Por Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Si bien este es, en cierto sentido, el momento más oscuro de la prolongada crisis venezolana, también es un momento de posibilidades para quienes buscan una transición democrática. Los ciudadanos y los líderes democráticos de la nación expresaron su voluntad en las elecciones del 28 de julio y cumplieron con su deber de lograr una solución autogestionada al dilema. Es hora de que la comunidad internacional apoye estos esfuerzos. Las Naciones Unidas pueden liderar la gestión de este conflicto aparentemente insoluble y sus graves consecuencias humanitarias.
Hasta ahora, la intervención de la ONU en la crisis venezolana se ha centrado en responder a graves violaciones de derechos humanos, emergencias humanitarias y desplazamientos forzados. En los últimos seis años, la ONU ha elaborado informes y declaraciones con más de 2.000 recomendaciones de sus distintos órganos. Se estableció la arquitectura humanitaria y durante varios años contamos con la presencia en el terreno del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue expulsada a principios de este año. Desde 2019, Venezuela cuenta también con una Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha sido un activo importante para garantizar la rendición de cuentas en el futuro.
Sin embargo, en las últimas semanas, la intervención de la ONU se ha vuelto cada vez más política, un cambio necesario y bienvenido en las circunstancias actuales. Cabe destacar que el Secretario General decidió publicar un informe provisional, que inicialmente se suponía que sería privado, elaborado por el Grupo de Expertos Electorales de la ONU que observó las elecciones presidenciales por invitación del gobierno venezolano. El informe afirma que las elecciones del 28 de julio carecieron de “transparencia e integridad básicas”.
La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de certificar la victoria flagrantemente fraudulenta de Nicolás Maduro mediante un “proceso de verificación” ilegal e inadecuado pone de relieve la necesidad de una acción internacional más firme. En ese espacio, sin duda, los países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia y México, tienen un papel que desempeñar en la región . Sin embargo, es esencial que los esfuerzos del Secretario General también se incluyan en estas iniciativas, especialmente cuando faltan cuatro meses para la inauguración del próximo mandato presidencial en enero de 2025, tiempo suficiente para seguir dialogando y actuando.
Un papel crítico
La ONU puede tomar medidas decisivas para abordar la crisis venezolana. Algunas opciones probablemente se verían frustradas por los vetos en el Consejo de Seguridad, ya que Rusia y China tienen un poder cada vez más amenazador. Sin embargo, una declaración de este organismo instando al cese inmediato de la represión, así como a la transparencia y al respeto de los principios democráticos, es factible y sería adecuada.
Otra medida importante que podría adoptar la ONU sería adoptar una resolución en la que se acuerde el despliegue de una misión independiente de verificación electoral con un amplio mandato para supervisar los derechos humanos y la transición política, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Además, la ONU debería intensificar los esfuerzos de ayuda humanitaria y el Secretario General podría liderar los esfuerzos de mediación, aprovechando la neutralidad de la ONU para unir a los actores regionales e internacionales en pos de una solución pacífica.
Si bien la presión internacional aún no ha tenido éxito en el caso de Venezuela, el panorama único después de las elecciones y un esfuerzo unificado y persistente liderado por las Naciones Unidas, combinado con el liderazgo regional, podrían crear las condiciones necesarias para un cambio político significativo.
La ONU tiene amplia experiencia en este tipo de acciones. El caso de Costa de Marfil y sus elecciones de noviembre de 2010 ofrece un precedente importante sobre las medidas que podrían emplearse en Venezuela, en particular en lo que respecta al Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional (CPI). La actuación de ambos organismos fue determinante durante y después de la crisis presidencial que se desató en el país después de que el Consejo Constitucional de Laurent Gbagbo lo declarara vencedor de las elecciones de ese año a pesar de no haber obtenido la mayoría de los votos.
Es esencial añadir que estas misiones no siempre son exitosas: las misiones políticas especiales desplegadas en Afganistán (2004-2015) y Haití (apoyando las elecciones de 2006, 2010 y 2015) sólo lograron resultados moderados, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad. Son recordatorios esenciales de la necesidad de un compromiso internacional estratégico, centrado en la protección de los derechos humanos y la justicia como medios para lograr una paz duradera.
Un esfuerzo concertado
La voluntad política y el diálogo entre todas las partes son esenciales para que la ONU envíe una misión de verificación electoral a Venezuela. La solicitud de una misión de este tipo normalmente debe provenir del gobierno venezolano o ser facilitada a través de acuerdos que involucren a organizaciones internacionales y actores clave. Ecuador ofrece un ejemplo relevante: argumentando que la situación de Venezuela podría convertirse en una “amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”, su misión diplomática ante la ONU planea llevar la cuestión de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de septiembre.
El éxito de la misión depende de la generación de consenso y cooperación para abordar la crisis de legitimidad electoral y de derechos humanos. Si bien es posible trabajar para resolver estas cuestiones, para lograr avances significativos se requiere el compromiso de todas las partes. Maduro aún podría obstaculizar el despliegue y las operaciones de la misión, pero con suficientes acuerdos políticos, podría haber un camino a seguir para mitigar estos desafíos y avanzar en los objetivos de la misión.
