen venezolano a movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para restaurar el sistema de salud en el país.

Ahora, a esta preexistente crisis de salud que ya advertían desde el pasado organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, debemos añadirle la emergencia sanitaria mundial a causa de la propagación de la Covid-19 que impacta de manera diferenciada en Venezuela.

Para el 20 de septiembre de 2020 se reportaba un 67% de centros de salud con fallas o escasez de jabón, un 60% des guantes, 40% de tapabocas, y un 68% sin gel desinfectante ^[2]. Esta situación evidencia un progresivo deterioro del sistema de salud que afecta a los enfermos y personas contagiadas del virus, pero que también impacta profundamente en los médicos, enfermeros y en todos los trabajadores del gremio de la salud, que se encuentran en la primera línea de contagio sin contar con el equipo de protección adecuado.

El gremio de la salud además de ser víctima de la persecución, padece estas deficientes condiciones con las que deben hacer frente a la pandemia, todo ello a pesar de que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 53 establece el derecho de los trabajadores a desarrollar sus labores de trabajo en un ambiente adecuado y propicio, por lo que no pueden ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 establece la obligación de los Estados de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud. Entre las obligaciones se encuentran mejorar la higiene de trabajo y medio ambiente, así como la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos.

Por otra parte, a la compleja crisis de los centros de salud en Venezuela se le suma el aumento en el último mes de los casos de contagios y fallecimientos que reporta el régimen diariamente, mientras tanto se evidencia una deficiente implementación de las medidas de prevención que permitan reducir la propagación del virus, por mencionar algún ejemplo, el sistema de flexibilización 7-7 que no ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud o  el desarrollo de un cronograma electoral sin protocolos efectivos.

Hasta el 27 de septiembre de 2020 han sido contabilizados al menos 200 fallecimientos del personal de salud en Venezuela a causa de la Covid-19^[3], entre tanto los voceros del régimen contabilizaban para esa fecha 606 fallecimientos a causa del virus en todo el territorio nacional.

Lo anterior se traduce en una alta tasa de mortalidad del gremio de la salud en Venezuela, es decir, 33% del total de víctimas fallecidas por el virus son miembros del gremio de la salud, consecuencia de un sistema sanitario colapsado, la falta de insumos médicos y de la protección necesaria para atender a los pacientes contagiados, lo cual mantiene a Venezuela con la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región ^[4].

Es importante destacar que hasta la fecha las autoridades no se han pronunciado respecto a la alta tasa de mortalidad del personal de salud venezolano, ni los porcentajes de escasez de los equipos médicos e instrumentos de protección para hacer frente a la pandemia, incluso organizaciones continúan afirmando que los casos anunciados diariamente por las autoridades no reflejan el tamaño real de la epidemia en Venezuela, indicando que pudiera existir un subregistro^[5].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en tiempos de pandemia, mediante la  resolución 4/2020, las obligaciones de los Estados de garantizar el disfrute del derecho humano a la salud, para ello se deben regular y supervisar las instalaciones, bienes como diagnósticos, medicamentos, equipos y tecnologías, y servicios de la salud, haciendo uso eficiente del máximo de los recursos disponibles.

Del mismo modo, ha expresado su preocupación por la situación de los trabajadores de la salud, destacando la necesidad de que cuenten con protocolos de bio seguridad, diagnósticos, equipos de protección, materiales de desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud ^[6].

De la misma manera se ha referido la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su más reciente actualización oral sobre Venezuela, en la que expresó su preocupación por la tasa de fallecimientos de profesionales de la salud aludiendo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales, e hizo un llamado a mejorar las condiciones de salud en el país.

En este sentido, es fundamental una eficiente atención sanitaria y óptimas condiciones de los centros de salud en momentos de emergencias como el que vive el mundo actual. Esto se encuentra íntimamente vinculado con una gama de derechos humanos que se encuentra obligado el Estado a garantizar, como la vida, la salud, la dignidad y el trato igualitario, a través de la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los bienes y servicios de salud.

Las alarmantes cifras de fallecimiento del personal de salud en Venezuela evidencian la falta de compromiso del régimen en esta materia, y el continuo incumplimiento de las obligaciones internacionales y las normas del ordenamiento jurídico interno.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) condenamos la falta de políticas y planes por parte del régimen para hacer frente a la pandemia y garantizar un adecuado servicio de salud en el país.

El enfoque de la salud como un derecho humano es fundamental para alcanzar un progresivo desarrollo y la asignación de los recursos que correspondan para proveer al personal de salud de los equipos médicos necesarios para abordar la pandemia, y a las personas contagiadas del virus garantizarle la priorización del cuidado de su salud.

[1] OEA. Comunicado de prensa. Venezuela: el sistema de salud en crisis, dicen expertos y expertas de derechos humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/215.asp

[2] TWITTER. CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1310549897846947840/photo/1

[3] TWITTER. MEDICOS UNIDOS VZLA. Disponible en: https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1310599037876400131

[4] EL ESTÍMULO. Médicos venezolanos tienen el mayor porcentaje de muertes por COVID-19

https://elestimulo.com/medicos-venezolanos-tienen-el-mayor-porcentaje-de-muertes-por-covid-19/

[5] Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios.

[6] TWITTER. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en:  https://twitter.com/CIDH/status/1288194908445184001?s=20