El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma, decidió autorizar a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre Venezuela. La Sala, integrada por los jueces Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, y María del Socorro Flores Liera, consideró la solicitud de la Fiscalía, las observaciones hechas por el Estado venezolano y las 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes de las víctimas transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

En este sentido, la Sala concluyó que «si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía». La Sala consideró determinante para tomar esta decisión que «aparentemente Venezuela no está investigando las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos y/o de menor nivel».

Adicionalmente, la Sala señaló que «Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable». La Sala también señaló que «las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual».

En el escrito que fundamenta su decisión, la Sala destacó que la evaluación de los procedimientos internos es un proceso continuo y requiere un diálogo continuo entre el Estado pertinente y la Corte, para garantizar que se respete el principio de complementariedad con respecto a las investigaciones y los enjuiciamientos autorizados por la CPI.

Antecedentes

El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, sobre la situación en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció que el examen preliminar había concluido con una decisión de proceder con las investigaciones. Este anuncio estuvo acompañado de un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía para continuar impulsando medios y mecanismos que apoyen y promuevan un proceso de actuación interno genuino para el establecimiento de responsabilidades.

El 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones de la Fiscalía a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma.

El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares solicitando autorización para reanudar la investigación en esta Situación.