El sistema de justicia en Venezuela necesita una transformación verificable, y centrada en la independencia, que rompa con los patrones de arbitrariedad e impunidad, señaló Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en una entrevista para Radio Fe y Alegría.

Más de una década de monitoreo

Desde hace más de 10 años, Cepaz ha monitoreado situaciones y casos de persecución, donde el sistema de justicia ha funcionado, no como un poder independiente, sino como un brazo ejecutor para coadyuvar a esta persecución.

No solo las organizaciones de la sociedad civil venezolana, sino los organismos internacionales, han alertado que la justicia en Venezuela tiene problemas que son de carácter estructural. En el país, a pesar de los múltiples informes que han denunciado esta situación y de las recomendaciones que se han emitido sobre las reformas necesarias para garantizar la independencia y hacer frente a la impunidad, siguen las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la falta de garantías procesales.

La directora de Cepaz advirtió que esto no se limita a un caso individual. Hay patrones que afectan garantías fundamentales para todos los ciudadanos, como el debido proceso, el acceso a la información y la protección de la integridad personal.

Al respecto se han pronunciado tanto el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mecanismo de Naciones Unidas que presentará un informe en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos.

El caso de Víctor Quero no es un hecho aislado

Es fundamental que este tipo de situaciones de desaparición forzada, persecución y negación de justica, como ocurrió en el caso de Víctor Quero Navas, se detengan, expresó Borges. Cuando una familia pasa meses sin conocer el paradero de un familiar, «que es el caso de Víctor y la madre, pero también de muchas familias en Venezuela, es una situación extremadamente grave desde el punto de vista de los derechos humanos. Es necesario que los familiares de las víctimas tengan transparencia, que tengan información, que hayan investigaciones independientes, porque son obligaciones internacionales que están establecidas en nuestra legislación y forman parte de los estándares internacionales que el Estado se comprometió a cumplir».

El caso de Víctor Quero ilustra las fallas estructurales del sistema de justicia que deben ser atendidas y resueltas. «Venezuela necesita pasar de anuncios de reforma a transformaciones reales que generen confianza en la ciudadanía».

El castigo va más allá de las rejas

Ante la falta de información oficial, quienes emprenden una peregrinación en búsqueda de sus familiares, son generalmente las mujeres. Madres, hermanas, esposas, hijas, que, aunque no están tras las rejas, cargan en sus cuerpos y sus vidas con la responsabilidad de sostener a sus familias y de exigir una justicia que el Estado les niega sistemáticamente.

La ausencia de contacto, la opacidad institucional y, finalmente, la confirmación de la muerte bajo custodia del Estado, tiene un impacto muy fuerte en la familia, y en el caso de Quero, en una madre que es una víctima secundaria, a la que se ha sometido a una deliberada falta de información y a una separación forzada, que configuran un mecanismo de tortura psicológica.

Los familiares de las personas detenidas por motivos políticos en muchos casos tienen tienen que recorrer largas distancias para llevar insumos a sus familiares. Incluso en el sistema penal venezolano es a las mujeres a quienes dejan ingresar en los centros de detención para llevar alimentos. Para Beatriz Borges es importante que se rompan estas prácticas.

La justicia no puede funcionar sobre la base del miedo, la opacidad o la incertidumbre de las familias. «La justicia creíble tiene que darle respuesta a este dolor histórico que tenemos en Venezuela», pero también romper estos patrones de arbitrariedad e impunidad.

Reformas urgentes

En Venezuela no hay un sistema automatizado que permita saber dónde está una persona detenida. Esta es una información que debería ser pública, pero pareciera que solicitarla es un crimen contra el Estado. Dentro de las instituciones tampoco existen mecanismos de confirmación de datos. Para la defensora de derechos humanos, el caso de Víctor Quero nos recuerda que no basta con hablar de reformas, si en la realidad persisten prácticas que son incompatibles con estándares básicos en materia de derechos humanos.

Plantear avances reales significa que la sociedad en general pueda creer que la justicia puede protegerla, lo que requiere que esos cambios que se están planteando puedan ser medibles y verificables. El desafío es no solamente sustituir a las personas en determinados cargos, es garantizar que una familia nunca más pase meses sin tener información de una persona detenida, y que los abogados defensores puedan lograr algo tan simple como tener acceso a un expediente.

«¿Cómo tú garantizas una investigación independiente y transparente si no puedes tener acceso al expediente, si esos jueces tienen mandato político, si no hay una carrera judicial donde los jueces hayan sido elegidos por sus méritos y no por sus credenciales políticas?», cuestionó Borges.

Los pilares de la independencia judicial son la designación transparente de los jueces, basada en méritos, capacidad y probidad, y la posibilidad de un monitoreo permanente del ejercicio de sus funciones. Así como la protección de los jueces frente a presiones externas, para garantizar decisiones conforme a la ley.

Es importante que la justicia en Venezuela se despolitice. Es una condición indispensable en Venezuela para lograr estabilidad, reconciliación y reconstrucción institucional. Sin una justicia creíble, ningún proceso de transición, reconciliación y estabilización que se emprenda va a ser duradero. «La reforma judicial que se plantea será creíble cuando las víctimas y sus familias puedan sentir que el sistema las protege y no las abandona. Cuando no se sienta que el sistema judicial es la herramienta de persecución».

En casos como el de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Víctor Quero, entre otros detenidos que han muerto bajo custodia del Estado, es fundamental que haya una investigación independiente e imparcial que permita entender qué ocurrió. También que haya un reconocimiento de los hechos por parte del Estado, sanción a los responsables, así como un proceso de reparación y la garantía de no repetición.

Dignificación y medidas simbólicas

La reparación no se limita a la compensación económica; abarca medidas sociales y simbólicas cruciales para la reintegración moral de la víctima. Un aspecto vital mencionado por Borges es la «re-dignificación». Limpiar el nombre de quienes fueron injustamente etiquetados como criminales mientras estaban bajo custodia del Estado. Aseguró Borges que las madres de las víctimas expresan que su mayor deseo es que se reconozca públicamente que sus hijos no eran delincuentes. Esto se traduce en la necesidad de disculpas oficiales, monumentos a la memoria y actos que devuelvan la integridad a las historias personales frente a la narrativa oficial.

Para Borges instrumentos como las leyes de amnistía, si no reconocen la verdad completa del patrón de persecución política, fallan en proporcionar una reparación real. La verdadera paz solo se alcanzará en Venezuela cuando el Estado asuma su responsabilidad y garantice que estos patrones no se repitan mediante reformas profundas, priorizando el derecho a la verdad y la dignidad de las víctimas.