Las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas abajo firmantes, miembros del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana (GTMHV) – que agrupa más de 40 organizaciones en 12 países de la región -, nos pronunciamos en relación con la V Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas que se celebra los días 14 y 15 de noviembre del corriente año en Bogotá, Colombia. El pasado 30 de octubre de 2019, radicamos ante la Cancillería Colombiana una carta solicitando un espacio de participación en el marco de esta reunión, la cual no ha sido respondida oficialmente a la fecha.

Entendemos que el Proceso de Quito se ha configurado como un espacio intergubernamental de orden técnico, el cual, ha sido acompañado y apoyado por agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y OIM, quienes a su vez lideran un valioso trabajo de respuesta a la problemática de la migración forzada venezolana en articulación con otras agencias y algunas organizaciones no gubernamentales y basadas en la fe. Sin embargo, existe un conjunto de organizaciones de la sociedad civil – por fuera de estos espacios -, que tienen, debido a su cercanía con la población afectada y experiencia de trabajo, un conocimiento técnico y comprehensivo de los retos de la migración en la región, así como de las posibles soluciones a implementar.

Considerando lo anterior y en busca de fortalecer y mejorar la adecuada respuesta a las problemáticas derivadas de la migración forzada desde Venezuela, desde el GTMHV SOLICITAMOS que en los futuros espacios del Proceso de Quito, se establezcan mecanismos claros que permitan una participación efectiva de la sociedad civil de la región que, gracias a su trabajo directo con las personas migrantes y refugiadas, puede aportar su conocimiento técnico y experiencia para que los Estados logren implementar una respuesta regional corresponsable, coordinada y con enfoque de derechos humanos. Solo por medio de una comunicación clara, oportuna y fluida que involucre a todos los actores que trabajan por responder a esta problemática se podrán encontrar soluciones a los retos que enfrenta actualmente la región.

Considerando que no recibimos respuesta a la solicitud de participar en esta reunión, presentamos este documento señalando nuestras preocupaciones en referencia a (1) la regularización migratoria, (2) el fortalecimiento del sistema de refugio y mecanismos de protección, (3) la integración de personas provenientes de Venezuela en los países de acogida, (4) el cambio del perfil de la población en situación de movilidad, y (5) la necesidad de aplicar enfoques diferenciales en la atención a la población migrante y refugiada.

En materia de regularización migratoria, nuestra experiencia en el terreno muestra que es urgente que los países de la región establezcan medidas permanentes de acceso a la regularización migratoria. Las respuestas basadas en la lógica de la emergencia han llegado a un límite institucional y social. Los permisos temporales de permanencia y los programas de regularización extraordinarios no están disponibles para la mayoría de las y los migrantes en situación irregular. Adicionalmente, su implementación genera contratiempos a la administración pública.

Por otra parte, las medidas unilaterales que han tomado los Estados de la región para restringir el ingreso y permanencia de ciudadanos venezolanos tienen un carácter regresivo y están incrementando los niveles de irregularidad. Estas medidas restrictivas limitan el ingreso de personas en necesidad de protección internacional, promueven la xenofobia y la exclusión de esta población, pueden generar su expulsión, deportación o su criminalización, y también tienen una afectación directa en los niños, niñas y adolescentes quienes se han visto separados de sus padres o acudientes legales o se ven forzados a recorrer soles los países y fronteras, esperando encontrarse con sus familiares. Así, es necesario fomentar la armonización y la articulación regional de los procesos de regularización, que, pese a su incorporación en el Plan de Acción de Quito, no ha sido priorizada en este espacio.

Además, cualquier planificación relacionada con la crisis de movilidad humana en Venezuela, debe tener en cuenta las barreras de acceso a documentos de identificación emitidos por el país de origen. Millones de venezolanas y venezolanos en muchos casos no pueden adelantar estos trámites, los cuales son exigidos en los países receptores e incluso de tránsito, lo cual limita aún más la posibilidad de adelantar procesos de regularización para esta población.

