En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 42/25, creando la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. El propósito de esta Misión ha sido investigar las graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, incluida la violencia sexual y de género, cometida desde 2014.

El mandato de la Misión de Determinación de los Hechos se ha renovado en dos oportunidades, en el año 2020 y en el año 2022, lo que demuestra que desde la fecha de su creación las violaciones a los derechos humanos no han cesado y que por el contrario se ha fortalecido la necesidad de que exista un mecanismo de investigación independiente sobre los acontecimientos que ocurren en Venezuela.

Durante estos cinco años de vigencia del mandato, la Misión ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela como una política sofisticada del Estado, en la que aplica y combina mecanismos duros y blandos de represión como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además, ha identificado a los posibles responsables de los actos atroces que ocurren en el país, y ha destacado el papel del Poder Judicial cooptado por el Estado para facilitar esta política de represión.

Así pues, luego de cinco años de trabajo y a propósito del 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se deberá tomar una vez más la decisión en torno a la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

En el contexto post electoral se han agravado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Tras las elecciones del pasado 28 de julio se ha intensificado la represión en el país con el uso por parte del Estado de los mecanismos más duros de represión, caracterizados por la detención arbitraria de cientos de personas, incluyendo niños, adolescentes y personas con discapacidad, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y población; desaparición forzada, violación al debido proceso, denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos, denuncias de extorsión en los centros de detención para recibir alimentos, medicamentos e incluso agua; asesinatos, uso excesivo de la fuerza, allanamientos irregulares de viviendas, anulación masiva de pasaportes, censura, amenazas, entre otros patrones que han violado derechos humanos fundamentales, incluyendo la vida, las garantías judiciales, la libertad de expresión, manifestación, la propiedad privada y la libertad personal.

Frente a este grave contexto, la Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de esta desmedida represión que se ha agudizado después del evento electoral del 28 de julio.

Un mecanismo clave de rendición de cuentas

La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo alarmante. Las graves violaciones persisten, alimentadas por las mismas condiciones estructurales que llevaron a la creación de la Misión en 2019. Estas barreras que obstaculizan el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y/o sus familiares, como la impunidad generalizada y la falta de independencia judicial, no solo facilitan la perpetuación de los abusos, sino que han empeorado con el tiempo. En este contexto de crisis prolongada, resulta fundamental que todos los mecanismos independientes de investigación y monitoreo se mantengan vigentes y funcionen de manera complementaria y se refuercen desde los distintos mandatos que han recibido.

La renovación del mandato de la Misión es esencial para sostener la lucha por la verdad y la justicia de las víctimas. Las investigaciones en curso y los informes detallados emitidos por la Misión no solo  visibilizan el sufrimiento de las víctimas, sino que también constituyen evidencia clave y juegan un papel crucial en evitar un mayor deterioro de los derechos humanos, especialmente en este momento postelectoral crítico.

Al extender el mandato de la Misión se permitiría seguir recolectando evidencia sobre las violaciones en curso, analizar las causas subyacentes de estos abusos y señalar a los responsables directos e indirectos. Además, la Misión continuaría brindando recomendaciones claves que deben traducirse en cambios concretos y en una hoja de ruta indispensable para reivindicar los derechos humanos en Venezuela y construir un futuro donde las víctimas encuentren justicia. Esta renovación también reforzaría el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está investigando crímenes de lesa humanidad en el país.

Un llamado urgente a la renovación

La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo motivo de profunda preocupación para la comunidad internacional. Como lo hemos señalado, las condiciones que motivaron la creación de la Misión en 2019 persisten, e incluso se han agravado. Estas condiciones subrayan la urgente necesidad de extender su mandato, su interrupción dejaría a las víctimas más vulnerables y desprotegidas.

Renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos es un paso crucial para continuar y profundizar la documentación de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que persisten y se agudizan en Venezuela, favoreciendo en la búsqueda incansable de justicia y reparación que han mantenido las víctimas durante tantos años.

En este momento decisivo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de seguir apoyando a quienes han sufrido los abusos más atroces. Es un compromiso con las víctimas de que sus casos no quedarán en el olvido.

La renovación de la Misión enviaría un mensaje claro: la población venezolana no está sola, estos actos atroces no quedarán impunes y la lucha por la justicia y los derechos humanos en Venezuela sigue siendo una prioridad en la agenda internacional.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela han alzado su voz e instan a la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos  como una herramienta clave para la rendición de cuentas, la búsqueda de justicia para las víctimas, y la protección de los derechos fundamentales en medio de la grave crisis que persiste en el país.