El 10 de enero en Venezuela es un día que, según la Constitución, debe marcar el inicio de un nuevo período presidencial basado en la voluntad popular expresada en las urnas.
La soberanía popular es el principio fundamental de toda democracia
La Constitución venezolana establece que la soberanía reside en el pueblo. Esto significa que el poder político debe emanar de la decisión de los ciudadanos expresada a través del voto.
A pesar de lo anterior, a cinco meses de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha incumplido su deber de publicar las actas que sustenten los resultados del evento electoral del pasado 28 de julio. La ausencia de resultados claros y verificables no puede considerarse una simple omisión, sino un reflejo de una profunda crisis institucional que socava los derechos políticos de la ciudadanía.
A su vez, se ha implementado una fuerte política de represión, utilizando mecanismos que han dado paso a las violaciones más graves de los derechos humanos contra la población. Esta situación ha sido documentada y ha sido motivo de preocupación entre la comunidad internacional y los organismos, expertos y misiones internacionales de defensa de los derechos humanos.
En el día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que analizó la estrategia represiva que implementó el gobierno con el fin de perpetuarse en el poder. De acuerdo con la CIDH, la estrategia se basó en tres etapas: la exclusión de la oposición durante el período preelectoral mediante detenciones arbitrarias e inhabilitaciones; irregularidades en el día de las elecciones presidenciales, incluyendo la omisión por parte del árbitro electoral de publicar resultados verificables a través de las actas; y la represión durante el periodo de protestas, que incluyó asesinatos, detenciones masivas, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Este contexto genera muchas incertidumbres, pero no es momento de acrecentarlas sino más bien de reflexionar sobre lo que debe ocurrir el 10 de enero en Venezuela basado en los principios que sustentan un sistema democrático.
Los principios democráticos y los valores de la libertad deben regir el 10E
El 10 de enero no es una fecha simbólica, es un plazo formal establecido por la Constitución para el inicio de un nuevo mandato presidencial, basado en la voluntad popular expresada a través del voto. Cualquier intento de perpetuar un gobierno sin legitimidad electoral, y basado en un clima de persecución, terror y control institucional, representa una violación de los derechos humanos fundamentales y una estocada grave a la institucionalidad democrática del país.
Por ello, las instituciones deben actuar como garantes de los principios constitucionales, actuar con independencia y dejando atrás los intereses políticos, las presiones externas y las prácticas que la han debilitado. Esta fecha debe marcar un compromiso renovado con la protección de los derechos fundamentales y con el respeto a la voluntad popular como base de cualquier sistema legítimo.
Así, bajo un escenario complejo, el 10 de enero debe representar un fortalecimiento de la democracia y no un retroceso de las garantías constitucionales. Debe ser un día para reivindicar la soberanía popular, basado en el respeto de los principios democráticos y los valores de la libertad.
