Las renuncias del Fiscal General y del Defensor del Pueblo abren un momento determinante para la institucionalidad venezolana. No se trata solo de sustituir nombres, sino de garantizar que el proceso de designación fortalezca la justicia, la protección de derechos humanos y el Estado de Derecho.

Ambos cargos forman parte del Poder Ciudadano, creado para ejercer control sobre el poder público y proteger a la ciudadanía frente a abusos. Su independencia no es simbólica: es condición esencial para que exista justicia real. Ante este escenario, el único camino legítimo es el apego estricto a la Constitución. No deben haber atajos cuando se trata de justicia y derechos humanos.

La Constitución establece un proceso claro: activar el Comité de Evaluación de Postulaciones, recibir candidaturas, verificar requisitos, evaluar credenciales y presentar una lista de elegibles antes de cualquier decisión política. Este paso es una garantía de transparencia y confianza. Las víctimas —incluidas personas detenidas arbitrariamente, familiares y mujeres afectadas por la violencia— necesitan instituciones que respondan, no que les den la espalda. Los requisitos formales existen.

Pero hoy el país exige algo más que cumplir requisitos mínimos. Se requieren autoridades capaces de investigar graves violaciones a derechos humanos, garantizar acceso a la justicia de las víctimas, combatir la impunidad y proteger a quienes denuncian abusos. Se espera protección efectiva: defensa del debido proceso, supervisión de los cuerpos de seguridad y prevención de nuevas vulneraciones.

En un contexto de graves denuncias y demandas de verdad y justicia, respetar el procedimiento constitucional es la primera señal concreta para reconstruir institucionalidad. Sin independencia no hay justicia. Y sin justicia no hay derechos ni paz duradera y sostenible.