Gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela fueron víctimas del hostigamiento y actos de violencia por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras se encontraban protestando en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en Caracas, por pensiones dignas y mejores salarios.

Las protestas y manifestaciones de calle de los trabajadores públicos han tomado un importante auge durante el año 2023 y con ello también la arremetida del Estado a través del ejercicio de patrones que buscan silenciar a la población y especialmente a los trabajadores que son víctimas de la emergencia humanitaria compleja propiciada por el Estado. Los actos de hostigamiento, las amenazas, agresiones y demás actos que limiten la protestas o arremetan directamente con las personas que hacen parte de la protesta, constituyen una medida desproporcionada que vulnera el derecho de expresión, manifestación y protesta pacífica.

La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) impidió que la presa política María Delgado de Marrufo, familiar de un militar retirado opositor al gobierno, fuera hospitalizada luego de ser diagnosticada con Covid-19, a pesar de que los médicos habían indicado que por su estado salud era necesaria su hospitalización y un tratamiento médico especializado. Es importante destacar que la prestación de los servicios médicos a las personas detenidas es responsabilidad del Estado y que el derecho a la salud debe ser protegido sin ningún tipo de discriminación.

Por su parte, la docente Beatriz Torres fue víctima del allanamiento de su vivienda por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de acusar a su familia de un presunto robo de ganado. El funcionario Antonio Castillo apuntó con arma de fuego a uno de sus hijos con problemas cardiacos, decomisaron su teléfono y la amenazaron con detenerla. Luego que la señora Torres denunció a través de las redes sociales el allanamiento de su casa, efectivos policiales visitaron en varias oportunidades su vivienda y con amenazas la instigaron a borrar los videos publicados. La forma irregular y el contexto de violencia y hostigamiento en torno a estos casos contra la población, muestra que existe un patrón de arbitrariedad e impunidad en la actuación de los funcionarios de seguridad del Estado.

Persecución contra personas vinculadas con la política

Dos personas vinculadas con la política fueron hostigadas por funcionarios del Estado en el mes de mayo. El primero de los casos fue perpetrado por el presidente del parlamento oficialista, Jorge Rodriguez, quien acusó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, de robar Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos y amenazó con pedir la extradición a España, donde reside actualmente.

El segundo caso fue perpetrado por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes impidieron el libre tránsito a la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, en su recorrido hacia la zona sur del estado Táchira.

También durante el mes de mayo funcionarios de la policía de Apure detuvieron a Franklin González, activista del Partido Comunista de Venezuela, PCV. La detención ocurrió cuando funcionarios de la policía allanaron una unidad productiva en Achaguas, acusando al dirigente político de haber hurtado ganado. El activista fue detenido a pesar de que tenía la documentación sobre la obtención lícita del ganado.

Por último, un tribunal de Caracas condenó a cuatro años y tres meses de cárcel al exalcalde de San Cristóbal y preso político Daniel Ceballos, luego de que dictaminó que fue hallado culpable del delito de instigación pública. El juicio contra Ceballos se inició en el año 2014 cuando fue acusado por instigar al cierre de calles y avenidas en San Cristóbal, Táchira, durante las protestas gubernamentales de 2014, año en el que fue detenido arbitrariamente.