Los venezolanos tenemos por delante unos meses difíciles, pero estamos decididos a luchar por la libertad. Así como aprovechamos el momento y votamos en las recientes elecciones, la comunidad internacional debería aprovechar esta breve ventana de oportunidad para impulsar la democratización. Este no es un momento para dejar a Venezuela atrás, sola en su búsqueda de recuperar la alternancia de poderes y la coexistencia de diversas visiones políticas. Ha llegado el momento de que la ONU y el liderazgo democrático regional ejerzan una diplomacia audaz y decisiva para apoyar a los venezolanos en su búsqueda de la democracia.
While this is, in some ways, the darkest hour in Venezuela’s protracted crisis, it is also a time of possibilities for those who seek a democratic transition. The nation’s citizens and democratic leadership expressed their will in the July 28 election and fulfilled their duty to achieve a self-led solution to the quandary. It’s time for the international community to support these efforts. The United Nations can lead in managing this seemingly intractable conflict and its severe humanitarian fallout.
So far, the UN’s involvement in the Venezuelan crisis has centered on responding to serious human rights violations, humanitarian emergencies and forced displacement. Over the last six years, the UN has produced reports and statements with over 2,000 recommendations from its various bodies. The humanitarian architecture was established, and for several years, we had the presence on the ground of the team from the Office of the High Commissioner for Human Rights, which was expelled earlier this year. Since 2019, Venezuela has also had a UN Independent Fact-Finding Mission, which has been an important asset to ensure future accountability.
However, in recent weeks, the nature of the UN’s involvement has become increasingly political – a welcome and necessary change, given the present circumstances. Notably, the Secretary-General decided to publish an interim report, which was initially meant to be private, produced by the UN Panel of Electoral Experts that observed the presidential election at the invitation of the Venezuelan government. The report states that the July 28 election lacked “basic transparency and integrity.”
The decision by Venezuela’s Supreme Court to certify Nicolás Maduro’s flagrantly fraudulent victory via an illegal and inadequate “verification process” highlights the need for more assertive international action. Within that space, there is undoubtedly a role for regional leadership by Latin American countries, including Brazil, Colombia and Mexico. However, it is essential that the efforts of the Secretary-General are also included in these initiatives, especially with four months until the inauguration of the next presidential term in January 2025 –enough time for further dialogue and action.
A critical role
The UN can take decisive steps to address Venezuela’s crisis. Some options would likely be thwarted by vetoes in the Security Council, as Russia and China hold an ever-threatening power. However, a statement from this body urging an immediate cease to repression, as well as transparency and respect for democratic principles, is feasible and would be in order.
Another significant step the UN could take would be to adopt a resolution agreeing to deploy an independent electoral verification mission with a broad mandate to monitor human rights and the political transition, supported by the Office of the High Commissioner for Human Rights. Additionally, the UN should intensify humanitarian aid efforts, and the Secretary-General could lead mediation efforts, leveraging the UN’s neutrality to unite regional and international actors for a peaceful resolution.
While international pressure has yet to be successful in Venezuela’s case, the unique landscape after the election and a unified and persistent UN-led effort, combined with regional leadership, could create the conditions necessary for meaningful political change.
The UN has ample experience with such actions. The case of Côte d’Ivoire and its November 2010 elections offers an important precedent as to the measures that could be employed in Venezuela, specifically as it pertains to the Security Council and International Criminal Court (ICC). The actions of both organizations were determinant during and after the presidential crisis that ensued in the country after Laurent Gbagbo’s Constitutional Council declared him the victor of that year’s election despite not having obtained the majority of the votes.
It is essential to add that these missions are not always successful: special political missions deployed in Afghanistan (2004-2015) and Haiti (supporting the elections in 2006, 2010, and 2015) only achieved moderate results, specifically regarding sustainability. They are essential reminders of the need for strategic international engagement, focused on protecting human rights and justice as a means for lasting peace.
A concerted effort
Political will and dialogue among all parties are essential for the UN to send an election verification mission to Venezuela. A request for such a mission typically needs to come from the Venezuelan government or be facilitated through agreements involving international organizations and key stakeholders. Ecuador provides a relevant example: arguing that Venezuela’s situation could become a “direct threat to the regional stability and the international security,” its diplomatic mission at the UN plans to bring the issue of Venezuela before the UN Security Council on September 5.
The mission’s success depends on generating consensus and cooperation to address the crisis of electoral legitimacy and human rights. While it is possible to work towards resolving these issues, achieving meaningful progress requires a commitment from all sides. Maduro could still impede the mission’s deployment and operations, but with sufficient political agreements, there could be a path forward to mitigate these challenges and advance the mission’s objectives.
Venezuelans have some tough months ahead, but we are determined to fight for freedom. Just as we seized the moment and voted in the recent election, the international community should take advantage of this brief window of opportunity to push for democratization. This is not a moment for Venezuela to be left behind, alone in its quest to recover the alternation of powers and coexistence of diverse political views. The time for the UN and regional democratic leadership has come, and it is paramount to exercise bold, decisive diplomacy to support Venezuelans in their quest for democracy.
