En octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar en favor de un grupo de mujeres con cáncer que no recibían el tratamiento necesario para atender su condición de salud. La medida instaba al Estado venezolano a adoptar acciones inmediatas que posibilitaran el acceso a un tratamiento adecuado, incluyendo los medicamentos.

En un comunicado firmado por la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, la Asociación Civil Prepara Familia y Transparencia Venezuela, se expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento de las mencionadas medidas cautelares, cuyo propósito era proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Desde octubre de 2020 a la fecha, el Estado Venezolano no ha adoptado medida alguna de las decretadas en la referida cautelar en favor de las beneficiarias, agravándose la situación que en su origen se denunció. Dos de las 12 beneficiarias fallecieron y la enfermedad se ha extendido a nuevas víctimas. Tres años después, continúan sufriendo la suspensión de la dispensación oportuna y adecuada de los tratamientos necesarios, a pesar de la gravedad y urgencia de la situación expuesta», señala el comunicado.

Por tal motivo, las organizaciones solicitaron a la CIDH «que proceda a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de extrema gravedad y urgencia que se denuncia -porque subsisten las omisiones y demoras en sus tratamientos de salud-, con la finalidad de evitar daños irreparables a las beneficiarias; y que se sirva iniciar de oficio un caso contra Venezuela por los mismos hechos, por tratarse de violaciones graves de derechos humanos resultado de actos de gran corrupción, que implican la responsabilidad internacional del Estado».

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