Aunque todavía quedan etapas críticas, como la resolución de recursos y la proclamación de los cargos electos, las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela.
La declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral dada conocer este 23 de noviembre añadió que el proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores.
Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales «que han afectado la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además de la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».
Agrega la declaración que «la jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales, y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el distrito capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. En todo el país, salvo en el estado de Amazonas, se observó un abuso del voto asistido. En el municipio de San Francisco (Zulia), un votante murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación».
Puede leer la declaración preliminar aquí:
