El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó en los primeros 7 días del mes de octubre 6 femicidios consumados y 2 en grado de frustración. En promedio, hubo una acción femicida cada 21 horas en Venezuela.

Dos de los casos corresponden a femicidios infantiles. Uno de ellos una bebé de 10 meses que murió por quemaduras de segundo grado en el estado Monagas. Otro caso presenta como víctima a una niña de 10 años en el estado Zulia. Uno de los dos casos de femicidio frustrado presenta a una víctima de 15 años.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en el año 1989, en su artículo 19 exige a los Estados Parte adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a niñas y niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Incluyendo el descuido o trato negligente, malos tratos o explotación y el abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor, o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Sin embargo, las niñas son agredidas precisamente en aquellos espacios y lugares que deberían ser de protección. Entre ellos el hogar y la escuela, por sus padres, o en otros espacios por otros hombres cercanos a ellas, y en menor medida, por madres o mujeres que las cuidan.

Uno de los factores que genera gran vulnerabilidad es la falta de autonomía de las niñas derivada de su corta edad y de los altos niveles de dependencia emocional, económica y social respecto de los adultos y las instituciones. Eso dificulta poner freno a la situación que padecen, pedir ayuda, o denunciar tales hechos.

Las políticas de prevención desde el Estado son pobres, por no decir casi inexistentes. Al menos no se conocen formalmente. No se conoce la existencia de algún tipo de programa que identifique a niñas y adolescentes en riesgo y les brinde asistencia psicosocial y/o legal.