Durante el 23° período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), la sociedad civil venezolana intervino para denunciar el alarmante aumento en las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, que incluyen persecución por razones políticas y de género, encarcelamientos contrarios a las normas internacionales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual.
Estas acciones han sido condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado, denunciando el uso de la violencia y el miedo como herramientas para consolidarse en el poder.
Para la fecha de los comicios presidenciales, más de 300 presos políticos se encontraban encarcelados. Tras las elecciones, se han registrado más de 2,200 nuevas detenciones, la gran mayoría acompañadas de desapariciones forzadas de corta o larga duración, incomunicación, negación de representación legal de confianza y procesos judiciales sin ningún tipo de garantías.
Las leyes y jurisdicciones antiterroristas se han convertido en herramientas para criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión, mientras el sistema judicial es instrumentalizado como un mecanismo para la persecución política. Al día de hoy, se suman más de 18.000 mil detenciones por razones políticas en Venezuela
Durante la intervención se señaló que «el impacto de estas acciones se extiende especialmente a madres, esposas y familiares de los detenidos quienes enfrentan represalias, extorsiones y criminalización por buscar justicia, sometiéndose a un sufrimiento indescriptible».
Los abogados defensores también han sido acusados de terrorismo simplemente por ejercer su profesión. Un ejemplo claro de esta situación es el caso de Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal, detenido por intentar defender a personas arrestadas durante las protestas.
Este clima de represión también afecta gravemente a las organizaciones de la sociedad civil, varias de las cuales han sido desarticuladas o forzadas al exilio, por ello muchas personas defensoras no pudieron participar en el periodo de sesiones.
«Nos preocupa profundamente que la cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano no haya frenado estos abusos. A pesar de la presencia de una oficina de asistencia técnica en Caracas, los ataques contra la población civil se han intensificado. La falta de transparencia en los acuerdos de cooperación y la ausencia de voluntad política para garantizar justicia genuina minan la efectividad de estos esfuerzos».
Solicitud a los Estados Parte
La sociedad civil venezolana solicitó a los Estados parte que acompañen las siguientes acciones que han sido requeridas a la Corte Penal Internacional:
- Agilizar las investigaciones e iniciar procesos concretos, identificando a responsables de alto nivel y avanzando hacia órdenes de aprehensión.
- Reevaluar la estrategia de complementariedad para evitar que los recursos destinados al sistema judicial venezolano perpetúen la represión y fortalezcan la impunidad. La complementariedad sólo será viable con cooperación estatal y un sistema judicial que no esté en manos de posibles perpetradores. No debemos olvidar que la Sala de Apelaciones ya ha concluido que el poder judicial venezolano no está llevando a cabo investigaciones genuinas.
- Emitir un pronunciamiento público antes de la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025, reafirmando el compromiso de la Corte con la justicia y advirtiendo sobre las consecuencias de continuar con actos represivos.
- Adoptar medidas concretas de protección para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la inclusión de un diálogo directo con el Fiscal de la Corte cuando se encuentre en terreno.
La intervención concluyó señalando que «la Corte Penal Internacional se erige como una de las últimas esperanzas para las víctimas, y su misión en este contexto es crucial. Les instamos a que refuercen su apoyo financiero y político. La inacción en Venezuela exige que la comunidad internacional adopte medidas firmes y decisivas para poner fin a la impunidad, tal como lo prescribe el preámbulo del Estatuto. La justicia en Venezuela no puede esperar más».
