En un momento crucial para la rendición de cuentas en Venezuela, la socióloga peruana Sofía Macher Batanero, ha sido designada como la nueva presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Macher Batanero liderará el equipo de expertos independientes junto a Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), quienes fueron nombrados en diciembre de 2025.
La experta, con más de 30 años de trayectoria en justicia transicional, reparaciones y derechos humanos, sucede en el cargo a Marta Valiñas, (Portugal), quien presidió la Misión desde su creación en el año 2019. Macher ha liderado comisiones de la verdad en Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón, y tuvo un rol fundamental en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú.
¿Qué dijo la Misión en su última actualización?
En su más reciente actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión presentó un panorama alarmante. Los expertos advirtieron que no existen indicadores de cambios estructurales en el sistema de persecución.
Los hallazgos más relevantes presentados por la Misión incluyen:
Continuidad de patrones: entre septiembre y diciembre de 2025 se registraron 135 detenciones arbitrarias, incluyendo a niños de corta edad y familiares de los objetivos principales. Después de los hechos del 3 de enero de 2026, al menos 87 personas fueron detenidas. Entre ellas, 14 periodistas y trabajadores de medios. Veintisiete personas también fueron apresadas por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro, incluidos 15 niños.
Instituciones intactas: el sistema judicial sigue operando como pieza clave en la represión, sin haber sido objeto de reformas o revisiones.
Amnistía sin justicia: sobre la Ley de Amnistía adoptada en febrero, la Misión señaló que es arbitrariamente restrictiva, no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos y no otorga el derecho a una reparación efectiva a las víctimas. Tampoco contempla procesos trasparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad.
Además, los “colectivos”, grupos de civiles armados, continúan operando. El espacio cívico y democrático continúa fuertemente restringido. Tanto las organizaciones de la sociedad civil, como los escasos medios independientes que todavía existen, y los líderes políticos, son aún objeto de ataques, hostigamiento o intimidación. Mientras que las perspectivas de garantías plenas para la celebración de elecciones libres y democráticas siguen siendo lejanas.
Cuál podría ser el aporte de la nueva presidenta de la Misión
El perfil de Macher Batanero, experta en el diseño de programas de reparación y temas de género, coincide con la necesidad urgente de visibilizar el impacto diferenciado de la crisis en las mujeres venezolanas. La Misión reportó que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual y de género en centros de detención, además de enfrentar cargas adicionales para garantizar el cuidado de sus familiares detenidos y exigir justicia. «Desde Cepaz, hemos documentado cómo el sistema represivo se apoya en las desigualdades de género para trasladar el costo del encierro a los hogares y, específicamente a las mujeres. Al detener a un familiar, se produce una reorganización violenta de la vida cotidiana y las cargas de cuidado que ya tenían las mujeres se multiplican exponencialmente».
Hoja de ruta
La Misión reiteró al Estado venezolano su solicitud de acceso pleno al país como una muestra real de transparencia. Asimismo, exigió la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.
La labor de los nuevos expertos que integran la Misión, y del equipo que les antecedió, constituye una hoja de ruta crítica para evaluar con rigor técnico los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en Venezuela. Garantizar la renovación de este mandato en septiembre de 2026 es un paso decisivo para salvaguardar el derecho de las víctimas a ser escuchadas y cimentar las bases de un proceso de justicia transicional genuino y transparente, que ponga fin a la impunidad.
