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Reformas legislativas en Venezuela ¿acciones fingidas o ventana de oportunidades?

El pasado 23 de marzo el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizó el foro titulado Justicia, víctimas y nuevas reformas legislativas de Venezuela, que contó con la participación de Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar; Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia y Carmen Alguindigue, profesora universitaria, integrante de Pauhr y del Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela.

Al inicio del foro, Beatriz Borges, directora de Cepaz, señaló que es importante analizar si estas reformas y cambios a nivel legislativo y de procedimientos están representando oportunidades, o por el contrario no están garantizando las posibilidades de justicia y reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela.

Reformas incompletas

Alí Daniels hizo un recuento de algunas de las 38 leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional en el último año.  De ellas, 11 están vinculadas al sistema de justicia y de estas últimas, 10 abordan temas estructurales. Nueve de esas leyes se dictaron entre septiembre y octubre del año pasado, justamente un poco antes de la visita del Fiscal de la Corte  Acotó Daniels que estas leyes no se están aplicando, y agregó que «hay que recordar que más importante que la creación de la norma es la correcta aplicación de las mismas».

Muchas de estas reformas han sido incompletas o no se ha establecido quién debe velar por su aplicación.  A la reforma de la Ley de Protección a las Víctimas, por ejemplo, solamente se le agregó un artículo que estipula un ente rector. Es decir, esta Ley, dictada en 2006, no tenía hasta la fecha quien se encargara de su efectiva aplicación.

Por otra parte, a la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar se le incluyó un artículo que establece que los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares, y tres meses después se dictó la sentencia 0735 donde se dice que un juez militar si podía juzgar un civil.

La Ley Orgánica de Reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mantiene los vicios anteriores, pues el artículo 65 señala que de los 11 miembros que conforman el Comité de Postulaciones, cinco serán diputados de la Asamblea Nacional y seis serán de otros sectores de la sociedad. Contrario al mandato constitucional según el cual el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Otro aspecto a destacar en esta reforma, es que ahora el director de la Escuela de la Magistratura va a ser el encargado de crear los elementos de evaluación y los concursos de oposición. Es allí donde se mantiene el control sobre la escogencia de jueces y juezas. La falta de rigurosidad del Comité de Postulaciones se evidencia también en la fecha de las impugnaciones, que se cerró días antes de dar a conocer la lista de personas postuladas,

Otra irregularidad señalada por Daniels la constituye que en dos oportunidades los miembros de la Sala Constitucional postulados para ser relectos se han pronunciado, decidiendo a su favor, y declarando sin lugar recursos interpuestos en contra de la ley que les permite a ellos mismos reelegirse,

A juicio del director de Acceso a la Justicia, el proceso no es para elegir jueces y juezas imparciales e independientes, sino para continuar las graves fallas estructurales del Poder Judicial y la escogencia de integrantes del Poder Judicial sesgados a favor del Poder Ejecutivo.

Acciones fingidas

Para Carmen Alguindigue persiste la duda de si existe capacidad de que el sistema de justicia en Venezuela pueda y quiera investigar y enjuiciar a los responsables de los hechos. Considera que la respuesta a esta pregunta tiene que darse antes del 16 de abril, pues es la base para que la Fiscalía de la CPI evalúe y tome una próxima decisión en el caso de Venezuela.

Por eso, a juicio de Alguindigue, desde quienes detentan el poder en Venezuela se está dando paso a acciones que ayuden a creer que efectivamente en Venezuela se quieren efectuar esos juzgamientos, fingiendo que estamos ante una justicia transicional. Y para fingir que existen acciones de legitimación de la sociedad civil y mecanismos para su participación. «Son acciones legislativas, judiciales y administrativas, que tienen ese fin», indicó.

Por ejemplo, el Ministerio Público anuncia que creó una oficina de defensa solamente para las víctimas de violaciones a derechos humanos, y lo que hicieron fue crear un espacio dentro de la oficina en Caracas. O se habla de la Unidad Especializada de Investigación, cuando es sabido que en la Fiscalía las unidades de investigaciones se desmantelaron exprofeso porque creaban rivalidad con el Ejecutivo e investigaciones paralelas que se estaban llevando a cabo., recalcó.

Por otra parte, la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos, crea una Comisión que haría las funciones que son propias de la Defensoría, y sus integrantes serían dependientes del poder político.

Ventana de oportunidades

Beatriz Borges indicó que al analizar estas reformas, hay que entender también la necesidad de las víctimas de justicia en un contexto en el cual no hay democracia e institucionalidad. Aunque estas reformas no obedecen a una genuina voluntad de cambio, pueden representar mejoras y oportunidades de repuestas para las víctimas.

Sobre este planteamiento, Colette Capriles expresó que hay una narrativa de reforma de la justicia, sin que se haya podido demostrar por un lado que haya la voluntad política y por el otro la capacidad de hacer realidad las reformas planteadas. Pues para el chavismo nada está fuera de lo político y el sistema de justicia no es más que una expresión de ese mismo fundamento, donde el Poder Judicial debe estar al servicio de los que mandan.

Sin embargo, Capriles consideró que aunque estas sean reformas planteadas para favorecer esa simulación, se abren unas ventanas y oportunidades que pueden ser aprovechadas. A su juicio, estas reformas pueden llegar a favorecer a las víctimas, pero para ello deben construirse las capacidades políticas para que el proceso conduzca a mejores resultados, y debe ser un esfuerzo de todos.