Las organizaciones de la sociedad civil Acceso a la Justicia, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Defiende Venezuela, Foro Penal, Laboratorio de Paz y Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) emitieron un comunicado en el cual solicitaron que se haga público el Memorando de Entendimiento, firmado durante la reciente visita del fiscal Karim Khan a Venezuela, entre el gobierno y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Al culminar su visita al país, el fiscal Khan señaló en una declaración publicada en el portal de la CPI, que firmó un Memorando de Entendimiento con el Estado venezolano “estableciendo una oficina en el país de la Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela”.

“El Memorando de Entendimiento también describe una serie de áreas prioritarias en relación con las cuales mi Oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en línea con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma. Estos incluyen asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales. También trabajaremos con contrapartes nacionales para aumentar el conocimiento del Estatuto de Roma y las modalidades de cooperación de la CPI”, agregó la declaración del Fiscal.

En tal sentido, las nueve organizaciones antes citadas lamentaron “la falta de información a la opinión pública sobre la visita (del Fiscal de la CPI), su desarrollo y que, hasta los momentos, no se haya hecho público el nuevo Memorando de Entendimiento (MdE). En un país en donde reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública, esperamos que esa no sea la dinámica impuesta en el desarrollo del mandato de la Oficina. Es necesario que se divulgue el MdE y en consecuencia, conocer cuáles son las áreas prioritarias que según el Fiscal se establecieron, y en las que la Oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades”.

Claridad en la implementación

Según las organizaciones firmantes, aunque la Fiscalía de la CPI ha señalado que brindará asistencia “para desarrollos legislativos en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales”, así como “para aumentar el conocimiento del Estatuto de Roma y las modalidades de cooperación de la CPI”, esta asistencia no puede ser implementada “sin publicidad alguna y simulando la participación ciudadana. Insistimos en que las políticas deben ser elaboradas y adoptadas con transparencia, de cara a la nación”, recalca el comunicado.

Así mismo, las organizaciones señalan que “es imprescindible que la Oficina también contribuya a crear las condiciones para que el Estado cumpla con su deber de garantizar la existencia y el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dado que el Fiscal y la CPI las considera ‘socios necesarios para establecer responsabilidades significativas en crímenes de lesa humanidad’. El Estado debe abstenerse de intimidaciones y represalias, incluidos los proyectos de Ley de Cooperación Internacional y Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Si no se brindan garantías a las OSC será imposible que la Oficina pueda desarrollar un mandato independiente en Venezuela”.

Proteger a las víctimas

La protección a las víctimas es indispensable en la implementación del mandato de la Oficina de la CPI en Venezuela, “en particular, la asistencia y la cooperación de la Oficina debe llevar a que el Estado garantice su integridad y a que las autoridades se abstengan de descalificaciones y de todo acto de intimidaciones y represalias”, agrega el comunicado.

“El gobierno debe abstenerse de negar la existencia de crímenes contra la humanidad que no han sido ni siquiera investigados, como tampoco lo han sido las cadenas de mando”, recalca el escrito. “Los pueblos víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y los responsables de tales crímenes deben ser llevados ante la justicia para que se establezcan sus responsabilidades penales”, puntualizan las organizaciones firmantes.

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