43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, 10 de marzo de 2020

Señora vicepresidenta,

Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a dichos Diputados a la sede de la Asamblea Nacional.

Asimismo, lamento la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario.

Mi Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara.

También hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación.

Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.

Me preocupa el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs.

Por otro lado, hemos documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias, por lo que considero positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria.

También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales.

Además, mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas.

Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del Gobierno destinados al gasto social.

A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, o sea de overcomplience, del sector financiero.

Y permítame hacer aquí un comentario especial, como mujer, como madre y como pediatra.

Sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina. Y algunos han lamentablemente fallecido esperando el trasplante. Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos. Sin embargo, a ellas se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019, sólo el 21 por ciento de las camas se encontraban operativas.

Por otro lado, una reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos mostró que 2.3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada.

Otro elemento conocido es la situación de las personas que han abandonado el país.

Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4.9 millones de personas han abandonado el país. Reconociendo los enormes esfuerzos de los países de la región, quiero asimismo lamentar las declaraciones de algunas autoridades de algunos países, que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas.

Confío que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.

Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas.

Gracias, vicepresidenta.