El pasado 4 de julio se realizó la reunión del grupo de trabajo de la pre-sesión 84 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), sobre el proceso de revisión de Venezuela que se ha centrado en 15 temas específicos.
El objetivo de la sesión, y de los informes previos presentados por las coaliciones de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, fue realizar contribuciones para lista de cuestiones y preguntas se que se harán al Estado venezolano durante el diálogo interactivo, previsto para febrero de 2023.
Opacidad oficial
Durante la sesión, Karla Subero, en representación de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Cofavic, señaló que existe preocupación por la inexistencia de un protocolo específico de actuación de jueces y fiscales para atender a las víctimas de violencia de género. Así como investigar los casos de forma eficaz y no revictimizando.
Este protocolo debe tener especial énfasis en víctimas de violencia sexual, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso López Soto. «También preocupa que hasta la fecha no se haya reglamentado la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia», indicó Subero.
Además, recalcó que el crimen de tortura no está tipificado adecuadamente en la legislación venezolana. Incluso, el Estado venezolano no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, ni de la Convención para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada.
A juicio de las organizaciones representadas por Subero, la opacidad oficial contribuye con las altas cifras de violencia basada en género. «En su informe a la CEDAW, el Estado reconoció haber recibido 399.742 denuncias de enero de 2014 a septiembre de 2020. Pero al disgregar la cifra, el total baja a 366.199 casos. Es decir, existe una grave discrepancia».
Cofavic registró además 1.914 casos de presuntas muertes violentas de mujeres entre 2017 y abril de 2022. El 48% de esas mujeres fueron asesinadas con armas de fuego. Por su parte, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó el impacto diferenciado durante las operaciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Y al respecto señaló que hubo detenciones temporales, en particular contra mujeres. La Misión también examinó reportes que describen patrones sistemáticos de maltrato contra ellas. Incluyendo discriminación de carácter sexual y por su situación económica, concluyó Subero.
Leyes que no se ejecutan
Por su parte, Carolina Godoy, coordinadora de Género del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien participó en representación de la alianza de organizaciones Con ellas, integrada por Acción Solidaria, Cepaz, Funcamama, Prepara Familia, Unión Afirmativa y Uniandes, recordó que la de Venezuela es una crisis humanitaria grave. Es el resultado de una combinación de factores que van desde la inestabilidad política, el quiebre y la fragmentación del Estado, y la presencia de conflicto y violencia. Así como el fracaso de políticas de desarrollo, el desmoronamiento de la economía formal, las desigualdades sociales y la pobreza subyacente.
Todos estos factores generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de la sociedad. En Venezuela, el 47% de un grupo de mujeres encuestadas señaló que la cantidad de alimentos que lleva a sus hogares es deficiente. Entre las estrategias de sobrevivencia que emplean las mujeres venezolanas está reducir el tamaño de las porciones y el número de comidas al día que realizan. En el 67% de los hogares son las mujeres las que proveen el agua. Y el 55% de ellas la transporta caminando, para luego depurarla y potabilizarla utilizando métodos como el hervido o filtrado. Aunque estas son situaciones que afectan en mayor porcentaje a las mujeres, los organismos oficiales no registran información desagregada por orientación sexual, por lo tanto no es posible elaborar políticas públicas que sean incluyentes.
Sobre el tema de la violencia basada en género, el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz documentó para el año 2021 un total de 290 femicidios consumados en Venezuela. Destacó Godoy que «el Estado dicta leyes con fines emblemáticos que no ejecuta en rigor». Tal es el caso de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aseveró la coordinadora de Género de Cepaz, que para prevenir el femicidio en Venezuela se debe revisar no solo la incidencia de los casos, sino además los fenómenos asociados a este delito.
Recomendaciones incumplidas
Magdymar León, en representación de la coalición sobre derechos sexuales y reproductivos, integrada por Avesa, 100% Estrógeno, Las comadres púrpuras y Women’s Link Worldwide, aseguró que el balance hecho por la coalición determinó que todas las recomendaciones del Comité en este ámbito han sido sistemáticamente incumplidas por el Estado venezolano.
Indicó León que hay una «superposición de políticas y planes que han sido ineficaces, y respecto de los cuales no existe ningún tipo de rendición de cuentas». Como ejemplo, mencionó el plan de parto humanizado. Señaló que sobre el mismo no se conoce públicamente información oficial sobre su implementación. «Desde la última revisión sobre Venezuela lo que hemos registrado son retrocesos inéditos».
Afirmó la representante de Avesa que seguimos teniendo en Venezuela uno de los marcos más restrictivos en materia de aborto. Y se criminaliza a las defensoras de derechos de las mujeres. Adicionalmente, hay un aumento preocupante de la mortalidad materna y el embarazo adolescente. Por otra parte no hay acceso a una educación sexual integral, ni acceso universal a la planificación familiar.
Aumento de la trata
La defensora de derechos humanos Norma Ferrer habló en nombre del Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna en Venezuela, integrado por Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Unión Afirmativa, Cepaz, el Centro de Derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, REDHNNA, IIJ-UCAB, Caleidoscopio Humano, Éxodo, A.C. y Mulier. Señaló Ferrer que hay un aumento significativo en el número de mujeres venezolanas víctimas de la trata. Las niñas y adolescentes que son separadas de su familia son las más afectadas.
Al respecto añadió que aunque en Venezuela fue creada la Fiscalía especializada en trata de mujeres, sin embargo, se excluye a las mujeres transexuales. Tampoco se tiene acceso al trabajo de la Fiscalía, ni existen estadísticas. Según fuentes oficiales entre 2014 y septiembre de 2017 se registraron 69 casos de trata de personas.
