Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por los procesos de designación de las personas titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo que actualmente adelanta la Asamblea Nacional de Venezuela, los cuales se están llevando a cabo sin apego a estándares mínimos de transparencia, participación ciudadana, imparcialidad y rendición de cuentas. Estas deficiencias en el proceso generan el riesgo de que se designen personas carentes de independencia, idoneidad y probidad para ejercer dichos cargos, lo que debilita aún más el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
El 25 de febrero de 2026, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz presentaron ante la Asamblea Nacional sus renuncias a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, respectivamente. Ese mismo día, la Asamblea Nacional procedió a conformar el Comité de Evaluación de Postulaciones (en adelante “Comité de Evaluación”) requerido por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la selección de estos cargos, y a designar a las autoridades interinas hasta que culmine el proceso de designación.
Sin embargo, el Comité de Evaluación se integró únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley. Esta conformación anula la pluralidad e independencia del proceso, así como las garantías de participación ciudadana, pues sugiere que la eventual designación de las nuevas autoridades podría responder a lealtades políticas antes que, a criterios de mérito profesional, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.
A pesar de que el lunes 16 de marzo se publicó la lista de postulantes, las organizaciones resaltamos la preocupación de que hasta la fecha el Comité de Evaluación designado por la Asamblea Nacional no ha publicado el reglamento que regirá el proceso de selección, el cronograma aprobado el 27 de febrero de 2026, ni el baremo que será utilizado para evaluar las credenciales de las personas aspirantes.
La ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación limita la posibilidad de un escrutinio público efectivo y restringe la participación informada de la ciudadanía, debilitando la legitimidad del proceso. Lo anterior abre la puerta a decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad de las personas postulantes.
En este contexto, las organizaciones suscritas hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a garantizar que el proceso de selección de las máximas autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo se ajusten a los principios de transparencia, participación ciudadana, imparcialidad y rendición de cuentas, que permitan la selección de personas independientes e idóneas conforme la Constitución venezolana y los estándares internacionales en materia de designación de autoridades que cumplen funciones esenciales para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Además, instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los mecanismos pertinentes de Naciones Unidas, como a los Estados de la región a monitorear y vigilar de manera cercana este proceso de designación, en atención al impacto directo en la recuperación de la independencia institucional, el acceso a la justicia, y la protección de los derechos humanos en Venezuela.
Firman:
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ASO DDHH)
Aula Abierta
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela)
Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
