Entre el 24 de febrero y el 4 de abril, tendrá lugar la sesión 58 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante estas sesiones los Estados miembros del Consejo discuten sobre diversos temas de interés relativos a la situación de los derechos humanos alrededor del mundo. También se presentan informes de expertos independientes y mecanismos especiales, se llevan a cabo diálogos interactivos con relatorías y grupos de trabajo, y se adoptan resoluciones sobre temas clave. Estas discusiones permiten evaluar avances y desafíos en la protección de los derechos humanos, así como formular recomendaciones para mejorar la respuesta internacional ante crisis y violaciones sistemáticas.
Esta sesión ha estado marcada por la decisión de los Estados Unidos de retirarse del órgano deliberante, argumentando que el organismo es ineficaz y sesgado. Además, criticó a países como Irán, China y Cuba por utilizar el Consejo para protegerse a pesar de sus violaciones de derechos humanos. Se trata de la segunda ocasión en que esto ocurre; la primera fue en 2018 durante la administración Trump. La ausencia de Estados Unidos en el actual período de sesiones ha generado debates sobre el impacto de su retirada en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional.
A pesar de esta ausencia, el Consejo ha continuado con su agenda. En la primera semana de debate algunas las sesiones más destacadas incluyeron el Diálogo interactivo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el diálogo con la Relatora Especial sobre Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el diálogo con la relatora especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fue establecido por el Consejo para investigar y reportar sobre la situación de los derechos humanos en el país. Durante la sesión, el Grupo presentó su informe detallado, destacando preocupaciones significativas sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo restricciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y represalias contra defensores de derechos humanos. El informe también subrayó la falta de cooperación del gobierno nicaragüense con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la necesidad urgente de medidas para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los mandatos específicos sobre países que se establecen sin el consentimiento del Estado in comento tienen múltiples detractores dentro del Consejo; sin embargo, han demostrado ser fundamentales para la documentación y búsqueda de justicia en casos de regímenes autoritarios.
La relatora Alice Edwards centró su informe 2025 en “la aprehensión de rehenes como forma de tortura”. En el mismo, expresó preocupación por el uso continuado de la tortura en diversos contextos, incluyendo conflictos armados y sistemas penitenciarios, enfatizando la afectación a la persona y el entorno en el caso de la aprehensión de rehenes. Destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar que los perpetradores de tales actos sean llevados ante la justicia. Además, enfatizó la necesidad de brindar apoyo y reparación a las víctimas de tortura, así como de promover la capacitación de las fuerzas de seguridad y otros actores relevantes en estándares internacionales de derechos humanos.
Por su parte, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, centró su informe en los desafíos que enfrentan los y las defensoras que trabajan en zonas aisladas, remotas y rurales. La relatora describió las particular dificultad que representa hacer labor de defensa en tales condiciones. Mencionó casos de intimidación, amenazas y ataques contra estos individuos, así como la implementación de leyes restrictivas que limitan su labor. La Relatora instó a los Estados a crear un entorno seguro y propicio para la labor de las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su protección y reconociendo su papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global.
El Consejo de Derechos Humanos continuará desarrollando su agenda en las próximas semanas, con intervenciones destacadas como la del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, quien presentará su informe tras su visita a Venezuela, así como el diálogo interactivo con el Alto Comisionado sobre el trabajo de su oficina en el país y con la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Estos debates se desarrollan en paralelo a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que este año se centra en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+30. Ambas conversaciones son fundamentales y complementarias, ya que abordan la protección de los derechos humanos desde distintas perspectivas y permiten avanzar en la consolidación de mecanismos internacionales para la justicia y la equidad.
