La falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela representa uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. El sistema de justicia en el país no lleva a cabo investigaciones creíbles, ni condena a los perpetradores.
Además, en su informe dado a conocer en septiembre de 2021, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que existe complicidad por parte del sistema de justicia para perseguir, criminalizar y anular a las voces disidentes al gobierno de Nicolás Maduro. Esto forma parte de una política sistemática cuyo objetivo es mantenerse en el poder. Las reformas anunciadas en el seno del Poder Judicial son superficiales y siguen la misma línea de decisiones arbitrarias, no apegadas a las leyes, que han favorecido la impunidad.
Para hacer una revisión de este contexto, Carlos Lusverti, asesor jurídico de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Laura Louza, codirectora de Acceso a la Justicia y Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), participaron en una mesa redonda organizada por WOLA. La misma fue moderada por el director para Venezuela, Geoff Ramsey.
Política de control
La Misión de Determinación de los Hechos identificó en su informe de 2020 que los crímenes internacionales ocurridos en Venezuela tienen una cuota de responsabilidad muy grande del Poder Judicial por acción y omisión, explicó al inicio de su participación Carlos Lusverti.
Aseveró el asesor de la CIJ, que el Poder Judicial fue actor directo en procesos de persecución política convalidados por jueces y fiscales que luego salieron del país. Posteriormente estos exintegrantes del sistema judicial reconocieron haber sido víctimas de presiones indebidas para generar estos procesos contra opositores políticos al gobierno.
Frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, el Poder Judicial no cumplió con su papel, sino que, tanto por acción, como por omisión, contribuyó a que las mismas se produjeran. Esto se debe en gran medida al proceso de erosión del estado de derecho y al incumplimiento del principio de separación de poderes.
Después de 1999 el poder político ha hecho una andanada para tomar control del Poder Judicial. «El poder político se ha apoderado con éxito del sistema jurídico”. Esta política de control que es ejercida a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha hecho que los jueces y las juezas en Venezuela teman tomar decisiones de manera autónoma. Además, señaló Lusverti, existen redes de corrupción dentro del Poder Judicial, no solo asociadas a intereses políticos, sino a otros intereses dentro de estrategias de crimen organizado.
A juicio de Lusverti es clave la reinstitucionalización del Poder Judicial en Venezuela, empezando por el TSJ. Pero cree que es poco probable que ocurra un cambio significativo, pues los magistrados y las magistradas que fueron designados al TSJ ya han sido cuestionados en procesos anteriores.
Secuestro del Poder Judicial
Para Laura Louza el Poder Judicial venezolano ha sido secuestrado por el poder político que empezó a gobernar en 1999 en Venezuela. En este sentido, la estabilidad de jueces y juezas fue eliminada en 1999. Menos del 20% son titulares y además pueden ser removidos libremente.
Agregó Louza que por más de 20 años el proceso de designación de los integrantes del TSJ no ha estado acorde a la Constitución. Este secuestro del Tribunal Supremo de Justicia se ha verificado desde la Asamblea Nacional, donde el partido de gobierno ha tenido mayoría y ha controlado el proceso de selección de magistrados y magistradas.
Recalcó que el poder político actúa como quiere y nadie lo controla. Utilizando como brazo ejecutor al Poder Judicial, se han afectado los derechos de los ciudadanos en beneficio del poder. Agregó Louza que la máxima autoridad del Ministerio Público no fue sido electa según lo establecido en la Constitución.
Ante estas graves fallas del sistema de justicia, la Misión de Determinación de los Hechos tildó al Poder Judicial como cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, al menos desde 2014. Por ello, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pasado el caso de Venezuela a la fase de investigación. El Poder Judicial no cumple con los estándares internacionales en la materia, lo que ha abierto una ventana para que se haga justicia más adelante.
Sin embargo, recalcó la directora de Acceso a la Justicia, el problema es que el Poder Judicial en Venezuela forma parte de la comisión de crímenes, entonces ¿cómo va a enjuiciarse a sí mismo? “Solo a través de una administración de justicia acorde con las normas internacionales será posible iniciar la reinstitucionalización del país”, concluyó.
Justicia transicional
En su intervención, la directora de Cepaz, Beatriz Borges, indicó que el puente entre el conflicto, la paz y los derechos humanos es la justicia. Agregó que es necesario garantizar a las víctimas el derecho a la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
La justicia en Venezuela no debe ser de vencedores y vencidos, sino una justicia restauradora, con reconocimiento de la responsabilidad y centrada en las víctimas. Es por ello que debemos prepararnos para procesos y mecanismos de justicia transicional en Venezuela.
Según su criterio, los informes de los mecanismos internacionales tendrán una gran importancia en este proceso, porque han recabado información de muy difícil acceso en Venezuela. Además han ayudado a comprender varios de los patrones de persecución y permitieron conocer casos particulares.
En tal sentido, consideró que la activación de los mecanismos internacionales en algunos casos es un avance, aunque reconoció que no es suficiente. Pero en su opinión, para las víctimas tener estos espacios y ver sus casos reflejados en estos informes es importante para saber que van a lograr justicia.
