En los primeros siete días del mes de mayo, desde el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), hemos documentado ocho femicidios consumados en Venezuela. En promedio, hubo un femicidio cada 21 horas. Dos de las víctimas eran adolescentes y una era una niña menor de dos años.

Víctimas colaterales

Seguimos alertando sobre el incremento de las muertes violentas de mujeres por razones de género en nuestro país. Esta violencia femicida no afecta solamente a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. Cabe preguntarse, por ejemplo, por la atención que reciben los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos y huérfanas, y son víctimas colaterales de los femicidios que se cometen contra mujeres madres.

Estas víctimas invisibles requieren particular atención. ¿Pero el Estado se las proporciona? ¿En dónde están? ¿Con quién están las niñas y niños huérfanos en los casos de femicidio de la madre y posterior suicidio del padre/agresor?

Femicidios de mujeres menores de edad

Hacemos también mención especial a la marcada disminución de las edades de las víctimas. Al inicio de la pandemia visibilizamos cómo las mujeres adultas mayores alcanzaron el 18% del total del registro de víctimas, según cifras del segundo cuatrimestre de 2020 de nuestro Observatorio Digital de Femicidios. Mientras que en los primeros ocho días del mes de mayo nos encontramos con dos víctimas adolescentes, y una menor de dos años.

Urge diferenciar y analizar las causas y circunstancias particulares asociadas al femicidio de este grupo etario. Pero sin una recopilación de datos estadísticos confiables, y sin que se conozca públicamente el plan del Estado venezolano para la prevención de la violencia contra las mujeres, es poco lo que puede avanzarse, a pesar de las iniciativas de prevención, acompañamiento y documentación de las organizaciones de la sociedad civil.

Atención oportuna

La crítica situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país requiere de análisis y atención especializada por parte del Estado. Además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito, es necesario que como parte del registro y monitoreo de los casos se analicen los fenómenos asociados a los mismos, ofreciendo la atención oportuna que las víctimas colaterales requieran.