Los Estados deben buscar soluciones migratorias estructurales, de largo plazo, con enfoque de derechos humanos y de carácter regional. Para alcanzar este fin sugerimos que se adopten medidas como la ampliación de las visas o residencias ya existentes y la flexibilización de la documentación exigida como el pasaporte. Asimismo, recomendamos aplicar el Acuerdo de Residencia para los nacionales de los Estados Parte del Mercosur y países asociados a las y los ciudadanos venezolanos, como ya es una solución implementada en Argentina y Uruguay. Igualmente, es clave definir y ampliar los criterios de unidad familiar, razones humanitarias y trabajo para que puedan aplicarse a la realidad de la migración venezolana.

Un enfoque en el desarrollo de rutas de regularización debe complementarse con el fortalecimiento del sistema de refugio y de los mecanismos de protección, especialmente teniendo en cuenta las situaciones de violencia a las que se enfrentan las personas en necesidad de protección internacional antes, durante, y después de su tránsito migratorio.

La jurisprudencia del sistema interamericano establece que las obligaciones derivadas del derecho a buscar y recibir asilo o refugio se aplican a las personas que reúnen los elementos de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Al respecto, cabe recordar el compromiso asumido por los estados en el marco del Proceso de Quito, que los insta a “garantizar el acceso al procedimiento a la condición de refugio para quienes así lo soliciten” (Plan de acción, 1.1.1.b), para lo cual se había fijado como fecha meta de implementación enero de 2019.

Hacemos un llamado a los Estados a atender sus obligaciones internacionales y garantizar sin discriminación alguna y de acuerdo con los estándares internacionales, el derecho a buscar y recibir asilo a las personas venezolanas. De igual forma, solicitamos se respete en todo momento el principio de no devolución, el cual incluye la prohibición de rechazo en frontera y la no admisión al territorio a personas con necesidad de protección internacional. Finalmente, instamos a los Estados a atender el llamado de ACNUR de llevar a cabo el reconocimiento grupal de la condición de refugiado para personas venezolanas, las cuales, en su mayoría, tienen una clara necesidad de protección internacional.

Con respecto a las condiciones de vida a las que se enfrenta la población venezolana y su proceso de integración en los países de la región, hemos encontrado que las medidas adoptadas por los Estados hasta ahora tienen un carácter temporal. Sin embargo, teniendo en cuenta que el fenómeno de movilidad humana venezolana continuará en el mediano y el largo plazo, es urgente que se implementen medidas de amplio alcance orientadas a la integración de la población venezolana en las comunidades de acogida. Para lograr este objetivo es urgente promover la articulación corresponsable de los gobiernos nacionales/locales, la comunidad internacional, la empresa privada y la sociedad civil.

Para ello sugerimos se implementen las siguientes medidas: a) facilitación y flexibilización de los proceso de acceso a residencia y nacionalidad; b) inversión en procesos/proyectos productivos o de medios de vida que beneficien e integren a migrantes/refugiados y población de acogida; c) acompañamiento psicosocial transversal a los procesos que permita una adaptación y mejor relacionamiento entre migrantes/refugiados y comunidades de acogida, buscando con ello diezmar expresiones de discriminación, xenofobia y/o aporofobia en los territorios, así como fortalecer la capacidad de resiliencia.

Además, advertimos el riesgo de la población proveniente de Venezuela de ser víctima de  hechos violentos y en algunos casos de sufrir violaciones a derechos humanos que ponen en riesgo su vida. Debido a sus condiciones de vulnerabilidad, muchas personas han llegado a  entornos violentos y en algunos casos a territorios con presencia de actores armados ilegales. Así, la respuesta estatal y regional debe darse desde un enfoque diferencial en género y edad de prevención y protección a la vida, dignidad e integridad de refugiados y migrantes.

Al respecto, reiteramos la recomendación del GTMHV incluida en su plan de acción, según la cual se deben tomar en cuenta los factores específicos de cada grupo poblacional que los expone a sufrir hechos de violencia, discriminación, desatención y/o invisibilización, para diseñar políticas públicas con enfoque diferencial, que ayuden a prevenir la vulneración de derechos humanos.