A pesar de que se aprobó el plan nacional contra la trata de personas en 2021, el mismo no se ha publicado. En 2020 un total de 517 mujeres migrantes fueron rescatadas en situación de explotación. Esta cifra supera a las 480 víctimas rescatadas en 2019 y las 372 de 2018. El 90% de las personas rescatadas han sido mujeres de 27 años o menos. En el Arco Minero del Orinoco se multiplican los casos de violencia sexual y física, en especial las redes de trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada. También se documentaron tres naufragios de migrantes que iban desde el estado Sucre a Trinidad y Tobago.
Fallas del sistema de justicia
Estefanía Mendoza intervino por la coalición de violencia y discriminación, integrada por Cepaz, ULA Mujer, Éxodo, Fundación Vida Jurídica, Fundamujer, Mulier, Transparencia Venezuela, Uquira, Women Riots, WLW y Red Naranja. Afirmó que la falta de respuesta por parte del Estado venezolano se ve reflejada en los índices de violencia, y lo que es más alarmante, en la tasa de femicidios. Esto es particularmente evidente cuando los femicidios corresponden a mujeres de la comunidad LGBTI.
Resaltó Mendoza el uso de armas de fuego por agresores integrantes de cuerpos de seguridad del Estado. El año pasado cerró con 152 casos de abuso sexual según un monitoreo de medios de la sociedad civil. El 40% de los casos monitoreados de violencia basada en género se trata de víctimas vulnerables, como mujeres de la tercera edad, niñas, adolescentes y migrantes.
Deficiencias en la prevención
Denunció el aumento en la vulnerabilidad de las venezolanas a la trata y a la pornografía infantil. «Existen graves deficiencias en la prevención y protección frente a la violencia». Los centros de atención no cuentan con personal preparado y suficiente. No existe información sobre la disponibilidad de casas de abrigo y las órdenes de protección no reciben seguimiento ni se aplican sanciones ante su incumplimiento.
Numerosas fallas estructurales se enfrentan para adelantar un proceso penal en el país. «Aunque durante la pandemia volvió a estar disponible la línea 0800-MUJERES, persiste el desconocimiento y la falta de sensibilidad en los órganos tomadores de la denuncia. Las fallas de servicios públicos afectan el acceso a la justicia y la respuesta de la policía los en caso de emergencia», aseveró Mendoza.
Por otra parte, no es posible tener acceso a una estadística oficial en materia de violencia de género. Tampoco hay evidencia de que se esté realizando la recopilación de datos por categorías, ni se haga su publicación periódica. Mucho menos hay una explicación de la metodología empleada. Sobre la reforma de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la coalición representada por Reyes le preocupa que se eliminara la mención a la Convención de Belém Do Pará. También es motivo de alerta la creación de las defensoras comunales, como una figura politizada por parte del Estado. Además la Ley sigue sin contar con un reglamento que facilite su aplicación.
Inclusión transversal de la discapacidad
Por el grupo de trabajo de mujeres con discapacidad (integrado por Funvape y Consorven), participó Vanessa Peretti, quien hizo un llamado de atención sobre las condiciones de vida y principales barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Las dificultades económicas son la principal causa que les impide el acceso a estos servicios, aseveró.
Además, en Venezuela existe un sistema de salud pública deficiente, por lo que siete de cada diez mujeres con discapacidad deben acudir a servicios de salud privada. Y tres de cada diez no acceden a métodos anticonceptivos. Esto pone en riesgo su salud sexual y su bienestar reproductivo. Al menos un 8% de las mujeres que han estado embarazadas no tuvieron acceso regular al control prenatal, y de este grupo un 44% no pudieron hacerlo por razones económicas, aseguró Peretti.
Falta de información
«Pero la principal barrera que viven las mujeres con discapacidad es que no reciben información accesible según su tipo de discapacidad», recalcó Peretti. Al menos tres de cada diez manifiestan que esto es un impedimento para el acceso al derecho a la salud. Incluso, cuatro de cada diez mujeres con discapacidad desconoce la existencia de servicios de ginecología y de salud mamaria en su municipio.
En este sentido, Peretti planteó la necesidad de exigir al Estado que presente cifras oficiales que incluyan transversalmente la discapacidad. Además que evalúe las políticas del Estado en materia de género para que se reconozca la necesidad de una mayor inclusión y mayor accesibilidad para las mujeres con discapacidad, quienes padecen mayores vulneraciones a sus derechos.
Recomendaciones al Estado venezolano
Luz Beltrán, del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que las recomendaciones incumplidas del Estado venezolano se señalaron en el informe sombra presentado por el Observatorio. En tal sentido, emitió una propuesta con elementos clave para cumplir las principales recomendaciones emanadas del comité CEDAW, que incluye:
- Producir estadísticas oficiales confiables en salud, con énfasis en la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes
- Fortalecer los servicios de salud con personal calificado. Mejoramiento de la infraestructura y dotación de equipos médicos.
- Fortalecer la información del docente para impartir educación integral de la sexualidad en los niveles de primaria y educación media.
- Transversalizar la perspectiva de género en el diseño curricular de educación primaria y educación media.
- Incorporar a la Ley de Procesos Electorales y a la Ley de Partidos Políticos el principio de paridad y alternabilidad con sanciones por su incumplimiento.
- Elaborar y aplicar el reglamento de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Aprobar la despenalización del aborto en caso de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y malformaciones del feto.
Consulte los informes elaborados y presentados ante el comité CEDAW por las coaliciones de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales:
Coalición sobre derechos sexuales y reproductivos
Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna en Venezuela
