Cuarenta y cinco Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su “profunda preocupación por la grave crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que se ha acentuado aún más en el año 2024 en el marco del proceso electoral reciente” y pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país”, y libere de forma incondicional e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente. La declaración fue leída por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino.
Los países firmantes de la declaración, Argentina; Canadá; Chile; Ecuador; Guatemala; Paraguay; Alemania; Australia; Austria; Bélgica; Bulgaria; Corea; Croacia; Dinamarca; Eslovaquia; España; Estados Unidos; Estonia; Francia; Finlandia; Georgia; Irlanda; Israel; Italia; Japón; Letonia; Liechtenstein; Lituania; Luxemburgo; Malta; Montenegro; Mónaco; Nueva Zelandia; Panamá; Países Bajos; Perú; Polonia; Portugal; República Checa; República Dominicana; Reino Unido; Rumania; Suecia; Suiza; y Uruguay, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones “las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”. Expresaron además su preocupación por la decisión de Venezuela de suspender la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado.
Empeora la situación de derechos humanos en Venezuela
“En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación de derechos humanos ha empeorado a un ritmo alarmante: detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, algunas de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas; uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y de grupos de civiles armados conocidos como ‘colectivos’; llamamientos del Estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones pacíficas; cancelación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos; así como la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia”.
Para los países que suscribieron el documento, “resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela”.
Los Estados hicieron mención especial de legislaciones bajo las cuales “se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica“. Además, solicitaron “permitir el ingreso al país de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos” para que pueda cumplir debidamente con su mandato.