Para esto, se debe tener en cuenta que el perfil de las personas que huyen de Venezuela está variando. Así, por ejemplo, en el caso de Perú se observa que durante los últimos meses, el 58% de las personas migrantes han sido mujeres, de las cuales el 59% viajan como responsables de grupos familiares. Más de la mitad de estos incluyen a uno o más niños. De todas las personas, tan solo un 35% tiene pasaporte y un bajo nivel educativo (sólo el 35% tiene formación técnica superior o universitaria). Esta tendencia se mantiene en todos los países que cuentan con más de una Matriz de Medición de Desplazamiento, como es el caso de Ecuador, Argentina y Brasil. También está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados y de personas de la tercera edad viajando con sus nietos, muchas veces sin documentos. Esta tendencia, que seguramente prevalecerá en el futuro, indica que nos encontramos frente a una situación de reunificación familiar, la cual no solo no está siendo facilitada, sino que está ocurriendo precisamente en este momento cuando los países han impuesto más barreras de ingreso. Las medidas restrictivas de los Estados están afectando particularmente a las poblaciones más vulnerables, desprotegidas, con menos recursos y más limitaciones a su agencia.

Por lo tanto, reiteramos lo recogido en nuestro Plan de Acción, en cuanto a la necesidad de (a) Desarrollar un mecanismo seguro para la reunificación familiar. Dicho mecanismo debe contar con las herramientas necesarias para asegurar que la persona con quien se reúne una niña, niño o adolescente es efectivamente un familiar o guardián legal y (b) brindar asistencia y acompañamiento a familias separadas y a niñez no acompañada a fin de asegurar la reunificación familiar y la seguridad de todas las familias.

 Reiteramos a los Estados de la región que la respuesta de atención y protección a la población migrante deben incluir un enfoque diferencial de género y de edad. Esto incluye reconocer el impacto de la movilidad humana para las mujeres y el ejercicio de su autonomía al migrar, de manera que no se invisibilicen las relaciones de poder o los roles de género. En este contexto, es necesario tener en cuenta que las mujeres, especialmente las niñas y adolescentes, y las personas de la comunidad LGBTI, están particularmente expuestas a ser víctimas de violencias basadas en género, principalmente la violencia sexual y la trata de personas.

También advertimos una profunda preocupación en materia de salud pública ante la ausencia de atención integral a personas migrantes que viven con VIH, que incluyen madres gestantes, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans. Es urgente que estas personas reciban atención inmediata para la revisión de su carga viral, acceso a medicamentos y prevención de prácticas de estigma y discriminación.

Es por ello que los Estados deben implementar rutas de atención integrales dirigidas a estas poblaciones, que incluyan medidas para la prevención de la violencia, la atención de las víctimas, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Así como el acceso efectivo a mecanismos de protección, asistencia y reparación inmediatos y adecuados, de manera que se asegure la implementación de modelos transformadores que permita la inclusión de las supervivientes en las comunidades de acogida.

Adicionalmente, expresamos nuestra preocupación por la propuesta de creación de una “tarjeta migratoria única” para la movilidad de las y los venezolanos que no les otorga un estatus regular. Esta tarjeta implica la recolección de una serie de datos personales de las personas migrantes, que quedarían a disposición de funcionarios estatales, incluso en puestos de salud y escuelas. Teniendo en consideración el temor de las personas migrantes de ser expulsadas o deportadas, es probable que esta tarjeta se convierta en una barrera para el ejercicio de derechos.

Finalmente, exhortamos a los Estados que forman parte de este proceso a compartir con la sociedad civil, de manera abierta y transparente, los resultados, acuerdos y decisiones tomadas en el marco del Proceso de Quito, así como a establecer mecanismos para la participación efectiva de la sociedad civil para garantizar la protección de la población migrante y refugiada venezolana en la región.

Atentamente,