En un comunicado hecho público el 1 de agosto, el Observatorio Digital de Femicidios, fundado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se pronunció ante las recientes declaraciones del Fiscal General de la República, de fecha 31 de julio de 2023, en las que el funcionario dio a conocer cifras sobre femicidios consumados y frustrados en Venezuela desde el año 2018.

El Fiscal afirmó que «desde el 2018 hasta la fecha se han registrado 628 casos de femicidio consumados y 636 en grado de frustración; para un total de 1.264. En ese lapso se han presentado 1.208 acusaciones y se han solicitado 340 órdenes de aprehensión».

Al respecto, el comunicado del Observatorio señala que la comprensión del feminicidio o femicidio depende, en gran medida, “de la existencia de información mediante registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones y las pautas de comportamiento, entre otros aspectos”. Así lo ha planteado las Naciones Unidas, en la Recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general número 19 (CEDAW/C/GC/35; 2017).

Ausencia de datos oficiales

Reitera el Observatorio que en Venezuela desde el año 2016 “no existen datos oficiales consistentes, que permitan establecer tasas de femicidios, por cuanto no se llevan a cabo estadísticas género-sensitivas”. Agrega que “la falta de estadísticas género sensitivas en nuestro país dejó al descubierto la imposibilidad del Estado de liderar una actuación institucional y coordinada en materia de prevención de la violencia de género”.

“Lamentablemente, la información aportada por el ciudadano Fiscal General de la República no es suficiente. Se limita a mencionar los casos registrados, las órdenes de aprehensión acordadas y las acusaciones presentadas en nombre del Estado desde el año 2019 hasta el 31 de julio de 2023. Desde esa mirada, los datos institucionales no revelan los niveles de violencia sino los niveles de recepción de casos y dos criterios de registro de actos procesales (presentación de acusaciones y solicitudes de aprehensión)”. Estas cifras aportadas por el Ministerio Público tampoco son suficientes para considerarlos indicadores sobre la respuesta del Estado ante la violencia que sufren las mujeres venezolanas.

Interrogantes que requieren respuesta

En el comunicado se plantean algunas interrogantes al Fiscal General, entre ellas: “queremos saber la edad de las víctimas, los estados donde ocurren los hechos; vinculaciones o parentescos entre víctimas y victimarios; y si estos actuaron solos o en grupos; y si estos grupos estaban organizados o no; qué violencias sobre el cuerpo de las mujeres son detectadas, es decir, si fueron quemadas, cortadas, expuestas en plazas públicas o lanzadas en espacios retirados o en plena calle”.

También “queremos saber cuántos ofensores eran funcionarios y si accionaron sus armas de reglamento; cuántos se suicidaron luego de cometer el femicidio; si las víctimas estaban embarazadas, si pertenecían a un pueblo originario, si presentaban alguna discapacidad; si tenían hijos y si éstos presenciaron los hechos violentos contra sus madres. Y “cuántas víctimas eran niñas y cuántas mujeres de la tercera edad avanzada; cuántas eran mujeres trans; queremos saber la actual situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio”.

La violencia contra la mujer como fenómeno social requiere un debate urgente

Concluye el comunicado aseverando que “las organizaciones de la sociedad civil aspiran que desde el Estado se promueva la investigación seria, formal, exhaustiva; que se recojan datos y compilen estadísticas no solo sobre ingresos de documentos, sino sobre la violencia contra la mujer como fenómeno social; y fomenten las investigaciones sobre sus causas y consecuencias”.

“Mientras tanto ocurre, Cepaz, desde el Observatorio Digital de Femicidios, se propone contribuir con un ejercicio de acercamiento de registro de femicidios en nuestro país, que vaya un poco más allá de determinar una expresión cuantitativa de la comisión de este delito, pues deseamos activar el debate académico acerca de los fenómenos asociados al femicidio; una mirada interdisciplinaria para analizar estas muertes como una “forma particular de violencia”, desde la expresión más brutal y definitiva de violencia hacia las mujeres”.

Lea el comunicado completo aquí